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4 años de cárcel y 178.000 € al dueño de un bar de Tafalla que grabó en el baño a 326 mujeres

El juez dice que lesionó la intimidad de una pluralidad pero en una sola acción

Enrique Conde - Sábado, 10 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:08h

Acceso a un baño de mujeres.

Acceso a un baño de mujeres.

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Acceso a un baño de mujeres.

pamplona- El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha condenado a cuatro años de prisión a un acusado que cuando regentaba un bar de Tafalla grabó durante 6 meses con cámaras ocultas a 326 mujeres que accedieron al baño de señoras. En el juicio, celebrado el 16 de mayo, el acusado, O.J.C.V., natural de Colombia y de 38 años de edad, reconoció los hechos aunque negó haber visto las imágenes, mientras que su defensa rebatió la calificación jurídica del fiscal, quien solicitó una condena de 333 años de prisión por 98 delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y 22 delitos agravados contra la intimidad, puesto que las víctimas eran menores edad. En realidad, la Fiscalía preveía una condena máxima de doce años, por aplicarse la conmutación de penas que solo permite condenar por el triple de la condena más grave (4 años según su petición).

En el juicio, la discrepancia fundamental se planteó en torno a si el acusado había cometido 120 delitos individuales o si podía ser condenado por un delito continuado, por tratarse de acciones consecutivas en un periodo de tiempo cercano. El juez desestima tanto que sean delitos autónomos, como que sea un delito continuado, en este caso por producirse durante seis meses, lo que excede los límites que la jurisprudencia fija para esta tipología delictiva. Así, se adopta otro criterio, tras analizar todas las alternativas posibles. En la sentencia, que puede ser recurrida, el juez califica todos los delitos dentro del denominado “concurso ideal homogéneo”, al entender que si bien se lesionó la intimidad de una pluralidad de personas, lo hizo con una sola acción. Se trata de la solución “que más encaja con los principios de legalidad y proporcionalidad de nuestro sistema penal”.

“Aquí se ha producido una invasión genérica en la intimidad de personas por usar un baño en un bar”

EMILIO LABELLA

Juez de lo Penal 4 de Pamplona

Y el juez determina tal solución, sin perjuicio de reiterar la petición que ya figura en una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya doctrina sigue el magistrado, de que “con la implantación de las nuevas tecnologías sería recomendable que expresamente se recogiera una agravación de la penalidad cuando concurriera la circunstancia de pluralidad de víctimas”. Es decir, el magistrado reclama que se agrave la pena cuando los delitos contra la intimidad cometidos con los nuevos medios y afecten a varias víctimas. El juez resuelve que en este caso se produjo “una invasión genérica en la intimidad de decenas de personas, no por su identidad concreta, sino por ser usuarias de un baño en un bar”.

CAMUFLADAS EN EL ENCHUFESegún apostilla el juez, “en el caso de que se hubiera producido un grabado selectivo de personas, con la correspondiente conservación de dichos archivos en atención concreta a su identidad, seguramente la solución aquí alcanzada hubiera podido ser otra de consecuencias penológicas mucho más graves para el acusado”. En la sentencia se considera probado que, en fecha no determinada pero en todo caso desde agosto de 2014 hasta enero de 2015, con la intención de captar las imágenes de las clientas que accedieran al cuarto de baño, el acusado colocó varias cámaras que las camufló en un falso enchufe para que no fueran descubiertas.

De esta forma el encausado consiguió captar y grabar a 326 mujeres, de las cuales se pudo identificar la imagen de 137 -entre ellas 22 menores de edad-. De estas, 120 interpusieron denuncia, 7 declinaron hacerlo y 8 de ellas no pudieron ser identificadas con sus nombres y apellidos.

El magistrado ha impuesto al procesado las máximas penas posibles por este delito -4 años de prisión y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 10 euros (7.200 euros)- por “la propia gravedad de los hechos enjuiciados” y porque el acusado actúa con letrado de su elección y trabaja en el extranjero, por lo que podrá hacer frente a la multa. Además, el encausado deberá indemnizar a cada una de las 120 mujeres denunciantes con cantidades que oscilan entre 1.000 y 6.000 euros. La responsabilidad civil asciende a 178.000 euros.