Pamplona, ciudad del tercer mundo

Teodoro Llorens García - Viernes, 30 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

¿Es ésta la sociedad democrática y desarrollada de la que se pueden enorgullecer las instituciones, los jueces, los empresarios de Navarra?

En pleno centro de la ciudad, en la plaza de Consejo, el edificio número 3, todo un inmueble histórico y emblemático (a unos 100 metros de la oficina de rehabilitación) de nuevo se comienzan las obras con gran parafernalia.

Hace 12 años se inició un proceso en el que se reúnen todos los montajes que solemos achacar a las sociedades más corruptas. Unos empresarios sin escrúpulos (el propietario gerente de Esenluc, una empresa de parafarmacia, y el propietario de la Inmobiliaria Pío XII) compran el edificio con el proyecto de hacer pisos de lujo, sin tener en cuenta que hay inquilinos desde hace muchos años.

Comienzan las obras sin licencia, sin las mínimas condiciones de seguridad (sin andamios de fachada y tejado) a pesar de estar entre dos plazas. Después de muchas tensiones pactan con los inquilinos la venta de los pisos el resto otros se venden a otras personas. Adelantamos las partes pactadas y se da un periodo de año y pico para realizar las obras de reforma y entregar las llaves. Las obras son un cúmulo de irregularidades: denuncia de los trabajadores por impago de salarios, denuncias por inundación, tienen que acudir los bomberos por filtraciones al comercio de la bajera, se les retira la licencia durante un tiempo, luego se les vuelve a renovar, etcétera. Cuatro años más tarde Caja España, entidad que iba de la mano de los promotores, se hace cargo del préstamo de compra de Caja Navarra, pasando a ser la responsable de certificar las obras e ir entregando el dinero, pero retira el apoyo y deja sin acabar las obras. (En esos tiempos Caja España fue rescatada con dinero público).

Los promotores se declaran insolventes a pesar de que sus empresas siguen funcionando igual. Caja España habla de desvío de dinero y se niega a negociar con los inquilinos y los compradores. Los juzgados entregan el edificio a Caja España y los inquilinos nos quedamos en la calle, sin los alquileres, sin los pisos que hemos comprado y sin los adelantos que hemos realizado. La justicia avala la operación y el defensor del pueblo solo nos sugiere que su única capacidad es poner una queja sobre nuestro abogado (el despacho Ruiz de Erentxun, que ni tan siquiera nos comunicaba los resultados de sus querellas hasta que lo exigíamos. El pago había sido por adelantado).

Una sociedad se puede presentar como desarrollada si al menos es capaz de ofrecer a sus ciudadanos algo más que impotencia y desamparo, lo demás es discurso político.