Estado de Derecho

Por Josu Iraeta - Jueves, 20 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

a l escuchar las noticias que nos llegan desde la capital de España relacionadas con un conflicto -ya famoso- surgido en un bar de Altsasu entre jóvenes del pueblo y varios miembros de la Guardia Civil, en el que a los primeros el ministerio fiscal les pide penas centenarias;quienes ya vamos cumpliendo años en esto de la política, por lo que la experiencia nos hace ser más precavidos que antaño, buscamos con frecuencia en la historia con la sana intención de encontrar referencias que ayuden, además de a conocer situaciones semejantes a la que vivimos, a contrastar experiencias con nuestro pasado.

Naturalmente, la reflexión no permite resolver con idéntica actitud, pero ayuda a penetrar en el alma del enemigo -que sigue siendo el mismo- y eso es importante a la hora de defenderse.

La historia se repite, aunque con especificidades propias del transcurso del tiempo. Cierto que son otros tiempos, pero a partir de que el duque de Alba con sus tropas españolas conquistara el reino pirenaico, dividiéndolo en dos partes, las cosas no han cambiado tanto como algunos suponen.

En aquel tiempo, la consecuencia se tradujo en una organización eminentemente feudal, un sistema generado por los dos únicos legisladores en España por el Estatuto Real;el estamento de los próceres y el de los procuradores del reino. Fue un sistema en el que el feudalismo era la expresión del poder absoluto, en el que el derecho estaba por debajo del poder. ¿Les suena de algo?

En los tiempos actuales, en los que la libre expresión no está condicionada (?), creo poder afirmar que tanto Navarra como el conjunto de Euskal Herria, de hecho, no son dueñas de su destino desde el siglo XVI.

Acudiendo a las fuentes naturales -que están para ser estudiadas y no interpretadas- se puede comprobar cómo la Constitución de Bayona y la de Cádiz, al comienzo del siglo XIX, caracterizaban a Navarra como una simple provincia del Estado. Y los borbones mantuvieron el sistema foral durante parte del siglo XVIII, pero hacia su final, ya intentaron crear una igualdad jurídica entre los reinos pertenecientes a la monarquía española. Potenciaron así ese mito equívoco, tan de moda hoy, del igualitarismo, parido en la Revolución Francesa y creador de estados jacobinos uniformistas y unitarios, enemigos de la libertad de los pueblos.

Seguro que más de uno fruncirá el ceño, pero aquí quiero citar a Carlos Marx. Y lo cito porque creo que estamos viviendo un proceso que su doctrina había previsto. Una vez eliminados los regímenes afines al marxismo, el paisaje surgido de sus ruinas es calcado a lo que denunció: “Pillaje y especulación de una minoría de burócratas, oportunamente reconvertidos en las virtudes de librecambio, y el hundimiento en la pobreza de la mayoría”. Podríamos concluir que hemos vuelto al universo natural de la injusticia, el egoísmo, la crueldad y el triunfo de la fuerza.

Uno es consciente del natural subjetivo, pero no soy yo quien hoy está manifestando, utilizando para ello letra impresa: “España funciona cuando funcionan los resortes mágicos del hombre, cuando el hombre se hace sistema, llámese este Fernando El Católico, Francisco Franco o Mariano Rajoy”. Quienes esto afirman se postulan y hacen su campaña afirmando que “pocos se atreven a enfrentarse con sereno valor a una situación que está exigiendo medidas excepcionales, aún a riesgo de reajustar o suprimir formalidades administrativas más o menos solemnes”. Esto hay quien lo exige, claro, pero es el Gobierno del señor Rajoy quien lo pondrá en práctica, quizá incluso antes del primero de octubre.

Es evidente y palmario que la democracia no les gusta. Afirman que fue la democracia la causante de la dictadura o una consecuencia de la misma. De hecho, actúan como lo hacían los romanos cuando la democracia les fallaba. Este gobierno del Partido Popular camina para atrás, quieren restablecer la aventura que culminó en el tercer cuarto del pasado siglo XX.

Como consecuencia de todo lo expuesto hasta ahora, se puede afirmar que en el Estado español no se ha instalado la democracia, esto es, la doctrina favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, o su predominio sobre cualquier posible abuso de poder o despotismo. La Constitución española no ha sido capaz de articular un sistema democrático. Esa es la verdad que genera preguntas que nadie formula y a las que antes que tarde la sociedad española debe responder con claridad. La ideología nacional extrema y exclusivista de personajes como Rajoy y los ministros que conforman su gobierno, patrocinadora de valores retrógrados, ¿puede ser definida como fascista? Un estudio serio nos mostraría su parentesco con la que prevaleció en la España de los cristianos viejos, con su deseo de vengar viejas afrentas. El nacionalpopulismo hoy emergente, ¿de dónde viene?, ¿qué raíces tiene? Lo cierto es que llegar a esta situación que vivimos hoy les ha costado muchos años. Para ello ha sido fundamental su sistema de propaganda, y no me refiero solo a los medios públicos, directamente gestionados por el gobierno y sus aledaños. El sistema de propaganda del Estado es un sistema privatizado que incluye a los medios de comunicación, a revistas de opinión y tertulias radiofónicas, que cuentan con una supuesta intelectualidad organizada. Los más organizados controlan básicamente incluso el sistema educativo. Su función es crear y difundir un cuerpo de doctrinas y creencias que socave el pensamiento independiente y así evitar que se comprendan y analicen las estructuras institucionales y sus verdaderas funciones.

Así es como ejercen el poder político. En estos parámetros nos estamos moviendo. Unos buscan el caos para poder ejercer la fuerza y otros intentamos que prevalezca el derecho y la razón.

Ante esta situación, ¿pueden los ciudadanos españoles de hoy aceptar un sistema que se dice democrático, que ha sido capaz de excarcelar en 2004 a un delincuente como el exgeneral Rodríguez Galindo, que fue condenado a 75 años de prisión por el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala solo cuatro años antes?

Ni el Estado español ni el gobierno de Mariano Rajoy son vírgenes porque sí, señores. Y no importa quién ni dónde manifieste lo contrario.

Tras esta exposición, la pregunta que procede es tan clara como áspera. ¿Cómo puede definirse a un país cuyos ciudadanos blindan a un gobierno capaz de semejantes tropelías, pretendiendo dar un cariz democrático a una continuada práctica absolutista?

Con estas premisas, vivir en paz y concordia vecinal no parece fácil.

El autor es escritor