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El cuatripartito tilda de 'aberrante y desproporcionada' la pena que pide el fiscal para los jóvenes de Alsasua

Manifiestan su "más rotunda discrepancia" con la petición fiscal de 375 años de prisión para los encausados - UPN y PPN piden "respeto a las decisiones judiciales, a la democracia y a la división de poderes"

El Gobierno no comparte la petición de la Fiscalía: "Que sean juzgados en Iruña"

EP - Miércoles, 5 de Julio de 2017 - Actualizado a las 10:35h

Una de las manifestaciones que ha tenido lugar en Alsasua en los últimos meses.

Imagen de archivo de una de las manifestaciones que ha tenido lugar en Altsasu en los últimos meses. (Javier Bergasa)

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  • Una de las manifestaciones que ha tenido lugar en Alsasua en los últimos meses.
  • Concentración convocada por familiares de los jóvenes de Alsasua procesados.

PAMPLONA. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han presentado una declaración conjunta en el Parlamento de Navarra en la que manifiestan su "más rotunda discrepancia" con la petición fiscal de 375 años de prisión para los encausados por la trifulca con dos guardias civiles en Alsasua.

El cuatripartito considera que "este caso ha llegado a un nivel de desproporción y sinrazón inaceptables".

La declaración, que había sido presentada para su votación este miércoles en el Parlamento, finalmente no se ha debatido, dado que UPN y PPN han votado en contra de una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces del Parlamento al no haberse convocado con 24 horas de antelación. La declaración se debatirá en una próxima sesión, probablemente en septiembre.

En todo caso, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado, en declaraciones a los medios, que "vivimos en una democracia, existe la división de poderes, las instituciones tiene que hacer su trabajo y respetamos las decisiones judiciales". "Cuando uno se cree de verdad que vive en un Estado democrático se lo tiene que creer las 24 horas del día", ha indicado.

Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha considerado que la petición del fiscal es "totalmente desproporcionada y la justicia tiene que ser proporcional y proporcionada". "Creemos que el delito que se cometió no entra dentro de lo que puede ser calificado como terrorismo y exigimos que estos actos sean juzgados en la Audiencia Provincial de Navarra", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que lo ocurrido en Alsasua es "una trifulca de bar" y ha considerado que no hay indicios "para que los hechos sean calificados de terrorismo". "Es una aberración y una barbaridad jurídica, no tiene sustento legal más allá del ánimo vengativo. Que haya un fiscal en la Audiencia Nacional para establecer estas condiciones de penas nos parece una auténtica barbaridad", ha dicho.

Por parte de Podemos, Mikel Builtambién se ha mostrado en desacuerdo con la petición fiscal, aunque ha dicho que "ya sabíamos que esto podía suceder gracias a la reforma populista del Código Penal". Además, ha dicho que la misma posición contraria a este procedimiento la tienen "el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, la Audiencia Provincial, el Parlamento de Navarra, cantidad de municipios y 51 europarlamentarios".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha preguntado al cuatripartito "dónde está la separación de poderes". "Bildu ha salido otra vez a criticar la decisión de la fiscalía, violando la separación de poderes. Algo de razón debería tener la Audiencia Nacional cuando decidió que el caso debería ser juzgado allí y juzgado por delito de terrorismo", ha indicado.

Finalmente, la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha calificado de "exagerada, desmesurada y desproporcionada" la pena que pide el fiscal y ha afirmado que "no hay nada que justifique que estos jóvenes que participaron en esta pelea estén en estos momentos encarcelados, no hay nada que justifique la desproporcionada pena del Ministerio Fiscal, ni que justifique que el altercado se califique de terrorismo", ha dicho.

EL GOBIERNO FORAL PIDE QUE SE LES JUZGUE EN NAVARRAEn la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo de este miércoles, la portavoz del Gobierno navarro, María Solana, ha afirmado que la petición fiscal ha sido una de las cuestiones que se ha tratado en la reunión y ha destacado que "lo que el Gobierno ha valorado en torno a esta cuestión es lo que ya venía valorando desde hace mucho tiempo, prácticamente desde aquel octubre de 2016 cuando sucede lo que sucede en Alsasua".

Unos hechos que, según ha recordado, el Gobierno de Navarra "condenó inmediatamente, a las pocas horas", si bien ha remarcado que "en todo momento" el Ejecutivo foral también ha dicho y ha defendido que "no entendía lo sucedido en Alsasua como un delito de terrorismo". "Se ha hablado de desproporción y se ha dicho que no se compartía esa estimación, por lo tanto, el Gobierno tampoco hoy comparte la petición de la Fiscalía", ha aseverado.

En este sentido, ha resaltado que "esta misma apreciación la ha hecho la propia Audiencia Provincial de Navarra que ha defendido la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo". "Esa es la apreciación más ajustada y entendemos que estos hechos deben ser juzgados en Pamplona", ha sostenido.

Por otro lado, Solana ha recordado el acuerdo al que llegó la pasada semana el Ejecutivo foral por el que "decidió llevar adelante la solicitud que se le hacía mediante declaración institucional por parte del Parlamento de Navarra" y acordó "interesarse ante el Ministerio del Interior por la situación de estos jóvenes de Alsasua reclamando, entre otras cuestiones, el levantamiento de las medidas extraordinarias de aislamiento y separación".

Según ha indicado, todavía "no ha habido un retorno, ni podemos dar ninguna información más sobre la situación".

EL GOBIERNO VASCO TAMBIÉN RECLAMA "PROPORCIONALIDAD" El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha eludido pronunciarse en torno a la petición de la Fiscalía, pero ha mostrado su deseo de que en este proceso judicial "impere la proporcionalidad".

Ha explicado que el Gobierno Vasco "se identifica" con el posicionamiento de las instituciones navarras y de la Audiencia Provincial de la Comunidad Foral en torno a este asunto.

El Ejecutivo navarro ha asegurado que no comparte la decisión del Ministerio Público, y ha considerado que la condena que se pide es "desproporcionada". Fernández ha mostrado su deseo de que en el proceso judicial "impere el sentido de la proporcionalidad, por el bien de todas las partes".

LA AUGC RESPALDA A LA FISCALÍA La AUGC, asociación de guardias civiles mayoritaria y la única que se encuentra personada como acusación popular en este caso, cree que la calificación de los hechos como terrorismo "se enmarca dentro de la estrategia de ETA y su entorno para expulsar del País Vasco y Navarra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Es decir, la Fiscalía contextualiza la agresión en el "acoso que la izquierda abertzale sigue manteniendo sobre los guardias civiles y su entorno en muchas localidades de Navarra y el País Vasco".

La asociación de guardias ha confiado en que la justicia "caiga con todo su peso sobre estas personas que supuestamente materializaron en forma de graves agresiones el acoso y persecución al que se somete a diario a cientos de trabajadores del Cuerpo en determinadas localidades de estas comunidades".

SORTU DENUNCIA LA "CRUELDAD EXTREMA" Sortu denuncia la "crueldad extrema" hacia los detenidos en Alsasua Pamplona, 5 jul (EFE).- Sortu ha denunciado la "crueldad extrema" y el "ensañamiento" de la Fiscalía de la Audiencia Nacional hacia los ocho jóvenes que fueron detenidos el 15 de octubre de 2016 por una agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, para los que se pide en total 375 años de prisión.

El "ensañamiento" de la fiscalía "resulta enormemente extremo y desproporcionado", destaca Sortu en un comunicado, en el que considera que "esta esperpéntica petición demuestra la inhumana crueldad que instancias del reino están dispuestas a aplicar ante cualquier expresión que desagrade al régimen, aunque sea en el contexto de una trifulca de bar a las tantas de la mañana".

Tras mostrar su solidaridad con los detenidos y sus familiares, Sortu exige su inmediata puesta en libertad y apuesta por la "desmilitarización de Euskal Herria". "La Guardia Civil tiene que marcharse. Es hora de paz, es hora de que se vayan", asegura la formación abertzale, que se reafirma "en la apuesta por la paz y la convivencia", aunque "aquí algunos y algunas no tienen ningún interés para trabajar a favor de la paz".

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