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El Gobierno defenderá el régimen foral “hasta el final” frente a la intromisión del Tribunal de Cuentas

El Ejecutivo recuerda al órgano fiscalizador estatal que sus actuaciones “deben respetar el Amejoramiento”, y pide que las discrepancias se resuelvan “por la vía competencial”

Andoni Irisarri - Jueves, 20 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Fachada de la Cámara de Comptos.

Fachada de la Cámara de Comptos. (D.N.)

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Fachada de la Cámara de Comptos.

pamplona- El Gobierno de Navarra ha hecho saber al Tribunal de Cuentas que sus exigencias de fiscalización sobre las cuentas públicas navarras exceden lo pactado en el Amejoramiento y que, por lo tanto, no facilitará más documentación que los informes de actuaciones que periódicamente la Cámara de Comptos envía al órgano fiscalizador estatal.

Es la decisión que ayer tomó el Ejecutivo foral en vistas a la insistencia del Tribunal de Cuentas, que el pasado 4 de julio volvió a requerir al Gobierno de Navarra una serie de documentación específica para iniciar la fiscalización de los Presupuestos, los objetivos de estabilidad presupuestaria y los planes económico-financieros desde el año 2014. Una petición que ya encontró la negativa del Ejecutivo foral el pasado 30 de marzo, pero que se ha vuelto a reformular -y además con amenaza de sanción- a través de una carta firmada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, fechada el 4 de julio y que arribó al registro del Palacio de Navarra el 12 de julio. En dicha carta, Álvarez de Miranda volvía a pasar por encima del pacto del Amejoramiento que confiere a Comptos la fiscalización en exclusividad del sector público en Navarra, requería de nuevo los documentos y amenazaba con iniciar acciones contra el Gobierno en caso de que en 15 días no se remitiese la información solicitada. Pero ni siquiera las amenazas de multa han hecho cambiar de parecer al Gobierno, que como “máximo garante de la integridad del régimen foral de Navarra” defenderá las estructuras de su autogobierno “hasta el final”. Así lo declaró ayer la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, quien compareció tras la sesión del Gobierno para explicar la respuesta al Tribunal de Cuentas.

respuesta con informeNo es la primera vez que el órgano fiscalizador estatal trata de invadir las competencias que por ley tiene asignadas en exclusividad Comptos. Al menos en los años 2001, 2004, 2013 y 2015 el Gobierno de Navarra adoptó acuerdos por los que negaba determinada documentación al Tribunal de Cuentas, alegando siempre lo dispuesto en el Amejoramiento. Pero esta vez -“y a diferencia de Gobiernos anteriores”, precisó Beaumont- el Ejecutivo ha querido acompañar su respuesta con un profuso informe elaborado por los servicios centrales de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra. En dicho informe, Navarra se apoya en la disposición adicional primera de la Constitución española (que reconoce y ampara los derechos históricos de Navarra, también en control externo de gestión económica y financiera de su sector público) y el artículo 18 bis del Amejoramiento, según el cual el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar directamente el sector público foral. Pero también añade dos sentencias del Tribunal Constitucional, de diciembre de 2013 y octubre de 2014, en las que el alto tribunal reconoce el plus competencial de Navarra para auditar sus cuentas. Todo esto, sumado al dictamen del departamento de asesoría legal de Comptos en el que también se alude a la Constitución y al Amejoramiento, proporciona un colchón jurídico que hace pensar a Beaumont que el Tribunal de Cuentas “entenderá que la posición de Navarra está suficientemente bien argumentada en lo jurídico”, y reconsiderará la posición manifestada por Álvarez de Miranda, sobre todo con respecto a las acciones que podrían llevarse a cabo desde el órgano fiscalizador estatal.

situación “inexplicable”Las multas previstas en el artículo 30 que rige el funcionamiento del Tribunal de Cuentas oscilan entre los 60 y los 900 euros, pero también podría derivarse el caso por la vía penal o vía sanciones disciplinarias, que podrían implicar hasta el cese del responsable del incumplimiento. Extremos que, a juicio de Beaumont, no se darán. Porque la respuesta de Navarra invita al Tribunal de Cuentas a ajustarse a lo pactado en el Amejoramiento y “resolver las discrepancias como se han venido haciendo hasta ahora;esto es, en total sintonía y por vía competencial”. En cualquier caso, la consejera de Presidencia dejó claro que “Navarra defenderá este asunto, y con él el Fuero, hasta el final”, y recurrirá a todas las instancias posibles en caso de que se tome alguna improbable represalia.

La situación, inédita en su beligerancia por parte del Estado, es difícil de comprender por parte del Gobierno. “No encontramos una explicación”, aseveró ayer Beaumont, quien cree que hay “una contradicción” entre este episodio y situaciones anteriores similares, en las que también se intercambiaron oficios pero sin llegar a amenazar con la imposición de sanciones disciplinarias.