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La juez admite que UAGN falseó documentos en cursos de formación pero archiva la investigación

Ratifica que se manipularon firmas y que muchas charlas subvencionadas no se realizaron. Sostiene que las múltiples falsificaciones no son constitutivas de estafa ni fraude en subvenciones. En contra del testimonio de las extrabajadoras que destaparon el caso, rechaza que hubiera órdenes en el sindicato

Ibai Fernandez - Sábado, 17 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

Portal de la sede de UAGN en Pamplona, con el logo del sindicato agrario en la puerta.

Portal de la sede de UAGN en Pamplona, con el logo del sindicato agrario en la puerta. (JAVIER BERGASA)

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Portal de la sede de UAGN en Pamplona, con el logo del sindicato agrario en la puerta.

Pamplona- La Justicia no seguirá investigando el posible fraude en los cursos de formación del sindicato agrario UAGN pese a constatar las firmas fraudulentas y la falsedad documental que habían denunciado tres extrabajadoras. La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona ha archivado la causa al no considerar que los hechos sean constitutivos de un delito de estafa ni de fraude en la obtención de subvenciones, si bien apunta que existen en la causa alguna actuación supuestamente delictiva que habría prescrito y desestima otros casos fraudulentos porque las ayudas no alcanzaban los forma independiente los 80.000 euros. El Gobierno de Navarra avanzó ayer su voluntad de recurrir el sobreseimiento.

La decisión echa el cierre a dos años de investigación de la Guardia Civil en una causa por la que estaban siendo investigados el presidente de UAGN, Félix Bariáin, la vicepresidenta Miren Sanz y el secretario David Lezáun, como responsables de la entidad;y José Andrés Palacio, Jesús Recalde y Legardi Campos como personal técnico al frente de los cursos. Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de las extrabajadoras, que previamente habían advertido al Gobierno foral de las firmas falsificadas y de los cursos fantasma sin que éste las hubiera atendido. En 2013, con Javier Esparza como consejero de Desarrollo Rural, desestimó las quejas al concluir que en la documentación no había indicios de fraude.

En el auto dictado el pasado 9 de junio y notificado ayer, la magistrada ratifica las irregularidades en al menos cinco cursos impartidos entre los años 2009 y 2012, tres denunciados por las extrabajadoras y dos destapados por la Guardia Civil. “De las investigaciones policiales practicadas se desprende que muchas de las charlas no fueron realizadas y que las firmas no se corresponden con las de sus titulares”, dice la juez, que añade que “muchos de los que aparecían como asistentes no habrían acudido” y añade, que “se habrían presentado facturas no elaboradas por quienes prestaron tales servicios, aunque las mismas reflejaran un servicio en realidad realizado”.

No ve maquinacióN NI LUCROLa juez dedica buena parte del auto a justificar los motivos por los que tales hechos no serían reprobables penalmente. En primer lugar, descarta que las actuaciones puedan calificarse como estafa, porque más allá de las “irregularidades en la justificación de las subvenciones” los cursos “no eran parte de un proyecto inventado o ficticio”. “No se desprende que los responsables hubieran articulado una maquinación fraudulenta con el único fin de causar engaño al Gobierno de Navarra y así obtener un enriquecimiento injusto”, defiende la juez, para quien “no consta ningún elemento indiciario que permita afirmar que los investigados hayan obtenido un beneficio económico personal en esta gestión”.

La juez también descarta el posible delito de fraude en el cobro de subvenciones. “No se considera que se haya producido una falsedad de condiciones para obtener la subvención, aunque sí se haya puesto de manifiesto una tramitación irregular supliendo datos de forma indebida”, reconoce la magistrada, que también admite que “en algunos casos pueden considerarse falsificaciones documentales”, pero que el delito “estaría ya prescrito” señala en referencia a un curso de 2010. Apunta, además, que en otros dos cursos el fraude no alcanza los 80.000 euros exigidos por ley (son de 71.833 y 21.280 euros).

RESPALDO AL SINDICATOLa juez exime de responsabilidad a los dirigentes del sindicato, tanto a la parte política como la técnica, dos grupos estructuralmente “bien diferenciados”. Sobre los primeros afirma que no se les puede exigir responsabilidad penal porque los proyectos se presentaban “sin apariencia de fraude” y porque el propio Gobierno foral afirmó que no había irregularidades. Destaca además la actuación del máximo responsable del sindicato, Félix Bariáin, por haber llevado a cabo “acciones para devolver el importe recibido y evitar a futuro incidencias similares”.

Respecto a la parte técnica, concluye la juez que “no se han obtenido indicios de que de forma dolosa y voluntaria se haya defraudado al Gobierno de Navarra”, en la medida en que “los investigados negaron radicalmente cualquier acto de fraude”, y que los testigos, trabajadores del propio sindicato, “afirmaron no haber recibido órdenes directas de manipular la documentación ni tener conocimiento de que así se hubiera procedido”.

En opinión de la juez, la versión de las denunciantes y las pruebas aportadas por la Guardia Civil no son suficientes como para imputar a los seis investigados el delito de fraude que, en su caso, “podrían conllevar sanciones disciplinarias o laborales”. Por ello, recomienda al Gobierno de Navarra recurrir a la vía administrativa “para reclamar los importes subvencionados si estima que no se han cumplido con pulcritud los convenios suscritos” con UAGN.