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El Gobierno respalda a Montoro y defiende su amnistía fiscal pese a considerarla un “error”

El PP sostiene que la medida se puso en marcha “a la desesperada” ante el riesgo de que la economía, al borde del colapso, tuviera que ser rescatada
El PSOE propone que el ministro de Hacienda sea reprobado

Sábado, 10 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:08h

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una intervención en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una intervención en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo. (Foto: Efe)

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una intervención en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo.

madrid- El Gobierno respaldó ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y defendió la amnistía fiscal de 2012, justificándola en la excepcionalidad del momento, mientras que el PSOE propuso que el ministro sea reprobado por el Congreso y no descarta pedir una comisión de investigación.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara por unanimidad “inconstitucional y nula” la amnistía fiscal de 2012 se fundamenta en un “vicio de forma”, al entender los magistrados que no podía aprobarse mediante decreto ley. No obstante, eludió pronunciarse sobre el fondo de una resolución que advierte de que la amnistía fiscal legitimó “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica”.

Según relató Méndez de Vigo, Montoro -que cuenta con el total apoyo del Ejecutivo- informó ayer al Consejo de Ministros de esta sentencia y les explicó que, en aplicación del principio de seguridad jurídica, el fallo no tendrá efecto alguno sobre las regularizaciones que se llevaron a cabo mientras estuvo abierto el proceso. En total afloraron más de 40.000 millones de euros de cerca de 30.000 contribuyentes que pagaron a Hacienda 1.192 millones.

El hecho de que la sentencia no vaya a tener consecuencias en la práctica es entendido por el Gobierno como un aval del Constitucional a la propia amnistía fiscal, tal y como aseguró el jueves el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

temor al rescateEl ministro portavoz justificó ayer que la medida se adoptó después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encontrara al llegar al poder con un déficit público de 93.000 millones en 2011, en lugar de los 60.000 millones reconocidos por el Gobierno socialista, en plena crisis de deuda soberana que hacía temer que el país necesitara ser rescatado. “Tuvimos que subir los impuestos para pagar las pensiones y las prestaciones, nadie fiaba a España, la prima de riesgo subió 50 puntos ese mes de marzo”, afirmó Méndez de Vigo, que defendió que tanto la amnistía fiscal como las demás medidas presupuestarias adoptadas por el Gobierno entonces han permitido que la economía española se recupere.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, admitió ayer que el Gobierno puso en marcha “a la desesperada” la amnistía fiscal en un momento en el que España corría el riesgo de ser rescatada y estaba “al borde del colapso” económico. Hernando respondió con un “sí” a la pregunta de si Montoro debe seguir en el cargo tras la sentencia del TC. “Evidentemente no lo hicimos bien”, reconoció el portavoz popular, quien aseguró que su partido acepta la sentencia. Hernando además aseguró que el ministro va a comparecer en la Cámara y “él determinará el alcance de lo que supone” la resolución.

El PSOE, promotor del recurso de inconstitucionalidad, presentó ayer en el Congreso una proposición no de ley que plantea la reprobación del ministro de Hacienda “por haber beneficiado a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes”. El texto añade que en la mayoría de “tramas de corrupción que se han venido conociendo ha habido implicados que se beneficiaron de la amnistía fiscal” y cita explícitamente al extesorero del PP Luis Bárcenas, familiares del expresidente catalán Jordi Pujol o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

La organización profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) considera que más allá de los escasos efectos prácticos que pueda tener la sentencia, el Constitucional ha cerrado la puerta a futuras amnistías fiscales.

El presidente de los inspectores, José Luis Groba, cree que será difícil también acometerlas mediante una ley ordinaria, ya que la sentencia establece que la estabilidad presupuestaria y la necesidad de ajustar el déficit público no legitima al legislador para saltarse los principios establecidos en el artículo 31.1 de la Constitución, en orden a conseguir un sistema tributario justo.

Para el colectivo de asesores fiscales las dudas respecto a la aplicación de la sentencia pueden surgir respecto a las actuaciones derivadas de la amnistía que puedan seguir abiertas, por lo que habrá que esperar al criterio que establezca la Agencia Tributaria y, en última instancia, los tribunales.

A juicio de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), aquellas personas a las que se les reclame una deuda como consecuencia de inspecciones abiertas con información obtenida en la amnistía fiscal podrían argumentar que la prueba es nula al haberse logrado en un proceso sin todas las garantías. - Efe