El ‘procès’ en la encrucijada

Por Alberto Ibarrola Oyón - Domingo, 25 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

el proceso soberanista catalán aborda un posible colapso institucional de Catalunya, acompañado de duras, rígidas y severas sanciones y represalias a destacados dirigentes nacionalistas, por parte de una Justicia que pugna con ahínco y sin ocultarlo por mantener la unidad del Estado, aunque eso implique la minimización de que, desde el Ministerio de Interior, con Fernández Díaz como titular, se diseñase un plan fraudulento para inculpar a unos políticos catalanes conscientes, por otro lado, de que el Estado español trataría de impedir como sea cualquier intentona secesionista. Pese a los precedentes históricos más o menos recientes: el bombardeo ordenado por Espartero tras la sublevación de Barcelona de 1842;la Semana Trágica de Barcelona de 1909, con un centenar de muertos, mil arrestados y diecisiete condenas a muerte, de las que se ejecutaron cinco;los bombardeos por parte de la aviación nazi durante la Guerra Civil, que se cebaron muy especialmente con la capital de Catalunya, aunque el art. 8 de la CE encarga al Ejército la defensa de la integridad territorial de España, el recurso a la represión violenta está bastante contenido o diluido en la actualidad, por la pertenencia del Estado español a la ONU y a la UE. Sin embargo, la aplicación del art. 155, por el que el Gobierno central, con el aval de la mayoría absoluta del PP en el Senado, podría pasar a ejercer la autoridad que el sistema autonómico otorga a la Generalitat, sobrevuela sobre el procès. Tal vez, el final de este conflicto político y territorial esté próximo, al agotarse las posibilidades de que los políticos nacionalistas catalanes emprendan nuevas iniciativas. En cualquier caso, estos habrán dejado constancia de su lucha ante la sociedad que les ha elegido, ante el resto del Estado, de la UE y ante el mundo entero, legado inmaterial que las generaciones futuras con total probabilidad han de tener muy en cuenta.

Se celebre o no el referéndum del 1 de octubre, el día después tocará valorar y evaluar cuáles han sido los apoyos conseguidos, tanto en el plano local y nacional, como en el estatal e internacional, un factor importante este último, ya que la independencia de Catalunya no constituye una empresa cortoplacista. Más allá del resultado que se obtenga, desde el punto de vista del nacionalismo, haber cumplido con el deber conllevará honores, un reconocimiento social y una enorme satisfacción personal y colectiva para quienes han avanzado en esta lucha pacífica, aunque los más radicales siempre se sentirán frustrados por no haber conseguido la independencia. Previsiblemente, las nuevas generaciones seguirán la estela y tomarán el relevo de estos adalides políticos concienzudos, tenaces y valientes.

Los partidos nacionalistas catalanes no representan a la totalidad de la ciudadanía, ya que en Catalunya un amplio sector social apuesta por seguir formando parte del Estado español. Sin embargo, el porcentaje favorable a la celebración de un referéndum supera con creces a quienes lo rechazan. La lucha por la independencia y el reconocimiento del derecho a decidir son conceptos diferenciables e independientes entre sí. De hecho, gran parte de la sociedad española, al margen de si sobrepasa el cincuenta por ciento, estaría a favor de la celebración de referéndums en las nacionalidades históricas, en especial en Catalunya, donde los partidos nacionalistas han gobernado casi ininterrumpidamente desde las primeras elecciones autonómicas. En este sentido, tiene mucha razón Arnaldo Otegi en afirmar que el procès nos debe dar envidia, puesto que lo van a culminar con mucha dignidad, sin haber empleado la violencia, apelando a valores democráticos, ofreciendo un ejemplo de lucha pacífica perpetuo para la juventud catalana, aunque la independencia, en mi opinión, siga constituyendo un objetivo más bien lejano y quizás por ahora inalcanzable.

El autor es escritor

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