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El Gobierno envía a la Guardia Civil a interrogar a funcionarios sobre el referéndum catalán

La Fiscalía apoya investigar a Mas por los gastos de la consulta del 9-N

Jueves, 29 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

pamplona- La Guardia Civil ha interrogado a un cargo de confianza del departamento de Presidencia de la Generalitat y a varios funcionarios del Govern sobre el censo de catalanes en el exterior y la web del Pacto Nacional por el Referéndum, en el marco de una investigación judicial sobre los preparativos de la consulta. El cargo de confianza, adscrito al área de Presidencia, es el responsable de redes sociales de la Generalitat, que acudió ayer como testigo a la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, acompañado por la responsable de la asesoría jurídica del departamento.

La Guardia Civil citó a media docena de funcionarios de la Dirección General de Difusión, adscrita a Presidencia, y de la consellería de Exteriores, así como a trabajadores de la agencia de publicidad a la que la Generalitat encargó la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero.

Pese a que en los interrogatorios, que lleva a cabo la Guardia Civil en su función de policía judicial, tienen la condición de testigos, los funcionarios o cargos de confianza de la consellería de Presidencia acudieron a Comandancia acompañados por la letrada responsable jurídica del departamento, Mercè Curull.

Según las fuentes consultadas por Efe, la Guardia Civil indaga en sus interrogatorios, que arrancaron hace dos semanas, cuestiones relativas a la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero y la web del Pacto Nacional por el Referèndum, una plataforma integrada por varios partidos, sindicatos y entidades soberanistas.

El departamento de Presidencia se hizo cargo al principio del proceso de crear la web del Pacto Nacional por el Referéndum, adquiriendo el dominio y haciendo una aportación económica inicial, aunque posteriormente trasladó esta labor a la propia entidad, que se reunió por primera vez en diciembre pasado bajo el liderazgo del presidente catalán, Carles Puigdemont, y se centró especialmente en recabar firmas a favor de un referéndum pactado con el Gobierno.

En concreto, ante la Guardia Civil comparecieron ayer, además del cargo de confianza de Presidencia responsable de las redes sociales del Govern, un trabajador público (funcionario) y uno externo, todos ellos especialmente por la web del Pacto Nacional. Otros dos funcionarios han sido citados para hoy por el instituto armado, también para ser interrogados principalmente sobre la web.

Además, según las fuentes, la Guardia Civil interrogó el martes a un funcionario del departamento de Presidencia, en este caso por la campaña de publicidad sobre el registro de catalanes en el exterior, así como a una empleada externa, por la web.

La Guardia Civil ha citado a estos testigos en el marco de la investigación que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió a raíz de las manifestaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal, que en varias conferencias aseguró que el gobierno catalán estaba recopilando datos fiscales de los catalanes y haciendo clasificaciones de los jueces por su ideología.

De forma paralela a esta investigación judicial, que se mantiene en secreto, la Fiscalía abrió a finales de marzo pasado diligencias por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales en relación a la supuesta preparación del referéndum independentista, tras la publicación de un anuncio institucional sobre el registro de catalanes en el exterior.

Finalmente, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha acabado asumiendo en una sola causa secreta tanto el caso Vidal como la investigación inicial de la Fiscalía sobre el censo de catalanes en el extranjero, porque en ambos procedimientos había pesquisas que se solapaban, al estar vinculadas al proceso soberanista.

La Guardia Civil, a quien el juez había encargado ya varias diligencias sobre al caso Vidal, había requerido previamente, a instancias de la Fiscalía, los expedientes relativos a la campaña de publicidad institucional con la que la Generalitat promueve la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior.

Además, la Fiscalía ha presentado un informe al Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para determinar su responsabilidad en el gasto de más de cinco millones de euros en las votaciones de la consulta del 9N. El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, considera que los hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable por tratarse de “numerosos pagos” con cargo al erario público cuyo fin era desarrollar un acto contrario al ordenamiento jurídico.

Tras conocerse que el instituto armado estaba efectuando estos interrogatorios, el president Carles Puigdemont advirtió de que ni los “espanta-funcionarios” ni los “caza-urnas” lograrán su objetivo porque no asustarán a los ciudadanos que “quieren votar”. En la misma línea, el conseller de Justicia, Carles Mundó, lamentó que la prioridad de la Fiscalía “sea perseguir funcionarios” y ciudadanos cuyo “único objetivo legítimo es poner urnas”. La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, afirmó que le parecía propio de la época “franquista” que la Guardia Civil interrogue a funcionarios de la Generalitat. - D.N.