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Editorial DE DIARIO DE NOTICIAS

La lacra del fraude y la evasión fiscal

El consejero Mikel Aranburu defiende la necesidad de la actual reforma tributaria para hacer frente a los 6.000 millones de deuda que arrastra Navarra y para revertir los recortes heredados en los servicios públicos básicos del Estado de Bienestar

Viernes, 16 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

el debate sobre el modelo fiscal es un debate político importante, porque del modelo tributario depende en buena medida la cohesión social de la comunidad. Y, en ese sentido, la utilización política y electoral de las denominadas bajadas de impuestos que ha llevado a cabo en las últimas décadas la derecha -en algunos momentos con el apoyo del PSOE-, en el Estado y en Navarra han terminado teniendo consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad: la pérdida de recaudación ha deteriorado los servicios públicos básicos del Estado de Bienestar y obligado a un endeudamiento colectivo desbocado que lastra la capacidad presupuestaria de futuro. Navarra no ha sido una excepción en ese uso demagógico de la fiscalidad. Como expuso ayer el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, bajar impuestos favorece a quienes tienen más capacidad económica y adquisitiva tienen y endeudarse favorece igualmente a esos mismos sectores, porque el acreedor que puede prestar se lucra de los intereses hipotecando al conjunto de los navarros y navarras. Aranburu defendió, en respuesta a Ana Beltrán (PP) -cuya bodega familiar formaba parte de lista de morosos hecha pública el mes pasado con la Hacienda Foral con una deuda de casi 700.000 euros-, la reforma fiscal aprobada por el actual Gobierno con el respaldo mayoritario del Parlamento para afrontar la situación heredada de los anteriores gobiernos de UPN y PP con apoyo del PSN. Esas políticas fiscales -la bajada de impuestos electoralista de 2014 costó a las arcas forales 120 millones de euros- y las medidas de despilfarro presupuestario sumieron a Navarra en una deuda de 6.000 millones de euros -250 euros anuales por navarro o navarra, unos 1.000 euros cada año para una familia con dos hijos-, contando deuda pública y peajes en sombra, e impulsaron recortes en los servicios públicos y la protección social que ahora se pretenden revertir. Aranburu también defendió las medidas contra el fraude fiscal: “Este Gobierno no ha hecho una reforma fiscal letal, lo que es letal para el conjunto de la sociedad navarra son el fraude y la evasión”. Las políticas fiscales progresivas y redistributivas y la lucha contra el fraude y el escaqueo tributario son una obligación legal, política, ética y democrática para garantizar la equidad fiscal a la que tienen derecho todos los ciudadanos y empresas y para impulsar una redistribución justa y solidaria de la riqueza que genera Navarra con un uso y un destino honesto y eficiente de los impuestos con los instrumentos de autogobierno.

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