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Necesidades sociales, respuestas sencillas

IRPF e incapacidad

Por Juan José Lizarbe - Domingo, 11 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:03h

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estamos en plena campaña de la Declaración de la Renta. No pretendo analizar, ni defender ni criticar, la reciente reforma fiscal hoy vigente. Actividad más propia de otros ámbitos y de otras páginas del periódico. Tan sólo dar una pincelada general, para opinar sobre el título de la columna de hoy.

La actual normativa, consigue recuperar una vieja aspiración progresista al sustituir las deducciones en la base por las desgravaciones en la cuota, con la intención, por ejemplo, de que la deducción por hijos sea en los mismos términos para rentas altas o bajas, y no como hasta ahora que la deducción por hijo de los más adinerados “valía” mucho más que la de los menos pudientes. También eleva la tributación de las “rentas más altas”, entendiendo por tal las mayores a 35-40.000€ año. Cuestión esta en la que siempre es difícil ponerse de acuerdo, y que más que de gustos depende de lo que gana cada cual.

También son objeto de debate el tipo máximo - ahora elevado del 48 al 52%, pero que llegó a estar en el 56%-, y tantas otras cosas. En fin, ni veo tantas razones para la crítica feroz que me parece exagerada, ni para la defensa a ultranza que la considero excesiva. Pero como decía, es un tema concreto y preocupante el que quiero exponer, con la esperanza de que pueda ser considerado en el futuro.

Las personas con minusvalía que están trabajando por cuenta ajena han visto menguada claramente su deducción en cuota por rendimientos del trabajo. Quienes tienen un grado superior al 65%, antes podían deducirse hasta un máximo de 3.250€, y ahora no más de 1400€ (entre el 33 y 66%, antes 1750€, y ahora 1050€). Diferencia que aumenta directamente la cantidad a pagar o disminuye la cantidad a devolver. La razón de ser de esta importante deducción, venía motivada por una deliberada política pública de fomentar la incorporación al mercado de trabajo de las personas con discapacidad elevada, que por sí mismas lo tienen difícil por no decir imposible. De esta forma son menos dependientes, al menos económicamente, y de paso cotizan a la seguridad social y pagan impuestos. Esta importante deducción, ahora reducida considerablemente, trataba de compensar los elevados gastos adicionales de estas personas, muy superiores a los de quienes no tenemos minusvalía. Sería deseable, por razones de equidad y solidaridad, que se pueda reconsiderar esta decisión claramente injusta.

Prácticamente en el mismo sentido, y aunque la normativa sigue siendo la misma, nos encontramos con que la pensión por Incapacidad Permanente Absoluta (100%) está exenta de tributación en IRPF, pero en cambio sí hay que declarar la pensión por Incapacidad Permanente Total (55% o 75%). En esta última, es lógico que quien la compatibilice con otro trabajo no esté exento, pero no parece razonable en los casos en que sea el único medio de vida. La diferencia entre ambas es que la IPA incapacita para todo tipo de trabajo, y la IPT sólo para el último trabajo realizado, pudiendo compatibilizarse con otro trabajo más liviano. Por eso es sólo del 55%, que se eleva al 75% al cumplir los 55 años de edad si se está en desempleo.

En otras Haciendas cercanas, el trato es más favorable: está exenta tanto la IPA, como la IPT - en el caso de Álava si no hay otros ingresos del trabajo o actividades económica;en Guipuzkoa y Bizkaia para mayores de 55 años si tampoco hay dichos ingresos-. Es decir, lo razonable sería que quienes tengan una pensión de incapacidad laboral, sea derivada de enfermedad o accidente y no la compatibilice con un nuevo trabajo, este exento de IRPF. Quienes la tienen es porque no pueden trabajar, y en muchísimos casos no consiguen la absoluta - el INSS no suele ser precisamente generoso a la hora de calificar- y se quedan con la Total como única fuente de ingresos. No siendo ingresos del trabajo, sino de una contingencia inesperada y cubierta por las cotizaciones que se han pagado, no debería ser objeto de tributación en IRPF.

jjlizarbe@insovida.com

El autor es Abogado y director de INSOVIDA.

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