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Con la venia

Vías diferentes y con respeto

Por Pablo Muñoz - Domingo, 25 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

avanza el verano, y se echa encima el penúltimo acelerón del procès catalán. El president Puigdemont, a quien algunos consideran chivo expiatorio dispuesto a ser sacrificado en la hoguera del referéndum, ya ha anunciado fecha y pregunta desatando los nervios, la indignación y hasta las amenazas del centralismo. En este contexto, el lehendakari Urkullu ha aprovechado el memorial de los 30 años de la masacre de Hipercor para reunirse con Puigdemont y suscribir un comunicado conjunto en el que dejan claro que los problemas territoriales no se resuelven apelando a la legalidad. Y si esa legalidad impide a la ciudadanía catalana o vasca expresar su voluntad y sus aspiraciones democráticas, lo que debe hacerse es cambiarla. Como era previsible, el encuentro entre el lehendakari y el president fue inmediatamente reprobado por el PP, y a Urkullu le han llovido agravios por apoyar a quien supuestamente pretende cometer ilegalidad. Nada nuevo bajo el sol. La misma acusación unionista acabó con la condena a Atutxa, Krörr y Bilbao, con el resultado final de injusticia flagrante ya conocido.

Como resultado de ese encuentro ha quedado claro que desde el PNV se observa el procès de Catalunya con el mayor respeto, y que de sus previsibles consecuencias se responsabiliza a la torpeza del Gobierno español, incapaz del más mínimo asomo de diálogo, aferrado a la letra de la más cerril interpretación de la ley.

Desde el Ejecutivo vasco y el partido que lo sustenta se coincide en la reivindicación del derecho a decidir, teniendo en cuenta que fue el lehendakari Ibarretxe con el apoyo mayoritario del Parlamento quien dio el primer paso para el ejercicio de ese derecho. En diciembre de 2004 Ibarretxe ya reivindicó ante el Congreso español el derecho a decidir. El hecho de que se llevase un destemplado portazo no impide reconocer el coraje de haber recorrido todos los resquicios legales para sacar adelante una demanda institucionalmente mayoritaria, y haberlo hecho en soledad, sin ningún apoyo -ni el de los nacionalistas catalanes-, en unos momentos de extrema dureza ante las reivindicaciones soberanistas vascas.

Quizá por el propio escarmiento y por puro realismo político, la diferencia entre la Lehendakaritza y el Govern está en la materialización de ese derecho, que para Urkullu debe resolverse necesariamente vía pacto. Si no se pacta, la reivindicación de la legalidad del derecho a decidir no va más allá de un pulso sin ninguna certeza de viabilidad. El lehendakari y el PNV están de acuerdo con que esa consulta pueda realizarse, pero no por la vía unilateral tal como se está desarrollando en el procès catalán, ni con la apelación a la desobediencia civil como plantean algunas fuerzas políticas vascas. El objetivo es común, pero la vía es diferente. Aprendiendo de la experiencia, está claro que hoy por hoy ese procedimiento será rechazado por las instituciones españolas recurriendo a la vía punitiva que haga falta. Más aún, el PNV está convencido de que esa vía unilateral que han emprendido los soberanistas catalanes ni siquiera sería apoyada por la sociedad vasca.

El PNV, que acaba de recibir por ello las más duras críticas por parte de ELA y LAB, propone un consenso institucional y suficiente, un consenso necesariamente transversal y sin exclusiones que abarcase a un porcentaje adecuado, que pudiera evitar el riesgo de emprender una vía unilateral estableciendo además un porcentaje incierto de ciudadanos de segunda. Además de ese consenso interno, sería también necesario lograr reconocimientos internacionales que apoyasen ese proyecto.

El Gobierno vasco respeta, pero no comparte el procedimiento por el que Catalunya pretende su soberanía, porque no ha logrado el consenso suficiente ni en las instituciones ni en la sociedad, porque sus últimas citas electorales no han llegado a ser plebiscitarias -mucho más lo fueron las elecciones de 2001 que ganó Ibarretxe-, porque no ha logrado reconocimientos internacionales, ha creado fuertes tensiones en la sociedad catalana y no ha conseguido que el procès sea respaldado por una mayoría social real y constatable sustentada en las urnas.

En realidad, y por muchos gestos, da la impresión de que el proceso catalán se va desinflando, algo paradójico ante la insistencia con que algunas fuerzas políticas y sindicales vascas lo sigan proponiendo como modelo a seguir en Euskadi.