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pleno del parlamento

Navarra reconoce como víctimas del franquismo a los bebés robados

La medida, pionera en el Estado, plantea que estos casos se consideren delitos de lesa humanidad

A. Irisarri Javier Bergasa - Viernes, 30 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

La parlamentaria Marisa de Simón (I-E) defendió ayer en el Parlamento el cambio normativo, pionero en el Estado.

La parlamentaria Marisa de Simón (I-E) defendió ayer en el Parlamento el cambio normativo, pionero en el Estado.

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La parlamentaria Marisa de Simón (I-E) defendió ayer en el Parlamento el cambio normativo, pionero en el Estado.

pamplona- El Parlamento de Navarra acordó ayer la inclusión de los bebés robados durante el periodo de 1936-1978 como parte de las víctimas del franquismo. La medida, pionera en el Estado, se ha formalizado a través de una reforma de la Ley Foral 33/2013 de reconocimiento y reparación moral de las víctimas de la represión franquista, que a partir de ahora cuenta en su articulado con una serie de medidas destinadas a esclarecer el paradero de los bebés robados.

Según Marisa de Simón, parlamentaria de I-E y promotora de la reforma, el de ayer fue “un gran día para la memoria histórica”. De Simón cifró en al menos 200 los casos que podrían haberse registrado en Navarra durante la dictadura y el postfranquismo. Una “barbarie” que la parlamentaria de I-E achacó a un móvil “político e ideológico”, y que tiene “responsables concretos”, como algunos “hospitales religiosos, que fueron partícipes, que los ampararon y que se callaron”.

Las tareas de reparación que la reforma de la ley contempla para estos casos se extienden al menos a cuatro medidas destinadas a trazar la identidad biológica de los damnificados. El primero, de carácter judicial, pide la investigación de estos hechos cuando sean denunciados y la modificación del Código Penal para que se incluya este delito como dentro de los de lesa humanidad, y por tanto sea imprescriptible. Además, se contempla también la creación de un censo de bebés robados, para a través de un convenio con el fondo documental de la UPNA tratar de esclarecer los casos de adopciones irregulares e identificar a las madres que no hubiesen dado su consentimiento. Con ese fin se solicitará la colaboración a todas las instituciones que custodien libros de adopciones, expedientes relativos a la protección de menores o historiales médicos desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de enero de 1978. Por último, la reforma también prevé la celebración de un acto institucional.

“deuda histórica”Todos los grupos apoyaron la ley menos el PPN, que se abstuvo. Ana Beltrán reconoció el robo de bebés como parte de “una de las mayores tragedias” vividas en la historia reciente de España, pero explicó su posición en que no puede apoyar una reforma “ideologizada y sesgada en su exposición de motivos”.

Con reticencias, pero a favor, se manifestó UPN. A través del parlamentario Iñaki Iriarte, los regionalistas reprocharon que la ley “podría haberse hecho con más rigor y de manera menos atropellada”, y pidió también la inclusión del terrorismo como delito de lesa humanidad.

Para Virginia Alemán, de Geroa Bai, “es pertinente investigar este episodio oscuro” y recuperar ahora las acciones que muchas familias no han podido llevar a cabo. En ese sentido, el parlamentario Dabid Anaut, de EH Bildu, calificó la iniciativa de “necesaria” y coincidió en la obligación de “resarcir una deuda”. Por parte de Podemos, Tere Sáez se congratuló de una ley que “pone fin a tanta invisibilidad” y que, de paso, refuerza los derechos de la infancia.

Por último, Inma Jurío (PSN) expresó su “total apoyo” a la modificación, una “deuda histórica con las familias, padres y madres, pero sobre todo madres a las que se les robaron los bebés en una etapa negra de nuestra historia”.

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