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Blindaje del autogobierno desde la ley

En sentido opuesto a lo publicado, el Gobierno de Barkos no se declara en rebeldía ante el Tribunal de Cuentas, sino que defiende la competencia de la Cámara de Comptos y, en consecuencia, el régimen privativo de Navarra

Viernes, 30 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

el diario El País publicó a última hora del miércoles en su versión digital una supuesta información según la cual el Gobierno de Barkos se había declarado en rebeldía ante el Tribunal de Cuentas por haberse negado a remitirle documentación. Justo en sentido contrario, lo que el Ejecutivo foral hace es cumplir escrupulosamente la ley, en concreto, la del Amejoramiento del Fuero, que en virtud de su incontestable artículo 18 define a la Cámara de Comptos como la institución fiscalizadora de la gestión económica y financiera del sector público de Navarra. Precisamente, este resultó uno de los aspectos más controvertidos de la negociación del Amejoramiento, polémica que se zanjó con el compromiso de que Comptos remita al Tribunal de Cuentas el resultado de sus actuaciones, como así ha ocurrido en el marco de colaboración entre ambos entes. Una cooperación que asimismo se producirá en relación a los documentos requeridos ahora por el Tribunal de Cuentas, pero al interlocutor equivocado, pues el preceptivo no es el Gobierno foral sino Comptos, dígase lo que se diga desde el órgano estatal en un intento tan palmario como inaceptable de suplantación de competencias. Es decir, la rebelión atribuida con ignorancia manifiesta e indicios de mala fe al Gabinete de Barkos no obedece en absoluto a una cuestión contable, como si hubiera algo que ocultar -y además en favor de gobiernos anteriores al hoy operativo-, sino a la estricta defensa del régimen privativo de Navarra. En línea, por cierto, con la firme posición de las administraciones navarras de cualquier signo en los contenciosos que sobre este particular han aflorado episódicamente cuando desde Madrid se ha esgrimido el artículo 136 de la Constitución, que atribuye al Tribunal de Cuentas el carácter de “órgano supremo fiscalizador del Estado”. Condición que, como se ha explicado, no rige tal cual en esta Comunidad, muy en particular desde el restablecimiento en 1980 de Comptos, cuya Presidencia calificó ayer el conflicto de “estéril y sin sentido”. Habida cuenta de lo artificioso de este tensionamiento interesado a propósito del Tribunal de Cuentas, cabe concluir que la publicación de la falsa rebelión del Gobierno de Barkos ha sido instigada con el ánimo torticero de continuar enfangando la política foral con infundios de la peor ralea, al estilo bronco de la oposición de UPN y PP, en contraste, por ejemplo, con los datos incontestables sobre la evolución positiva de los principales parámetros de la economía navarra.

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