Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra
permitirá ilegalizar a los partidos ‘dopados’

La oposición en Pleno planta al PP por obstruir la investigación de la corrupción

El Congreso inicia la tramitación de la normativa que permitirá ilegalizar a los partidos ‘dopados’

Viernes, 30 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

Vista del Congreso de los Diputados en la sesión solemne del miércoles.

Vista del Congreso de los Diputados en la sesión solemne del miércoles. (EFE)

Galería Noticia

Vista del Congreso de los Diputados en la sesión solemne del miércoles.

pamplona- PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y ERC acordaron abandonar la comisión de investigación del Senado sobre la financiación de los partidos políticos y acusaron al PP de hacer de este foro “una farsa” para intentar “torpedear” y “tapar” la investigación en el Congreso sobre su supuesta financiación ilegal. Ciudadanos se sumó al plante aunque de forma simbólica porque no forma parte de la comisión.

Así lo anunciaron portavoces de los cuatro partidos en una rueda de prensa conjunta tras la reunión de la comisión de investigación en el Senado, reunión en la que se debatió a puerta cerrada el plan de trabajo para los próximos meses. El PP, con mayoría absoluta en la Cámara, aprobó su propuesta y citó ya a comparecer el 13 de julio a cuatro tesoreros: dos del PSOE, uno de Podemos y otro de Cs.

Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado, criticó que el plan de trabajo del PP sólo incluye comparecientes y documentación del resto de partidos “con un objetivo, salvar al soldado Rajoy”. Acusó a los populares de intentar una “causa general” contra los demás en un “intento burdo” de desviar la atención de la investigación en el Congreso y anunció que su grupo no participará en esta “farsa”.

Al tiempo, el Pleno del Congreso aprobaba tramitar una proposición de ley de Compromís de reforma del Código Penal para que los partidos que se beneficien de una financiación ilegal puedan ser suspendidos temporalmente de actividad, se les prohíba recibir subvenciones o incluso puedan ser disueltos. El texto salió adelante con los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que PP, PNV, PDeCAT, Bildu, Foro Asturias y UPN se abstuvieron. Ahora el texto arrancará su tramitación en el Congreso, una fase que los grupos parlamentarios aprovecharán para presentar enmiendas y cambiar la redacción de la propuesta de la formación valenciana. Incluso algunos de los que respaldaron su tramitación pusieron pegas a un texto que pretenden mejorar con sus aportaciones.

vacío legalCon esta iniciativa Compromís pretende cubrir el “vacío legal” que, a su juicio, existe en la legislación española, pues permite castigar de forma individual a quien participe en estructuras de financiación ilegal, pero no a los partidos, como personas jurídicas, que las montan o se benefician de ella.

En concreto, recuerdan que el artículo 304 persigue a quien “participe en estructuras u organizaciones”, cualquiera que sea su naturaleza, “cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley”, pero que los jueces y tribunales no pueden imponer la disolución del partido político que eventualmente pudiese “haber promovido la financiación ilegal o haberse beneficiado de ella”.

Con estos argumentos, el partido valenciano plantea introducir un nuevo apartado en el artículo 304 del Código Penal para poder imponer penas de multa de uno a cinco años a las personas jurídicas responsables de estos hechos. También pide que se contemple la posibilidad de disolver a estos partidos, lo que supondría “la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita”.

Asimismo, prevé la posibilidad de suspender sus actividades por un plazo máximo de cinco años, la clausura de sus locales y establecimientos también como mucho durante un lustro, que se les prohíba realizar “las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito”. Esta prohibición podrá ser temporal (por un máximo de 15 años) o definitiva. La reforma contempla la inhabilitación de estos partidos para la obtención de subvenciones y ayudas públicas. - D.N.

Últimas Noticias Multimedia