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Dispersión: cartas y otros pasos

Ortuzar, Urkullu y Barkos, destinatarios de las misivas de los presos, ya están comprometidos con el fin del alejamiento, por lo que es necesaria también la autocrítica de los propios reclusos para su logro

Lunes, 12 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:06h

Más de cinco años y medio después del anuncio del fin de la violencia por parte de ETA y más de dos meses después de la escenificación de su entrega de armas en Baiona en la que se dio lugar a una “organización desarmada”, la situación de los presos de la banda continúa en los mismos exactos términos que antes de estos dos hitos que, objetivamente, han supuesto un extraordinario avance hacia la paz definitiva y la convivencia en la sociedad. Esto supone que mientras ETA y su mundo han dado pasos hacia la desaparición de la violencia y la paz, el Estado sigue aplicando una política penitenciaria injusta e inhumana basada en el alejamiento de los presos y en el mantenimiento de un régimen de excepcionalidad que impide, incluso, la excarcelación por motivos de deterioro grave de la salud. Es el caso, por ejemplo, de Ibon Iparragirre, preso gravemente enfermo por una dolencia incurable y al que puede quedarle poco tiempo de vida pero a quien el Gobierno español se niega a poner en libertad. En este contexto, en el que los reclusos están inmersos en un debate interno sobre si asumir la legalidad penitenciaria para obtener beneficios e incluso la libertad condicional, 90 presos han dirigido sendas cartas tanto al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, como al lehendakari, Iñigo Urkullu, y a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en las que, entre otras cosas, demandan acciones para acabar con su “sufrimiento”. Se trata de un paso más de los reclusos dentro de la estrategia que mantienen en contra de la dispersión y en la búsqueda de apoyo social y político. En el caso del líder jeltzale, Andoni Ortuzar, estas cartas están siendo contestadas una a una a cada recluso. Sin duda en este contacto es significativo y positivo que los presos se dirijan a los representantes políticos e institucionales, aunque sus movimientos no deberían quedar ahí, ni tampoco en el lanzamiento de acusaciones injustas sobre el origen y el apoyo a la dispersión. El cambio de la actual política penitenciaria del Gobierno de Madrid es una obligación humanitaria y una reivindicación mayoritaria de la sociedad con la que están comprometidas las instituciones y los partidos destinatarios de esas cartas. Los presos deben ser también conscientes de ello y de la necesidad de que realicen un gesto claro de autocrítica y reconocimiento del daño causado a las víctimas para facilitar su consecución.

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