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La fiscal pide 22 años y 10 meses para los 5 acusados de violar, grabAR y robar a una joven en sanfermines

El Ministerio Público califica la agresión como un delito continuado (18 años) y entiende que no hubo consentimiento alguno
Señala que taparon la boca a la joven y se valieron de su superioridad física para agredirla

Enrique Conde - Viernes, 5 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Los cinco sevillanos acusados de la violación de San Fermín, después de cometer los hechos, en la avenida de Roncesvalles de Pamplona.

Los cinco sevillanos acusados de la violación de San Fermín, después de cometer los hechos, en la avenida de Roncesvalles de Pamplona.

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Los cinco sevillanos acusados de la violación de San Fermín, después de cometer los hechos, en la avenida de Roncesvalles de Pamplona.

PAMPLONa- El Ministerio Fiscal ha solicitado un total de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados de la presunta violación grupal de Sanfermines, según recoge en su escrito de calificación, en el que pide 18 años de cárcel para Antonio Manuel G.E., de 28 años edad, José Ángel P.M., de 27, Ángel B.F., de 25, Alfonso Jesús C.E., de 28 y Jesús E.D., de 26 años, por un delito continuado de agresión sexual, otros dos años y 10 meses de cárcel por un delito contra la intimidad y una multa de 5.400 euros;además de dos años de prisión por un delito de robo con intimidación. Estas dos últimas solicitudes se originan en los vídeos y fotografías que los acusados tomaron de los hechos con la idea de difundirlos entre sus amigos, así como a la sustracción del móvil de la víctima. El Ministerio Público reclama, además, para los acusados una indemnización de 100.000 euros para la víctima por “el daño moral ocasionado” y que indemnicen al Servicio Navarro de Salud en la cantidad de 1.531,37 euros, por la atención médica que requirió.

en shock e inferioridadComo cabía esperar, la Fiscalía desacredita la línea de defensa de los procesados, que mantienen que las relaciones fueron consentidas, y entiende que los actos se produjeron a la fuerza, por sorpresa, en un espacio reducido y con la joven en un estado de shock, temor e inferioridad numérica que le hacía imposible huir o pedir auxilio.

En su escrito, el fiscal señala que los cinco acusados, naturales de Sevilla, se encontraban sobre las 2.50 horas del 7 de julio de 2016 en la Plaza del Castillo donde se estaban celebrando un concierto con motivo de las fiestas. Uno de los procesados, José Ángel P.M. estaba sentado en un banco cuando se acercó y se sentó en el mismo asiento una joven, de 18 años de edad y de Madrid, que había acudido a Pamplona con un amigo a disfrutar de los Sanfermines. Ambos iniciaron una conversación, acercándose posteriormente al lugar, primero Ángel B.F., y después los otros tres acusados.

Transcurridos unos minutos, continúa el fiscal, poco antes de las 3 horas, la joven les dijo a los acusados que ella se retiraba a dormir al vehículo con el que había viajado a Pamplona en compañía de su amigo y éstos le dijeron que le acompañaban, “si bien la intención de ellos era la de buscar un lugar donde mantener relaciones sexuales en grupo con ella”, propósito que la joven “desconocía”.

al pedir HABITACIÓN EN EL EUROPA, ELLA ESTABA ALEJADA Luego, “co-menzaron a caminar por la parte exterior de la Plaza del Castillo en dirección a los porches”, a los que el grupo entró “valorando los acusados entrar en un portal (bar Txoko) con escaleras descendentes con el fin antes propuesto, si bien lo desecharon ya que se trataba del acceso a los baños de un bar donde había mucha gente”. Luego, los acusados se acercaron al portero de un hotel (Europa) “preguntándole si tenían habitación por horas o para toda la noche”, diciendo que “la querían para follar”, manteniéndose mientras tanto la joven “alejada del grupo”, sin saber el fin por tanto.

Según relata el fiscal, “al no conseguir habitación, siguieron caminando hacia el Segundo Ensanche”. Al llegar a la confluencia de Paulino Caballero con la avenida Roncesvalles, la joven “caminaba con uno de ellos, José Ángel P.M. y en el recorrido “se besó con Ángel B.F.”.

19 minutos en el portalA las 3,08 horas, José Ángel P.M. se fija en que una vecina está llamando al telefonillo de un portal de la calle Paulino Caballero, por lo que “acelera el paso con el fin de alcanzar la puerta del portal antes de que la señora entre y de esa manera acceder al inmueble, lo que consigue”. Tras una conversación en tono agrio con esta mujer, el acusado subió al segundo piso en un ascensor, volvió a bajar y “franqueó la entrada del portal”. Otros de los procesados “agarraron a la joven por los brazos y la metieron en el portal, tapándole la boca y diciéndole que se callara y no gritara”.

La llevaron a un pasillo sin salida que da acceso a los cuartos de servicio de agua y electricidad y una vez allí, la rodearon entre los cinco y le quitaron la ropa. Es un espacio minúsculo, de 2,73 metros de largo por metro y medio de anchura. Allí, en semejante cubículo, una joven de Madrid, en una ciudad ajena, con cinco hombres desconocidos, vivió una pesadilla. “Valiéndose de su superioridad física y numérica” y de la “imposibilidad” de la joven de ejercer “la más mínima resistencia, ante el temor de sufrir un daño mayor”, los acusados, “actuando de común acuerdo y con ánimo libinidoso, le obligaron a realizar diferentes actos sexuales con cada uno de ellos”. Además de eso, sin saberlo ni consentirlo la joven, Antonio Manuel G.E., guardia civil de profesión, y el militar Alfonso Jesús C.E. realizaron siete grabaciones de vídeo y tomaron dos fotografías. La grabaron “con la intención de vulnerar la intimidad de la víctima y posteriormente mostrarlos, enviarlos y difundirlos a su grupo de amigos”.

DAÑOS EN LA VÍCTIMA Antes de irse, valiéndose de la misma situación intimidatoria creada” se apoderaron en su propio beneficio de su teléfono móvil, si bien antes le quitaron la funda, extrajeron la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria y las arrojaron en el lugar de los hechos. Fue a las 3.27 horas cuando los acusados salieron del portal dejando a la joven “sola en el interior” y se dirigieron hacia la Plaza de Toros. Ella abandonó el lugar a las 3.29 horas. Rompió a llorar y se colocó en posición fetal en un banco de la avenida Roncesvalles, hasta que una pareja la consoló y les confesó lo ocurrido. Activado el 112, se le trasladó al hospital y arrojó 0,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Los forenses aprecian en la joven trastorno de estrés postraumático, no siendo posible valorar secuelas psicológicas hasta que pasen dos años”.

los detalles

Los cinco acusados. Todos ellos son sevillanos. Antonio Manuel G.E., de 28 años edad, José Ángel P.M., de 27, Ángel B.F., de 25, Alfonso Jesús C.E., de 28 y Jesús E.D., de 26 años.

18 años por delito continuado de agresión sexual, dos años y diez meses por un delito contra la intimidad y dos años por robo con violencia. Los acusados se enfrentan a 22 años y 10 meses que es la pena que pide la Fiscalía por tres delitos. Entiende que la agresión sexual es un delito continuado y que no se trata de cinco delitos individuales.

Indemnización de 100.000 euros, alejamiento y libertad vigilada. Pide 20 años de alejamiento de la víctima y diez más de libertad vigilada. La Fiscalía también reclama para los acusados, como responsables civiles directos, una indemnización de 100.000 euros para la víctima por “el daño moral ocasionado”;y que indemnicen al Servicio Navarro de Salud en la cantidad de 1.531,37 euros por la atención médica que requirió la joven de Madrid.

LA CALIFICACIÓN DE FISCALÍA

¿POR QUÉ DELITO CONTINUADO?

El instructor hablaba de cinco delitos distintos para cada acusado. A diferencia de la Fiscalía, que aprecia un delito continuado de agresión sexual (penado con un mínimo de 15 años), el juez instructor entendía en sus resoluciones que los hechos podían calificarse para cada uno de los acusados como un delito de agresión sexual y cuatro de cooperación necesaria en las agresiones cometidas por el resto. Esta alternativa fijaría entre 12 y 15 años por cada delito, por lo que la pena solicitada habría sido mucho mayor, de entre 60 y 75 años de cárcel. De hecho, no se descarta que alguna de las acusaciones restantes utilice esta vía para calificar los hechos. Sin embargo, la Fiscalía entiende la agresión sexual como un delito continuado después de abordar ambas alternativas y de estudiar la reciente jurisprudencia del Supremo. Así, interpreta que el Alto Tribunal, a raíz de dos sentencias conocidas a partir de 2014 y en casos con ciertas similitudes a este, fijó un criterio para estas causas en el que se inclina por la calificación de estos hechos como de delito continuado y que no sean delitos autónomos.