piden que no implique pérdida de trabajo

La MCP prepara ya la gestión directa de la recogida de basuras

Trabajadores de FCC piden en el Parlamento que la posible reversión no implique pérdida de puestos de trabajo
El ente acordará el martes recuperar un servicio integral, contrato de 15 millones

Ana Ibarra / Iban Aguinaga - Miércoles, 21 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

Txema Napa, Javier Mayor y Ángel Amatrian, del sindicato independiente de FCC.

Txema Napa, Javier Mayor y Ángel Amatrian, del sindicato independiente de FCC. (Iban Aguinaga)

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Txema Napa, Javier Mayor y Ángel Amatrian, del sindicato independiente de FCC.

pamplona- La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona impulsará el próximo martes en el Consejo de Administración de la sociedad pública SCPSA los trámites para avanzar hacia el rescate del servicio de recogida de basuras que ahora presta FCC. El que será uno de los mayores contratos que maneja la administración, con más de 15 millones de euros al año, podría estar en manos del ente mancomunado antes de que finalice el mandato. La MCP ya aporta un total de 88 vehículos y 15.000 contenedores, además de las naves, hoy a disposición del contratista. Las empresas contratadas (en la actualidad FCC) estaban obligadas hasta ahora a subrogar la plantilla (179 trabajadores). Según expusieron miembros del comité de empresa en comisión parlamentaria, en la recogida de basuras trabajan actualmente 180 personas y unos 25 eventuales que, reconocieron, deberían ser indefinidos a tiempo parcial puesto que cubren periodos de hasta ocho meses y llevan hasta siete años de antigüedad. Demandaron a los partidos que se aseguren todos los puestos de trabajo.

“Estamos hablando de una gestión por medios propios”, precisó por su parte el presidente de la MCP Aritz Ayesa, cuyo grupo EH Bildu cuenta con el apoyo del resto de fuerzas que le auparon a la presidencia como son las agrupaciones independientes, IE, Aranzadi y formaciones de la Comarca vinculadas a Podemos. Aseguró que desde febrero se han mantenido contactos bilaterales con todos los grupos políticos de la Mancomunidad y con los diferentes sindicatos tanto de MCP, la gestora SCPSA como de FCC, actual adjudicataria. UPN, PSN y Geroa Bai han trasladado su rechazo a la medida. La MCP cuenta con diferentes informes económicos, jurídicos y organizativos sobre los efectos del rescate del servicio. Maneja además dos análisis jurídicos, uno que admite la subrogación de personal en manos de MCP y otro que no. “Nosotros estamos viendo en la reversión de otros servicios públicos que impera en la mayoría de los casos la subrogación, y tenemos además una sociedad instrumental para hacerlo”, abundó. “No puede ser que el mayor contrato público esté en manos privadas desde hace 30 años. SCPSA nació para gestionar los servicios de manera directa”, aseguró Ayesa. “Todos los medios son de la MCP y la organización del servicio también nos corresponde. Es factible, viable y tenemos capacidad para llevar adelante una gestión directa, lo que revertiría en un mayor beneficio social y lo queremos hacer de manera ordenada y organizada”, subrayó.

Por otro lado, el gobierno mancomunado se plantea contratar una empresa externa para analizar el escenario legal. Ayesa aseguró por otro lado que para hablar del transporte comarcal queda más tiempo ya que la concesión concluye en el 2019.

en los tribunalesEl nuevo contrato fue adjudicado a FCC y dicha adjudicación fue recurrida por la empresa Urbaser ante el Tribunal de Contratos. Este tribunal emitió el 18 de febrero de 2015 una resolución que declaraba nula la adjudicación. La resolución fue recurrida tanto por SCPSA como por FCC. El Consejo de Administración de SCPSA acordó en diciembre de 2014 prorrogar el contrato existente en la actualidad hasta la resolución del citado expediente. Está previsto que a finales de año se conozca la sentencia definitiva lo que supondrá, tras tres años de prórroga con FCC, consolidar un año más el contrato con esta compañía o la adjudicación a Urbaser con lo que la MCP se enfrentaría a una posible indemnización.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai Itziar Gomez anunció su rechazo al plan en base a los informes técnicos que lo “desaconsejan”. Hay otras razones de peso, alega, sin ningún elemento que lo justifique. Así, señala, el nivel de satisfacción con el servicio es alto, la negativa de los trabajadores que tienen un convenio “muy bueno”, es decir, “no hay problemas laborales”, y además el servicio saldría “más caro” ya que no se podría hacer una subrogación directa. Además, dicha absorción supondría un “desequilibrio” en la organización de la MCP. Desde el grupo independiente Manolo Romero aseguró que si la Mancomunidad quiere intervenir en la gestión de los residuos en todo el proceso, también tiene que asumir la recogida y transporte además del tratamiento. Máxime ahora que se quiere abordar todo un plan de mejora en la recogida de la materia orgánica y apuesta por las zonas rurales.

“Queremos garantizar los puestos de trabajo. Nuestra voluntad es que haya una transición pactada con los trabajadores de la FCC que ocupen esas plazas y a partir de ahí que se haga un plan viendo posibles amortizaciones por jubilación y plazas a concurso. Un plan que cumpla las expectativas de MCP, trabajadores y el servicio”, indicó. De la lectura de los informes entiende que no cabe una subrogación, se haría mediante un traspaso a la MCP de forma transitoria como contratados indefinidos no fijos. “La reversión del servicio debe ser clara, y si no se hace por una vía se debe hacer por otra. Hagamos lo que hagamos estaremos en los juzgados pero no nos debe paralizar una apuesta clara por un servicio público como lo es ya el agua. Nos planteamos que para la primavera del 2018 se tome una decisión”, expuso Romero.

30 años de trabajoPor su parte, los trabajadores de FCC del sindicato ATSU (tiene 5 representantes, 3 LAB y uno UGT) aseguraron ayer en el Parlamento que la MCP dispone de dos informes que recogen diferentes opiniones sobre la subrogación de personal. Añaden además que un informe de gerencia es contrario a la recuperación del servicio. “Os pediríamos que legisleis bien y si realmente creeis en la publificación del servicio que no se empeore el servicio ni se precarice ni se pierda el empleo”, remarcó Txema Nepal, que acudió junto con Javier Mayor y Ángel Amatrian. “Nuestro interés es que de llevarse a cabo esta decisión se quede el 100% de la plantilla”, defendieron. “No vamos a consentir que la reversión implique una pérdida de puestos de trabajo porque hay empleados que llevan alrededor de 30 años trabajando en ese servicio”, a la vez que reclamaron un proceso transparente y colativo con todas las partes.