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Editorial DE DIARIO DE NOTICIAS

Disparate fiscal, anacronismo jurídico

El Ministerio Público pide 375 años de cárcel para los acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. El sinsentido y la desproporción alcanzan su cénit, banalizando el terrorismo y estigmatizando a un pueblo entero

Miércoles, 5 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Nada menos que 375 años de prisión es lo que solicita la Fiscalía de la Audiencia Nacional a las ocho personas acusadas de agredir en Alsasua a dos guardias civiles y a sus parejas el pasado 15 de octubre. Una petición absolutamente desmesurada y sustentada en una interpretación tan forzada como que liga los reprobables hechos acontecidos en la madrugada de un sábado en un bar directamente con ETA, que según el relato del Ministerio Público reivindicaba desde 1976 la campaña Alde Hemendik -fuera de aquí- y en la que enmarca un altercado nocturno que se dirime en un juzgado de excepción como la Audiencia Nacional y en el contexto de una modificación del Código Penal aprobada por la mayoría absoluta del PP y denunciada por organismos internacionales como la ONU. La calificación de la Fiscalía eleva a su máxima graduación una lectura de la juez instructora del caso que en su motivación llega a establecer un vínculo entre la referida campaña y EH Bildu y Sortu, como si esas siglas no fueran legales y sus miembros no integrasen las instituciones. Un dislate que ratifica la impresión fundada de que este procedimiento constituye un flagrante anacronismo doctrinal, pues reactiva la infausta teoría del todo es ETA,y asimismo una causa extemporánea al tratarse frenéticamente de basar la acusación en una organización ya desarmada que anunció su cese definitivo en octubre de 2011. Pese a lo que se persiste en propalar desde los altavoces de la derecha más reaccionaria, la controversia jurídica concurre por encima de ideologías y de sentimientos de pertenencia. De hecho, la Sección Primera de la Audiencia de Navarra vislumbró un posible delito de atentado contra la autoridad que redundó en una fractura desplazada de tobillo de uno de los agentes que, pese a ser evidente objeto de repulsa, a juicio de este tribunal no reviste un alcance como para amparar una tipificación de terrorismo. Como tampoco atisba la Audiencia de Navarra una intención de generar un estado de terror o de subvertir el orden constitucional, en línea con el reconocimiento del coronel-jefe de la Guardia Civil de que la Benemérita no se siente “especialmente incómoda” en Alsasua. Posicionamientos todos soslayados en la Audiencia Nacional, con la Fiscalía sumada al disparate de banalizar la actividad terrorista mientras se criminaliza a todo un pueblo por unos execrables hechos que nunca debieron ocurrir pero tampoco deparar tan desproporcionadas consecuencias.

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