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La juez cree que conchita Flores sacó dinero de la empresa durante la quiebra

Considera que junto a su socio Artiles ideó un plan para poner a salvo su patrimonio
Ve indicios de delitos societarios y alzamiento de bienes

Juan Ángel Monreal Javier Bergasa - Sábado, 10 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Antigua sede de Construcciones Flores, situada en Gorraiz.

Antigua sede de Construcciones Flores, situada en Gorraiz.

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  • Antigua sede de Construcciones Flores, situada en Gorraiz.

pamplona- Ocho años después su caída, Construcciones Flores sigue viva en los tribunales. Y la juez ha encontrado indicios de delitos societarios y un posible alzamiento de bienes en la actuación de la que fue su presidenta, Conchita Flores. La magistrada entiende que la hija del fundador de la histórica constructora navarra llegó a un acuerdo con José Miguel Artiles, presidente de un banco fantasma (European Credit-Bandenia), para poner a salvo su patrimonio en perjuicio de los intereses de sus acreedores, a quienes debía decenas de millones de euros.

En un auto de cuatro páginas, la juez resume las claves de lo que sucedió en la trastienda de la quiebra empresarial más voluminosa de la crisis en Navarra. Según la investigación, al menos siete millones de euros salieron de las cuentas de Construcciones Flores, de los cuales casi dos millones de euros fueron dispuestos de forma particular por José Miguel Artiles, y se produjeron distintas operaciones de compra-venta de activos que supuestamente tenían como objetivo dotar de liquidez a la constructora y atender los pagos pendientes, algo que nunca sucedió. Al contrario, respondían a una estrategia concertada por Flores y Artiles de la que al menos ambas personas se habrían beneficiado mientras la empresa se hundía. No son ellos las únicas personas en quienes la juez ve “indicios racionales de criminalidad”. También en otras seis personas: Antonio Larrea, Juan Manuel Rojas, Abelardo Guil, José Luis Sánchez, Jerónimo Camacho y Alfonso Arroyo. El auto da un plazo de diez días al fiscal y a las acusaciones personadas para que formulen sus escritos de acusación.

Lo sucedido no se entiende sin fechas y algunos hechos. En pleno estallido de la burbuja inmobiliaria y cargada de deudas, Construcciones Flores se ve incapaz de seguir atendiendo pagos con normalidad. Flores busca un socio desconocido, denominado European Credit PLC, que es presidido por José Miguel Artiles. Tiene una sede en Las Rozas (Madrid) y su contacto en Navarra es Alfonso Arroyo, que había trabajador en 2007 en la campaña electoral de Fernando Puras (PSN) para las elecciones forales. En virtud de este acuerdo, firmado el 5 de noviembre de 2011, European pasa a ser el máximo accionista de Flores, con un 51%, y toma el control de las cuentas de la compañía. Y entre el 13 de diciembre de 2008 y el 6 de agosto de 2009 salen de las cuentas de la compañía “cantidades superiores a los siete millones de euros”. Según relata el juez, era José Miguel Artiles quien daba a Conchita Flores las instrucciones para el traspaso de los fondos.

Del mismo modo, el 2 de enero de 2009, Construcciones Flores vende 15 parcelas en Gorraiz a European Credit por más de seis millones de euros que no fueron pagados. Se evitó así el embargo por parte del Banco Popular. Y también durante 2009, Flores comunica a los proveedores el acuerdo alcanzado con European Credit, lo que permite a Flores firmar pagarés que nunca fueron atendidos. De hecho, European comunica a los proveedores el cierre de su sede en Madrid y les asegura que les seguirá atendiendo desde Londres, “donde no se conoce a la entidad”. Sí constaba en el registro mercantil inglés una sociedad denominada Construcciones Flores Limited, que contó con un capìtal de unos siete millones de euros.

En el momento de suspender pagos, Construcciones Flores adeudaba más de 143 millones de euros a los bancos, unos 12,5 millones de euros a Hacienda y más de diez millones a proveedores, muchos de ellos pequeñas empresas navarras que pasaron por graves apuros económicos o tuvieron que cerrar. Su deuda total fue estimada en 174 millones de euros.

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