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Con la venia

Tapando corrupción desesperadamente

PorPablo Muñoz - Domingo, 11 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:03h

aunque la carencia de mayoría absoluta haya obligado al PP a echar mano de la patraña o del descaro más obsceno, ha fracasado en su intento de frenar el arranque de la comisión de investigación sobre su financiación ilegal. La oposición ha impuesto que la comisión eche a andar y que el desfile de mangantes lo inicie Luis Bárcenas, para abrir boca. El Partido Popular, que considera que es víctima de “una cacería”, está dispuesto a no reparar en medios para que la comisión fracase ya desde el inicio y ha maniobrado para mantenerla controlada recurriendo a toda clase de chanchullos.

En este empeño por enturbiar la verdad con tinta de calamar, el PP ha pretendido implicar al PSOE a base de desempolvar pasadas corrupciones del partido rival, ha chantajeado a la antigua CiU recordándole el intercambio de cromos en la investigación del caso Palau, y ha manipulado con el PSOE la presidencia de la comisión hacia el parlamentario de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, firmante de la aprobación de los Presupuestos del Gobierno. Una presidencia, por cierto, que requiere mucho más fuste, aguante y personalidad de la que pudiera aportar el canario. Populares y socialistas han venido entorpeciendo los trabajos de la comisión a base de ponerle trabas burocráticas, quizá para evitar que la marea de envilecimiento alcance a los dos partidos históricos.

Para empezar, el PP pretende desde el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, que la comisión investigue la financiación “de todos los partidos”. Otra vez la vieja y tramposa táctica de tinta de calamar. Y como maniobra dilatoria aún más descarada, proponía un debate parlamentario para paralizar la comisión hasta que los letrados determinasen el objetivo, el periodo temporal y el ámbito territorial e institucional que se fuera a investigar. Y si los trabajos de la comisión se iniciasen antes de que todo ello esté determinado, el PP anunció que llevarían a la comisión a los tribunales. Aún habrá que verlo.

El PP pretende limitar la investigación a 2015, lo que dejaría fuera del ámbito de la comisión las actuaciones y contratos correspondientes a los principales casos de corrupción que señalan a los populares, Gürtel y Púnica. Lo malo es que la oposición no se pone de acuerdo para delimitar el periodo de investigación: Podemos quiere remontarla a los tiempos de Alianza Popular con el caso Naseiro, hasta hoy. El PSOE pone el inicio en el caso Bárcenas, comenzando en 2004. Ciudadanos, por su cuenta, lo fija en 2003 con la presidencia de Mariano Rajoy en el PP.

Todo lo que precede se refiere solamente a las puras maniobras dilatorias para retrasar sine die el trabajo de la comisión de investigación del Congreso. Pero el PP va más lejos, más a la brava, o a la desesperada, para cortocircuitar cualquier perjuicio directo que le ponga en riesgo penal. Para ello, y así lo denuncian reiteradamente Jueces y Juezas por la Democracia, Mariano Rajoy se está otorgando prerrogativas que no le corresponden, condicionando las decisiones del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Según los jueces denunciantes, Lesmes ha hecho causa común con Rajoy nombrando magistrados favorables al PP para los casos de corrupción que le afectan.

Los jueces y juezas demócratas denuncian que se haya puesto en marcha a toda velocidad una Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que revisará todas las sentencias dictadas por corrupción contra el Partido Popular. Revisión a la baja, por supuesto. Como muestra de este mangoneo de la justicia, ahí está la nueva composición del nuevo Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, un equipo de amigos para una Comunidad que ha batido todos los récords del PP en competición interna por llevarse el dinero con el mayor descaro.

Más descarado todavía, el Partido Popular no se ha recatado lo más mínimo en una política de nombramientos escandalosa. Con la mayor desvergüenza se ha designado a jueces previamente recusados por su relación con ese partido, como Concepción Espejel y Enrique López en la Audiencia Nacional, o Carmen Llombart en Valencia, que ya fue en su día designada vocal del Consejo General del Poder Judicial por ese partido. Capítulo aparte el escandaloso chanchullo de la Fiscalía, área en la que el PP ha actuado sin ningún pudor para fregar ante los tribunales las heces de su corrupción.

El PP ha pretendido a toda costa neutralizar la marea de mierda que se le viene encima por su propia corrupción, y para ello no ha reparado en consecuencias tan graves para la democracia como la prostitución de la justicia.

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