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El gobierno recurre el archivo de los cursos de UAGN y aporta más casos con irregularidades

El Ejecutivo cree que las investigaciones, centradas en nueve casos, deben extenderse a los 26 expedientes en los que la Guardia Civil detectó falsedades
La juez instructora apreció en marzo indicios de que se hubiesen falseado las condiciones de actividades de formación por valor de 2.880.981 euros

Andoni Irisarri Javier Bergasa - Jueves, 22 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mari Jose Beaumont, junto con la portavoz del Gobierno, María Solana.

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mari Jose Beaumont, junto con la portavoz del Gobierno, María Solana.

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La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mari Jose Beaumont, junto con la portavoz del Gobierno, María Solana.

pamplona- El Gobierno de Navarra ha recurrido el archivo judicial del posible fraude en los cursos de formación del sindicato agrario UAGN. Así lo anunció ayer el Ejecutivo foral, que ya ha formalizado un recurso de reforma ante la propia juez instructora y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona, que el pasado 9 de junio dio carpetazo al caso pese a constatar irregularidades que habrían consistido en la falsificación de firmas de asistentes y otros documentos para recibir subvenciones públicas por cursos de formación que, en algunos casos, nunca llegaron a realizarse. Además, en su recurso, el Gobierno ha incluido dos informes elaborados por el Servicio Navarro de Empleo (SNE), que ha detectado otras irregularidades en expedientes de concesión de ayudas a UAGN y Fundagro en los años 2009, 2010 y 2011.

El Gobierno pretende así profundizar en la investigación judicial de un asunto que, a su parecer, tiene que ser evaluado más a fondo. Hay, al menos, cuatro argumentos en los que el Ejecutivo sustenta su recurso de reforma. Los dos más importantes son el hecho de que la instrucción que se ha desarrollado hasta ahora se ha centrado en el análisis de sólo nueve casos, cuando la Guardia Civil, en dos años de investigación, detectó irregularidades al menos en 26 expedientes. Pero el Gobierno también destaca que la propia juez instructora, en un auto de 6 de marzo de 2017, dijo apreciar “indicios” de que “los responsables tanto de la administración como de los servicios técnicos de UAGN-Fundagro y AMUR” pudieran “haber falseado condiciones para obtener las oportunas subvenciones del Gobierno de Navarra en un montante que alcanzaría los 2.880.981 euros” entre los años 2009 y 2015, “suponiendo la celebración de cursos de formación con intervención de personas que realmente no asistieron y falsificando, presuntamente, presupuestos y facturas por servicios no realizados”.

Sin embargo, solo tres meses después de dictar la citada resolución en la que llamaba a declarar como investigados a los responsables políticos y técnicos de UAGN, la misma juez concluyó que los hechos no eran constitutivos de ilícito penal alguno y resolvía el archivo del procedimiento.

Además, el Gobierno “discrepa razonadamente” de la prescripción apreciada por la juez respecto de un expediente en los que se identificó un posible delito de falsificación documental, pero que considera que ya habría prescrito al datar de 2010.

Por último, el recurso vuelve a preguntar si no se concurre en un delito de fraude en subvenciones cuando en sede judicial el presidente de UAGN y el resto de cargos políticos del sindicato decidieron apartar a Jesús Recalde, al que señalaron como responsables de las irregularidades detectadas, algo en lo que coincidieron el secretario general y el director técnico. “¿Cómo puede decir su señoría que no concurren indicios del 308 del Código Penal si hasta los propios citados a declarar lo reconocieron?”, se planteó ayer la consejera María José Beaumont, quien recalcó que el Gobierno de Navarra quiere que “se investigue todo”. Por eso espera que la juez “revoque el auto del 9 de junio y continúe con la investigación, tanto de los expedientes identificados por la Guardia Civil como de los informes aportados por el SNE”. “Consideramos que tiene que hacerse la instrucción completa, con el resultado que sea, y los fondos que no podamos recuperar de allí habrá que pedirlos por vía administrativa”, concluyó.

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