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La Fiscalía pide entre 50 y 62 años de cárcel para cada uno de los siete acusados por la trifulca de Alsasua

EFE - Martes, 4 de Julio de 2017 - Actualizado a las 17:07h

Concentración de los familiares de los acusados de Alsasua.

Concentración de los familiares de los acusados de Alsasua, acompañados de grupos feministas y LGTBI. (@Altsasugurasoak)

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Concentración de los familiares de los acusados de Alsasua.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita un total de 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas para los ocho acusados por una pelea con dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016.

El Ministerio Fiscal atribuye a O.A.C. la autoría de cuatro delitos de lesiones terroristas, por los que le pide 50 años de cárcel (12,5 años por cada delito), así como de otro delito de amenazas terroristas por lo que exige también la misma pena. En total, a este acusado, le reclaman 62,5 años de prisión.

Asimismo el Ministerio Público solicita otros 50 años de cárcel para cada uno de los seis acusados restantes, que son J.U.G.,J.A.C.A., J.G.L.,A.R.P., I.A.O. y A.U.O. También a una joven A.U.G., le exige 12,5 años de cárcel por amenazas terroristas. Todos ellos deberán responder a una indemnización conjunta de 41.100 euros, que desglosada serían 9.200 euros para el teniente implicado en la trifulca, 3.700 euros para el sargento, 16.100 euros para una de las parejas, tanto por lesiones como por secuelas y daños morales;y otros 12.100 euros para la otra mujer, por los mismos conceptos.

El fiscal José Perals relata en su escrito de acusación que el 15 de octubre de 2016, el teniente y el sargento de la Guardia Civil se encontraban, de paisano y fuera de servicio, realizando unas consumiciones en el bar Koxka de Alsasua cuando, alrededor de las tres y cuarto de la madrugada entró en el bar uno de los detenidos acompañado de una menor y se dirigió al segundo para decirle que no tenía derecho a estar allí.

En este momento intervino el teniente, diciéndole que les dejara en paz, pese a lo cual insistió en su actitud. Entre tanto "se fueron acercando entre veinte y veinticinco personas que les rodearon y comenzaron a amenazarles e insultarles" con expresiones como "esto os pasa por venir aquí", "tenéis lo que os merecéis", "iros de aquí", "hijos de puta", "cabrones fuera de aquí", "perros", "putos pikoletos", "txakurras", "alde hemendik (fuera de aquí)", "utzi pakean" (dejadnos en paz), para a continuación "comenzar a golpearles".

Los agentes y sus parejas "intentaron entonces abandonar el bar y ya en la calle se encontraron con otro grupo de entre quince y veinte personas que junto con los anteriores continuaron insultándoles y golpeándoles hasta que llegaron los agentes de la policía foral", según la juez. La agresión les provocó múltiples contusiones y uno de los dos agentes resultó herido en el labio superior y se fracturó un tobillo.

Lamela, que concluyó el pasado mes de febrero el sumario contra los acusados, enmarcó la agresión en las rutinas de "hostigamiento" a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos y que opera en el municipio navarro.

La magistrada de la Audiencia Nacional señaló en su auto que el movimiento cuenta "con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai" y que en la localidad de Alsasua a este movimiento se le conoce como Ospa Mugimendua. Tuvo su origen en marzo de 2011, cuando se creó la denominada 'Comisión Antirrepresiva de Alsasua' que ha venido desarrollando diferentes actividades.

COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo declaró el pasado 1 de junio a la Audiencia Nacional competente para investigar los hechos al entender que se trata de un delito de terrorismo.

El Supremo determinó, de acuerdo con un informe de la Fiscalía, que en ese momento procesal la competencia era de la Audiencia Nacional que se encarga de los delitos de terrorismo, sin perjuicio del resultado de la investigación y de lo que, en su caso, pudiera decidirse en el momento del enjuiciamiento.

La Sala Segunda de Lo Penal del alto tribunal resolvió en su auto el conflicto de competencia planteado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Pamplona, a instancia de la Audiencia de Navarra, que consideraba que la causa debería ser juzgado allí y no en la Audiencia Nacional.