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Desarrollo Rural reforzará el control a proyectos con más de 3 millones en ayudas

Los servicios jurídicos del departamento de Elizalde ya analizan si emprenden acciones penales y civiles

Viernes, 5 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

pamplona- Los servicios jurídicos del departamento de Desarrollo Rural se encuentran ya estudiando qué pasos van a dar para esclarecer lo ocurrido en torno a la planta de biometanización de Ultzama.

Tal y como reveló ayer la consejera Isabel Elizalde, las posibles actuaciones estarían encaminadas a, o bien “ejercitar acciones penales y civiles para depurar responsabilidades en relación con la gestión de las ayudas obtenidas por el Ayuntamiento de Ultzama y la empresa Bioenergía Ultzama” a raíz del expediente fiscalizado por Comptos, o bien personarse “en las actuaciones judiciales que en su caso resulten de la actuación que realice la Fiscalía”, donde Comptos envió el informe.

“Hay que analizar la gestión de las ayudas obtenidas por el Ayuntamiento del valle”

isabel elizalde

Consejera de Desarrollo Rural

La consejera, que recordó que el proyecto se financió mayoritariamente con dinero público por un importe cercano a los cuatro millones y medio de euros, recuperó la parte del informe en el que dice que “empresas diferentes cobraron doblemente por el mismo concepto”, en relación a maquinaria de la fábrica, y que se produjo una “doble facturación” para obtener subvenciones de dos departamentos, lo que podría haber incurrido en una “sobrefinanciación”.

Este hecho, independientemente del recorrido judicial que tenga, ya ha movido a Elizalde a implementar procedimientos de seguimiento y control interdepartamental para los proyectos cuyos importes sean “relevantes” y cuyo uso de los fondos públicos supere los tres millones de euros.

Unai Hualde (Geroa Bai), que fue quien formuló la pregunta, se congratuló porque se vayan a desarrollar protocolos interdepartamentales y por la “diligencia” a la hora de pedir los reintegros de las ayudas. “El informe, al menos, puede servirnos como guía de lo que no hay que hacer y de cómo no gestionar una instalación con fondos públicos”, aunque ahora UPN trate de hacer ver que el problema es del actual ayuntamiento, al que el mismo Esparza responsabilizó ayer de “dejar morir la planta”. - A.I.R.

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