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El Gobierno priorizará en su Plan de Inclusión Social a 20.000 personas que llevan más de 3 años sin empleo

La vivienda más accesible y consolidar la Renta Garantizada, las otras dos patas de esta estrategia

Miércoles, 14 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

Diferentes equipos de investigación de la UPNA han participado en la elaboración de las propuestas sectoriales para el plan.

Diferentes equipos de investigación de la UPNA han participado en la elaboración de las propuestas sectoriales para el plan. (Foto: Iban Aguinaga)

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Diferentes equipos de investigación de la UPNA han participado en la elaboración de las propuestas sectoriales para el plan.

Pamplona- El empleo, la vivienda y la Renta Garantizada, junto a otras medidas educativas y sanitarias serán las principales herramientas con las que desde el futuro Plan de Inclusión Social el Gobierno pretende trabajar por la cohesión social dando prioridad por devolver a un espacio de integración a los sectores que la crisis ha dejado en fuera, empezando por los 20.000 navarros y navarras que llevan más de 3 años sin un contrato y otros 25.000 que andan en la cuerda floja entrando y saliendo del mercado de trabajo, clave para la inclusión social en los actuales estándares. El vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, Miguel Laparra, defendió ayer “un nuevo modelo social más cohesionado y más basado en derechos y más inclusivo” en la apertura del seminario de reflexión organizado en la UPNA, y en la que se presentaron las principales propuestas sectoriales sobre el citado plan tras la fase de diagnóstico conocida la pasada semana.

Laparra sostuvo que el futuro plan “concreta el compromiso social y el compromiso político” de la ley foral de derecho a la inclusión y a la Renta Garantizada. También defendió en lo que respecta a la garantía de ingresos, que “la propia ley foral de derecho a la inclusión y renta garantizada marca el camino claramente”, ya que se trata de “seguir mejorando la propia prestación de Renta Garantizada”. En lo referente al empleo, Laparra destacó que el contexto actual, en el que pese a que existe una bolsa “importante de desempleados”, en torno a 36.000 personas, existe un contexto de “crecimiento ya más robusto”, que cifró en torno al 3% sin que participe el sector de la construcción.

Tras precisar que el ritmo de creación de empleo es de más de 7.000 puestos al año, afirmó que se presenta una “oportunidad para la incorporación laboral de los sectores más excluidos”. Por ello, incidió en la importancia de “reincorporar al mercado de trabajo a unas 20.000 personas”, que llevan más de 3 años sin ningún tipo de contrato registrado. También resaltó la necesidad de asentar los itinerarios precarios e intermitentes, “de gente que no está alejada del mercado de trabajo, pero que no acaba de asentarse”, un colectivo de 25.000 personas. Otro eje del plan será la vivienda, sobre la que apuntó que la ley foral de derecho a la vivienda marca “una parte del camino”, si bien consideró “importante” mejorar las herramientas de la intervención social, y tener una mayor capacidad de intervención en los problemas de convivencia y en procesos de mejora de entorno. Para Laparra, en el ámbito educativo, el plan debe ser una oportunidad para “reforzar los recursos en los centros que atienden a más alumnos con dificultades sociales”. Y en salud remarcó que el espacio sociosanitario no “es una cuestión solo de personas mayores y atención a dependencia”, sino que el mismo también tiene su “importancia e interés en la lucha contra la exclusión social”. - Efe/J.I.C.

medida s concretas

Nueva convocatoria de empleo local

Ayuntamientos. Laparra no cree que la mera ley de oferta y demanda del mercado de trabajo pueda lograr una inclusión social y abogó por el desarrollo de las fórmulas de empleo protegido, “especialmente dirigida a preceptores de renta garantizada”. Así anunció que la convocatoria con entidades locales ha tenido “una buena ejecución”. En este sentido, para las empresas privadas y las entidades sociales adelantó que en los próximos días aparecerá en el BON una nueva convocatoria con subvenciones a la contratación, específica para el colectivo mencionado, que puede llegar hasta los 1.000 euros al mes durante un total de 12 meses.

los ejes de actuación

Diez medidas para evitar el desempleo y el precariado. Entre ellas, adaptar las políticas de activación a la realidad de las personas más alejadas del empleo, crear comisiones territoriales de planificación con el fin de recabar información y diseñar políticas específicas para cada territorio, elaborar un Plan de Garantía Juvenil para miembros de familias RIS. También se realizará un estudio de opciones ocupacionales para mayores de 55 años con la colaboración de Cultura y Deporte;se promoverá la coordinación con Salud Mental para conocer cuántas personas están recibiendo tratamientos;acuerdos con las entidades locales para el cumplimiento de cláusulas sociales y con las empresas por la responsabilidad social.

Educación: evitar guetos, absentismo y fracaso escolar. Las propuestas de lucha contra la exclusión en el espacio educativo recomiendan un incremento de los recursos para aquellos centros educativos que albergan mayor número de alumnado con dificultades y la mejora de los programas de apoyo extra escolar para reducir el abandono escolar temprano. Incluyen medidas para promover una mejor distribución de los recursos educativos por centro y territorios, la mejora de las herramientas de control y registro del absentismo escolar y la oferta de alternativas educativas a los jóvenes que abandonan los estudios;ampliación de plazas de educación 0-3 años para menores de entornos desfavorecidos, y una simplificación en la gestión de becas y ayudas para menores y jóvenes.

Sanidad: incluir, no excluir. En el campo sanitario, se sugiere mejorar en la investigación y coordinación de servicios sociales y salud para facilitar un abordaje eficaz de los problemas de salud en los colectivos vulnerables y facilitar la mejora de su estado de salud. Además, se plantean ampliar la red de recursos para atender a las personas con enfermedad mental;así como medidas inclusivas para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario.

Servicios sociales y vivienda. Otras medidas son “traspasar la cobertura de los gastos de vivienda progresivamente a un sistema integral de protección del acceso a la vivienda, y desarrollar y consolidar el sistema de ayudas no periódicas (extraordinarias y emergencia)”. También apuntan que sea garantizado el acceso a suministros básicos con una regulación adecuada del bono social y una garantía de ingresos que asegure el acceso a la alimentación. Se defiende la construcción paulatina de vivienda social, el fomento de la bolsa de alquiler, analizar la opción de compra de vivienda usada por parte de las administraciones y crear un registro de viviendas deshabitadas.

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