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critican la “estrategia de quietud” de Rajoy

Urkullu y Puigdemont piden cambiar la ley para dar cabida al derecho a decidir

Los dos presidentes critican la “estrategia de quietud” de Rajoy ante las demandas nacionales de Euskadi y Catalunya

Humberto Unzueta - Martes, 20 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

Reunión entre Urkullu y Puigdemont en Barcelona.

Reunión entre Urkullu y Puigdemont en Barcelona. (EFE)

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Reunión entre Urkullu y Puigdemont en Barcelona.El lehendakari Urkullu y el president Puigdemont se estrechan la mano antes del encuentro ayer en el Palau de la Generalitat.

pamplona- El lehendakari y el president de Catalunya consideran que es preciso cambiar la legalidad vigente que encorseta el derecho a decidir de las nacionalidades históricas del Estado español. Esta es la principal reflexión compartida por Iñigo Urkullu y Carles Puigdemont durante la reunión de trabajo que mantuvieron ayer en el Palau de la Generalitat, en Barcelona.

Los dos mandatarios coincidieron en el suelo necesario para dar cauce a los derechos nacionales de Euskadi y Catalunya, a pesar de que las vías por las que actualmente transitan ambas naciones en pos de su autogobierno son muy diferentes: en el caso catalán, la unilateralidad expresada en el referéndum no pactado con el Gobierno español previsto para el 1 de octubre;y en el caso vasco, la bilateralidad y el acuerdo con el Ejecutivo de Rajoy.

La reunión se prolongó alrededor de una hora y permitió a Puigdemont y Urkullu abordar la situación de ambos países en el Estado español y en Europa. En el comunicado que emitieron el Govern y el Ejecutivo vasco al finalizar la reunión, los dos presidentes autonómicos coincidieron en señalar que la “legalidad no es inmutable” sino que debe servir para resolver problemas políticos y sociales. “Si la legalidad se convierte en un corsé que ahoga las aspiraciones democráticas, no sirve para solucionar los problemas de las naciones y los pueblos, y es preciso cambiarla y adaptarla”, señalan.

Urkullu y Puigdemont comieron juntos en el Palau de la Generalitat antes de la reunión prevista para las cinco de la tarde, en la que compartieron diagnóstico ante la crisis institucional y la estrategia para avanzar en el objetivo del autogobierno de ambas naciones. Los dos gobiernos consideran que sigue sin resolverse la articulación del Estado en relación a las naciones que lo conforman, y aseguran que el actual Estado de las autonomías “no es suficiente”, al tiempo que defienden un proceso dialogado para “reformular” el Estado al objeto de dar respuesta a las “diversas realidades nacionales”.

reproches al gobiernoLos dos mandatarios reprocharon lo que denominaron la “estrategia de quietud” impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy ante las reivindicaciones nacionales de Euskadi y Catalunya y, en concreto, en la materialización del derecho a decidir. En este sentido comparten que el Estado español “no puede imponer un modelo territorial y que la apelación permanente a la legalidad no va a resolver el problema territorial”.

El derecho a que las naciones puedan decidir su futuro y, para ello, convocar consultas ciudadanas planeó durante el encuentro que se produce en plena efervescencia del proceso soberanista catalán. La Generalitat catalana ha puesto la proa hacia el referéndum del próximo 1 de octubre que intenta impedir el Gobierno español por todos los medios.

Nadie sabe ni es capaz de imaginar qué ocurrirá ese día, y menos aún al día siguiente. Es un escenario impredecible. Aunque la determinación de Puigdemont y la firmeza de Rajoy sí permiten anticipar un choque de trenes total en agosto, cuando el Ejecutivo catalán ponga por escrito el decreto de convocatoria del referéndum y el Gobierno español intensifique la vía judicial y de las inhabilitaciones.

Si no es suficiente para paralizar el proceso, se reserva el recurso al artículo 155 de la Constitución o a la intervención de los Mossos d’Esquadra y de los centros de enseñanza, piezas clave para poder llevar a cabo, o no, un referéndum. También ha puesto presión sobre los funcionarios públicos de la Administración catalana, aunque en descargo de estos la Generalitat prevé reclutar agentes electorales voluntarios que suplan a los funcionarios, evitando así la exposición judicial del cuerpo funcionarial. El bloqueo de las empresas proveedoras de urnas y papeletas de votación (una de ellas una firma de Pasaia, en Gipuzkoa) es otra de las medidas practicadas por el Gobierno de Rajoy para tratar de impedir la consulta, así como una ofensiva diplomática en el exterior contra todo intento de publicitar el referéndum por parte de la Generalitat.

La reunión entre Urkullu y Puigdemont se produce apenas un mes después de que el president reprochara, sin citarle expresamente, al lehendakari el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PNV y el PP, que garantiza a Rajoy estabilidad para la primera mitad de la legislatura, y el acuerdo entre los Gobiernos vasco y español sobre el Cupo.

Las discrepancias entre Euskadi y Catalunya provocadas por estos acuerdos llevaron a Puigdemont a afirmar que “algunos cobran por ser españoles mientras que otros pagan por no serlo”, en referencia al Gobierno vasco en primer lugar y a la Generalitat catalana, en el segundo. El lehendakari le recordó que Euskadi no cobra de nadie porque no se financia del Estado, sino que asume un riesgo unilateral.

partido de duran i lleida

No al 1-O de Units per avançar

Centralista. El entorno de Josep Antoni Duran i Lleida presentó ayer el nuevo partido Units per Avançar, que apuesta por “una implicación desacomplejada en la política española”. Así lo explicó el portavoz, Carlos Losada, que definió el partido como un movimiento democrático para servir a los ciudadanos de Catalunya y que se propone recoger “lo mejor del catalanismo, del centro político y del espíritu federalista europeo”. “No somos independentistas”, especificó Losada, que preguntado por el referéndum del 1-O señaló que podrían apoyarlo si cumpliera las condiciones establecidas por la comisión de Venecia: “Esto no se da, con lo cual no lo apoyamos”.