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Petacho fiscal

Patxi Zabaleta, Rebeka Ubera - Viernes, 12 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 12:34h

Para alguien que se sienta independentista se le hace muy cuesta arriba aceptar un cupo de más de 950 millones al año por parte de la Comunidad Autónoma Vasca. Edulcorando ese café con leche con unas gotas de demagogia diríamos que a los ciudadanos/as de la CAV el no ser independientes le cuesta 3 millones de euros por cada día laborable.

Ciertamente el acuerdo de 3/5/2017 origina unos nuevos parámetros completamente diferentes para el debate sobre el cupo de Navarra que en el amejoramiento se llama "aportación". En Navarra el Estado está pidiendo casi 700 millones de euros y el Gobierno de Navarra con sus estudios técnicos en la mano llega a la conclusión de que debe ser unos 600. Este cálculo ha de ser revisado necesariamente por un simple argumento comparativo, ya que la CAV es en demografía y en PIB 3,3 veces más que Navarra, a la cual en similares parámetros, -un par de transferencias arriba o abajo- deben corresponder unos 300 millones de euros al año. O sea que se prepare el cuatripartito a negociar.

En Navarra el descalabro de las cesiones ante la voracidad económica del centralismo se agravó en tiempo de los gobiernos del régimen, es decir de UPN-PSN; gobiernos duros frente a los ciudadanos/as pero extremadamente débiles frente a Madrid. Es una realidad indiscutible que los mejores defensores de la autonomía son los independentistas, por la lógica de que la autonomía no les resulta completamente satisfactoria. Paradójicamente los peores defensores de la autonomía son los denominados autonomistas, que al fin y al cabo suelen ser franquicias del centralismo en buena parte; y así los peores defensores de la autonomía vasca y navarra son personajes como Alfonso Alonso, Yolanda Barcina etc.

Ante el acuerdo de 3 de mayo de 2017 entre el PP y el PNV la primera reflexión que viene a la mente es la de si la dirección del EAJ-PNV no estará arrepentida, como lo están muchos ciudadanos y militantes, de aquel apoyo a la investidura de Aznar de hace unos pocos años.

La segunda reflexión se tiene que efectuar repasando los 36 apartados o "actuaciones" del acuerdo suscrito por Rajoy y Ortuzar. Lo que más salta a la vista y hasta produce extrañeza es la ausencia de respuestas expresas a las cuestiones más sentidas de la sociedad de Euskal Herria: 1) Paz y convivencia 2) Derecho a decidir y renovación estatutaria 3) Políticas sociales y de futuro. Muchos de los 36 "logros" de ese pacto son híper concretos y constituyen compensaciones de carácter económico. Los únicos que se escaparían de ese calificativo en alguna medida son los dos o tres primeros: El acuerdo fiscal, la Y vasca y el precio de la electricidad en alta tensión.

Sin embargo el aprobar los presupuestos generales del Estado, ya es en sí mismo un regalo de primer orden político para Rajoy y para el PP. Lo similar para Euskal Herria debería haber contenido avances en las tres citadas preocupaciones de la sociedad vasca; es decir, paz, derecho a decidir y políticas sociales y económicas. Ahora Rajoy, igual que hace unos años Aznar, recibe un cheque de carácter político y paga una contraprestación de rango económico.

Los artesanos por la paz nos acaban de ofrecer al pueblo vasco, y a toda la opinión internacional, unas pautas de actuación que serán objeto del análisis en los tiempos venideros, igual que ya lo empieza a ser la unilateralidad en el cese de la violencia por parte de ETA en 2011. Mientras tanto el gobierno de Rajoy sigue haciendo gala, y hasta incurriendo en el ridículo, de su enfermiza obsesión en sacar réditos políticos de la violencia. El que no se le reclame a este respecto en un acuerdo de rango político no tiene justificación.

Por otro lado el derecho a decidir es la condición indispensable no solo para que eso que denominamos regímenes autonómicos de origen foral, es decir el de la CAV y el de CFN, tengan un engarce razonable político-constitucional, sino también para poder defender esos regímenes. Sin derecho a decidir no cabe bilateralidad; la bilateralidad actualmente mentada, igual que la paccion o el pacto como fundamento del fuero, que se predicaban en la antigüedad, solo tienen sentido si se reconoce el derecho a decidir. No puede pactar el que no tiene derecho a decidir. No hay bilateralidad sin derecho a decidir.

No obstante, es imprescindible la constatación de que el derecho a decidir es algo inherente a la sociedad en su conjunto y a las instituciones que lo representan; y no es desgajable ni seccionable en trozos. Es decir no corresponde a los partidos. Cuando el PNV sin ostentar el Gobierno Vasco negociaba con Zapatero y saltándose a Patxi López transferencias (que por cierto no las había aceptado por demasiado cortas) daba la peor imagen del derecho a decidir. El cupo o aportación a los gastos generales del Estado es algo que debe ser debatido institucionalmente, al margen de circunstancias como las presupuestarias e involucrando a todas las fuerzas políticas y lo deseable y eficaz sería actuando conjuntamente la CAV y la CFN. La actuación del PNV ha sido un golpe bajo para Catalunya. Ahora que el pueblo catalán camina con firmeza hacia su libertad aún sabiendo que sus representantes políticos e institucionales van a ser perseguidos por el Estado, el PNV concede al Estado, que persigue a los representantes políticos e institucionales de Catalunya, una estabilidad que será utilizada para profundizar en el castigo político y económico a la sociedad catalana y a sus representantes independentistas.

El estatuto de Gernika, igual que el amejoramiento, no solo no han sido cumplidos por el Estado a pesar de su rango de Ley Orgánica durante prácticamente 37 años de vigencia, sino que hace tiempo que quedaron obsoletos y ello se pone de manifiesto en temas tan graves como la indeterminación en la financiación de la dependencia que paradójica e incomprensiblemente no se ha bordado en el acuerdo de 3 de mayo.

La necesidad imperiosa de actualizar éstas normas es tan grave como pone de manifiesto del hecho de que son normas anteriores y que no preveían el ingreso en la Unión Europea, la cual sin embargo ahora condiciona determina y hasta deroga disposiciones de rango estatutario y foral. La actualización de los regímenes autonómicos, insatisfactorios en el fondo para los independentistas, no será sin embargo mínimamente aceptable, si paradójicamente no es coprotagonizada por las fuerzas independentistas y sustentada en el derecho a decidir, única base real para la bilateralidad, la unilateralidad o simplemente la dignidad política.


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