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van desde los dos años a cadena perpetua

Duras penas a los 23 saharauis del campamento de Gdeim Izik

Las condenas por la muerte de 11 policías marroquíes en la destrucción del campo van desde los dos años a cadena perpetua

Jueves, 20 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Quema del campamento Gdeim Izik.

Quema del campamento Gdeim Izik. (EFE)

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  • Quema del campamento Gdeim Izik.

rabat/madrid- La Sala Penal del Tribunal de Apelación de Salé, en Marruecos, ha condenado a penas que van de entre dos años de cárcel a cadena perpetua a los 23 activistas saharauis imputados en relación con la muerte de once miembros de las fuerzas de seguridad durante el violento desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik, cerca de El Aaiún, en noviembre de 2010.

Según informó la agencia oficial marroquí MAP, ocho de los imputados han sido condenados a cadena perpetua, mientras que otros tres han recibido penas de 30 años de cárcel y cinco más de 25 años. Asimismo, tres han sido condenados a 20 años, otro a seis años y medio, otro más a cuatro años y otros dos a dos años de cárcel.

El tribunal, además, ha decidido la transferencia de los fondos incautados a los acusados al Estado y la destrucción de los otros bienes incautados y ha condenado a la parte civil en el proceso a pagar las costas del juicio.

En febrero de 2013, el tribunal militar de Rabat había condenado a penas de entre 20 años y cadena perpetua a los imputados, a quienes se acusaba de “constitución de bandas criminales y violencia contra las fuerzas del orden que conllevó su muerte con premeditación, mutilación de cadáveres y complicidad”.

En su sentencia de ayer, el tribunal de Salé decidió abandonar los cargos contra algunos de los acusados por “constitución de banda criminal” y procesarles solo como al resto, por “violencia contra las fuerzas públicas durante el cumplimiento de su función que conllevó heridas”.

Human Rights Watch (HWR) y Amnistía Internacional (AI) habían emplazado el lunes a las autoridades judiciales marroquíes a asegurar que las condenas en este proceso no se dictan según confesiones o declaraciones que impliquen a otros demandados y se hayan obtenido mediante la tortura u otros malos tratos policiales durante los interrogatorios.

El veredicto culmina así un proceso que se abrió en diciembre de 2016, después de que el Tribunal de Casación de Rabat ordenara que se llevara a cabo un procedimiento civil tras la aprobación de una ley que prohíbe que se juzgue a civiles en tribunales militares.

La última sesión se celebró en presencia de los familiares de las víctimas marroquíes, varios observadores internacionales y algunos periodistas, pero en ausencia de los acusados y de sus familiares, que decidieron desde el pasado mayo boicotear el juicio y pidieron a sus anteriores abogados defensores retirarse del caso, en protesta contra la convocatoria de nuevos testigos.

HRW y Amnistía denunciaron que los acusados sufrieron fuertes palizas y fueron suspendidos por las muñecas y las rodillas, además de sufrir amputaciones de las uñas y violaciones con objetos.

condena “infame”La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) calificó de “infame” la condena dictada contra los 23 saharauis tras un “juicio ilegal” por parte de un “tribunal marroquí, parcial y dependiente”.

Según la organización, estas condenas “son una muestra más del odio que el régimen marroquí demuestra contra toda la lucha pacífica del pueblo saharaui en defensa de los Derechos Humanos y en particular en defensa del derecho de autodeterminación”.

CEAS-Sáhara denunció que el tribunal encargado del caso es “extraterritorial e incompetente” puesto que los hechos se produjeron en el Sáhara Occidental, “ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción” del mismo, lo que convierte todo el proceso “nulo de pleno derecho”.

La organización prosaharaui sostuvo que los acusados son “presos de conciencia” y que sus condenas se han basado “en confesiones presuntamente obtenidas mediante la tortura y los malos tratos”, recordando que el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó en noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación a uno de los condenados.

Miles de manifestantes pidieron en el campamento de Gdeim Izik en 2010 “el fin de la ocupación y el derecho inalienable a la libre determinación y la independencia”. En el desmantelamiento de la protesta (noviembre de 2010) hubo 13 muertos: once policías marroquíes y dos civiles saharauis. Fue el momento más crítico vivido en la zona desde el alto el fuego proclamado entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991. - Efe/E.P.

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