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El Gobierno Vasco seguirá defendiendo con “paso firme” la ley de víctimas policiales

Jonan Fernández denuncia que el PP no comparte la reparación de las víctimas

Jueves, 22 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

Ana Oregi (Medio Ambiente) y Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia, ayer en la comisión.

Ana Oregi (Medio Ambiente) y Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia, ayer en la comisión. (Foto: Efe)

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  • Ana Oregi (Medio Ambiente) y Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia, ayer en la comisión.

vitoria-gasteiz- El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, aseguró ayer que el Ejecutivo de Vitoria va a continuar trabajando con “paso firme” para defender ante el Tribunal Constitucional (TC) la seguridad y constitucionalidad de ley vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas policiales. Fernández compareció ayer en comisión parlamentaria a petición de EH Bildu para dar su opinión sobre el recurso interpuesto ante el TC por el Gobierno español contra la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, que ha supuesto la suspensión temporal de varios de sus artículos.

El Ejecutivo central argumentó, entre otras cuestiones, que la comisión de valoración que crea la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial, porque ésta es una labor que corresponde a los jueces. Fernández calificó de “incomprensible” el recurso del Estado y aseguró que con la petición de una “suspensión tan extensiva de la ley” el Gobierno del PP demuestra que no comparte el derecho a la reparación de las víctimas.

Además, negó que la normativa vasca atribuya a la comisión de valoración competencias de los jueces, y dijo que “excluye expresamente esa posibilidad”, ya que, según precisó, este órgano sólo tiene atribuciones administrativas, “nunca penales”, para determinar de forma “objetiva y motivada” si el solicitante cumple o no con los requisitos para ser reconocido como víctima.

En cuanto a la situación de bloqueo, el secretario general explicó que el Gobierno Vasco dispone hasta el 4 de julio para presentar alegaciones y aseguró que van a solicitar “el levantamiento anticipado de la suspensión temporal establecida sobre varios artículos”. El TC tiene de plazo hasta octubre, cinco meses desde la interposición del recurso, para pronunciarse sobre la suspensión cautelar y dos años para hacerlo sobre el fondo del recurso.

suspensión injustificadaPara Fernández, la pretensión de neutralizar la operatividad de la ley mediante la suspensión de alguno de sus artículos es “extraordinaria y no justificada” y produce un “costo de revictimización innecesaria e injusta en las víctimas”. “La ley no tiene como misión el esclarecimiento de hechos”, enfatizó, tras afirmar que el Gobierno Vasco va a informar en cada momento a las víctimas de la situación en la que se encuentra la tramitación de la norma y va a solicitar la opinión de instituciones internacionales y de colectivos vascos ligados a los derechos humanos. También aseguró que el Ejecutivo Vasco va a tratar de “desarbolar los perjuicios” del Estado sobre esta norma y se mostró convencido de que se podrán subsanar los obstáculos si existe voluntad de poner a las víctimas en el centro.

En cuanto a los grupos políticos, PNV y Elkarrekin Podemos reprocharon al Estado su postura hacia estas víctimas, EH Bildu instó a los jeltzales a elevar la exigencia a Madrid. Por su parte, el PSE instó a una salida a la Ley que considera constitucional y el PP indicó que la norma está mal confeccionada. - Efe

en breve

Cinco meses de plazo. El TC tiene de plazo hasta octubre, cinco meses desde la interposición del recurso, para pronunciarse sobre la suspensión cautelar, y dos años para hacerlo sobre el fondo del recurso.

Recurrida la ley navarra. La Ley de Víctimas de violencia policial aprobada por el Parlamento foral tiene casi todos sus puntos suspendidos, menos los de un tipo determinado de homenaje.

jonan fernández “El recurso supone un costo de revictimización innecesario e injusto en las víctimas”

Fernández opinó que la pretensión de neutralizar la operatividad de la ley es extraordinaria y no justificada.

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