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Ayudas públicas a UAGN, caso abierto

Por Joseba Santamaria - Domingo, 25 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

el auto de la juez que archivaba en primera instancia el caso del cobro de ayudas públicas por parte del sindicato agrario UAGN también dejaba abierta de forma evidente la puerta de los recursos, tanto por la vía judicial -como ha hecho el Gobierno de Navarra-, como por la vía administrativa. De hecho, el mismo auto confirmaba que se cobraron subvenciones por cursos que no se realizaron y que se falsificaron firmas de personas para intentar justificarlos. Y la propia UAGN adelantó en abril, cuando la investigación policial y judicial estaba ya en marcha, su disposición a devolver al Gobierno las ayudas cobradas indebidamente. Posiblemente tenga argumentos jurídicos la juez para, pese a la confirmación de las irregularidades, decidir archivar la causa por prescripción de los hechos. Es pública y conocida la laxitud de la ley para castigar los casos de salchuchos, corruptelas, saqueo de lo público, etcétera con escasas penas, cuando no se anulan o se archivan, por un sin número de subterfugios legales que permiten a los implicados salir airosos del trance. Pero en el caso de las ayudas públicas cobradas por UAGN los hechos denunciados se produjeron. Por ello, el Gobierno de Navarra quiere extender las investigaciones realizadas sobre nueve expedientes a los 26 en los que la Guardia Civil detectó falsedades. De hecho, el Servicio de Empleo ha adjuntado otros tres casos de cursos de formación organizados por el sindicato y su fundación Funagro también con firmas falsas. El caso no está cerrado en la vía penal. Ni en la administrativa. Ni en el ámbito político. Porque la juez utiliza la respuesta oficial que dio entonces el Gobierno de UPN a las advertencias de la falsificación de firmas que le llegaron -señalando que no se apreciaban irregularidades-, para justificar que la dirección del sindicato no diera credibilidad a la denuncia de sus trabajadoras. Esa respuesta del Gobierno está firmada por Esparza -aunque alega que se limitó a validar el informe de los técnicos-, entonces al frente de Desarrollo Rural. Y apunta a posibles responsabilidades políticas: hubiera o no delito penal en los hechos, queda claro que los cursos no se realizaron y que las firmas se falsificaron para cobrar dinero público y el Gobierno de UPN lo dejó pasar pese a la evidencia de la pruebas. Igualmente, sorprende el desinterés de la Fiscalía, que ni ha estado ni se le espera en este caso pese a que se trata de dinero público y es la protección del interés público la principal función de la Fiscalía. Es sabido -lo denuncian los propios jueces y fiscales- el sesgo político e ideológico que se ha impuesto en instancias judiciales poniendo en cuestión su carácter imparcial y garantista. Basta leer el reciente auto de un juez en Pamplona en el que rechaza una denuncia de la presidenta Barkos contra una web por las informaciones sobre su persona y lo aprovecha para verter un largo serial de opiniones personales y subjetivas sobre las dietas del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña -de ese caso este juez sabe lo mismo que la mayoría de los ciudadanos, lo que ha podido ver en los medios de comunicación-, dando por buenos hechos y situaciones no probadas, como se comprobó en la vista ante el Tribunal de Cuentas. Cuando menos extraño en alguien a quien se le supone criterio jurídico e imparcialidad profesional. Aunque como ocurría con la idea de valor en la mili, a veces lo que se supone no concuerda con la realidad.

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