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Aval político en Mancomunidad a la futura gestión directa del servicio de recogida de basuras

La moción de UPN para frenar el cambio no prosperó pese al apoyo de Geroa Bai y PSN
SCPSA también refrenda el plan

Ana Ibarra / Javier Bergasa - Miércoles, 28 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

El presidente de la MCP Aritz Ayesa (EH Bildu) defiende la propuesta de rescate del servicio que ahora presta FCC ante la atenta mirada de Geroa Bai y UPN.

El presidente de la MCP Aritz Ayesa (EH Bildu) defiende la propuesta de rescate del servicio que ahora presta FCC ante la atenta mirada de Geroa Bai y UPN. (Javier Bergasa)

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El presidente de la MCP Aritz Ayesa (EH Bildu) defiende la propuesta de rescate del servicio que ahora presta FCC ante la atenta mirada de Geroa Bai y UPN.

pamplona- La maquinaria administrativa necesaria para que la Mancomunidad se haga cargo del servicio de recogida de las basuras se puso ayer en marcha al lograr superar dos votaciones clave. Por un lado, el impulso político (25-21) obtenido en la asamblea donde están representados los diferentes partidos políticos de Pamplona y Comarca y, en segundo lugar, después de que el órgano de gobierno de la sociedad pública (SCPSA) aprobase iniciar los trámites para asumir el servicio por medios propios y encargar nuevos informes técnicos que sustenten dicha apuesta. En un duro debate sobre privatización si o no y la viabilidad de que continúen o no los actuales trabajadores de FCC enfrentó a los dos bloques. Así, las formaciones que sustentan la publicitación del servicio defienden que los 170 trabajadores pueden pasar a ser contratados como indefinidos no fijos, y la vocación de servicio público de SCPSA. Los que defienden que la MCP no debe asumir más servicios (el grueso del personal está en Aguas y está privatizado el transporte y la recogida de basuras) -UPN, PSN y Geroa Bai- plantean dudas sobre el traspaso del personal a la empresa pública ante una normativa estatal que limita la publicitación de servicios privatizados. Cada una de las partes interpreta a su vez de manera diferente los informes elaborados hasta ahora por los servicios técnicos de la casa.

Posteriormente, el Consejo de Administración de SCPSA refrendó el acuerdo con diez apoyos: los cuatro representantes de EH Bildu, dos de los trabajadores (comité de empresa), 1 de I-E, 1 de Aranzadi, 1 de Elkarrekin y uno independiente. Votaron en contra UPN, PSN y Geroa Bai.

Aritz Ayesa (EH Bildu), presidente de la MCP, expuso en la asamblea las razones recogidas en la propuesta en defensa del rescate del servicio. La propuesta habla de consolidación de empleo “público y de calidad”, vaticina un “coste menor” de prestación del servicio y recuerda que SCPSA ya es propietaria de todo el material necesario para la prestación del servicio (camiones, garaje, sistemas de recogida...) y recuerda que la gestión pública directa ya es prácticamente “integral” al asumirse el tratamiento. Mejoraría la capacidad de “organización, flexibilidad y adaptabilidad a los requerimientos del servicio”. Para llevar adelante el plan se van a encargar cuatro nuevos informes (técnico, jurídico, económico y laboral) y se plantea una “negociación laboral”. Ayesa destaca que existe una garantía de subrogación del personal y de viabilidad en los informes.

Desde UPN Juan José Echeverría considera “irresponsable” el rescate, una iniciativa de calado “ideológico” que no ha tenido en cuenta, dijo, el destino de los 170 trabajadores. Recuerda además que Pamplona también mantiene otros servicios externalizados como jardines o limpieza viaria, y recuerda que la ley del Estado impedirá la subrogación y provocará “despidos”. Tendrá un coste mayor, y se va a contratar, dijo, un director de servicios jurídico, “un nuevo puesto de designación para tratar de vestir con informes favorables la decisión” tras conocerse el informe “demoledor” del gerente que “concluye que este servicio no debe ser recuperado”. “No se calibrar si sólo es una operación de propaganda”, abundó. El servicio funciona de forma “óptima” desde 1987 “a diferencia de Sakana”!.

Desde EH Bildu Mikel Gastesi tildó de “indecencia política” que UPN, que apoyó la reforma laboral en Madrid, pretenda ponerse “la chaqueta roja en defensa de los trabajadores de FCC”, recordó que UPN compara los despidos de FCC con los de Mediterránea de Cátering cuando “privatizaron el servicio de cocinas en hospitales, que se recuperó por el fiasco que supuso”. Subrayó que la gestión directa se llevará a cabo sobre “unos principios fundamentales, la garantía de los derechos de los derechos laborales de los trabajadores de FCC y de sus puestos de trabajo”. Opina además que este escenario dará mayor seguridad jurídica a la MCP teniendo en cuenta que el tribunal de Contratos anuló el último pliego en el que se adjudicó el servicio a FCC y todavía no se conoce la sentencia final. “Vamos a trabajar en este proceso y ya veremos donde acaba y las dificultades que hay por el camino”, advirtió. Defendió finalmente que SCPSA recoge en sus estatutos la recogida de la basura, sin embargo desde 1987 “alguien decidió que no fuera gestión directa”.

Itziar Gómez de Geroa Bai subrayó que los informes técnicos de la MCP desaconsejan la prestación directa del servicio, saldría más caro además de “duplicar el personal” que ahora tiene SCPSA, además del “impacto que supondría el desconocimiento en la explotación de este servicio”. Los trabajadores deberían acceder al sector público mediante un proceso de “selección”. Destacó además que el servicio se presta de manera “satisfactoria” para la MCP, los trabajadores y para los sindicatos. Para esta formación hay servicio públicos prioritarios como la atención domiciliaria o escuelas infantiles pero en otros hay que buscar la “eficacia y eficiencia”.

Por parte del grupo independiente Manolo Romero aseguró que la MCP ya lidera toda la planificación del servicio y todos sus costos. A su juicio, la MCP tiene capacidad para asumir además de los 400 trabajadores en Aguas otros 200 en residuos. La gestión directa de los residuos en su totalidad (ahora el tratamiento es público) permitirá controlar los cambios que se introduzcan en la separación y ámbitos como el rural. Con estudios encima de la mesa se podrá saber si a los ciudadanos les cuesta lo mismo o menos el servicio o “hay que valorar la apuesta política” que dará “mayor libertad a la MCP”.

Armando Cuenca de Aranzadi cree que un servicio prestado por la administración es “mejor” en lugar de privatizaciones de “empresas cazacontratos en todo el Estado”, además de costar menos. “No va a ser un camino sencillo con un contrato de 11 millones de euros”, teniendo en cuenta que la privatización lleva más de 20 años de vigencia, remarcó.

Txema Noval de Elkarrekin abogó por una apuesta “decidida” por lo público máxime cuando otros ayuntamientos del cambio están trabajando en esta línea lo que no está haciendo ahora Pamplona, afeó. A lo mejor hay que valorar que aunque cuesten más se logra mayor control. Y dijo que la reversión se puede hacer velando por los “derechos” de los trabajadores.

Maite Esporrín del PSN negó que se pudiera hacer a los trabajadores de FCC indefinidos no fijos con la nueva ley estatal que se prevé publicar en el BOE. Para entrar en la administración deben demostrar “mérito y capacidad”, y tendrán que pasar un examen además de que previsiblemente “se les exigirá el euskera”. “Si no es así pasarán a la calle y a nosotros nos preocupan los trabajadores”, reiteró. Recordó que los informes técnicos no son favorables y que el criterio debe ser “eficacia y eficiencia”. Finalmente, Pedro Azparren de IE puso como ejemplo de “rescate” el proceso en Olza con la gestión de las instalaciones deportivas y culturales, y la subrogación de trabajadores.