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El Gobierno indulta a seis condenados por prevaricación en 2017

El Gobierno ha concedido un 1% de las medidas de gracia solicitadas desde 2015
Podemos critica el alto número de indultos concedidos a petición de cofradías en Semana Santa

Viernes, 21 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Margarita Robles (i) y su sustituta en la Comisión de Justicia, Isabel Rodríguez, en la sesión de ayer.

Margarita Robles (i) y su sustituta en la Comisión de Justicia, Isabel Rodríguez, en la sesión de ayer. (Foto: Efe)

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Margarita Robles (i) y su sustituta en la Comisión de Justicia, Isabel Rodríguez, en la sesión de ayer.

pamplona- El Gobierno ha incluido a seis condenados por prevaricación en sus 20 indultos concedidos en 2017, pese a ello informó ayer de que no concedido ningún a condenados por delitos de corrupción ni tampoco por violencia de género, seguridad vial ni contra la Hacienda Pública en el último año y medio, por la especial “repulsa” que generan en la opinión pública.

El Gobierno ha concedido de media un 1% de las solicitudes de indulto que ha resuelto anualmente desde 2015, según informó ayer la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, que destacó la “progresiva reducción” que se ha producido desde 2007, cuando la cifra era un 11,26%.

Roldán compareció en la Comisión de Justicia para dar cuenta de los indultos concedidos o denegados por el Ejecutivo en el último año y medio -tras la última modificación del Código Penal, que entró en vigor en marzo de 2015-, aunque aportó también cifras de años anteriores.

Ante los diputados destacó cómo en los últimos años se ha acentuado el “carácter excepcional” de la concesión de indultos. Así, detalló que en años anteriores se concedían una media de 400 indultos anuales -521 en 2007, 405 en 2008, 423 en 2009, 501 en 2012-, pero que en 2013 hubo una drástica reducción. Ese año fueron 109;en 2014, 72;en 2015, 73;en 2016, 27;y en el primer semestre del año pasado se contabilizaron 20.

La subsecretaria de Justicia subrayó que el Gobierno ha sido “extremadamente cauteloso” en la utilización de esta medida de gracia y ha actuado con una “adhesión elevadísima” a los criterios contenidos en los informes técnicos del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, que expresaron su parecer favorable -uno de los órganos o ambos- en el 95% de los indultos concedidos.

Asimismo, indicó que cada año se presentan y se resuelven un elevado volumen de solicitudes, con 4.628 en 2007, 5.316 en 2008 y 5.758 en 2015. En 2016 se produjo un descenso significativo, hasta las 3.774, que ha atribuido en parte a la “peculiar situación política”, ya que el Gobierno estaba en funciones. Según los últimos datos disponibles, en el primer semestre de este año hubo 1.943 solicitudes.

Roldán afirmó que en el periodo en que el Ejecutivo estaba en funciones, se otorgaron indultos “en casos excepcionalísimos”. A este respecto, el portavoz de Unidos Podemos, Jaume Moya, apuntó que trece de los quince indultos del año pasado se aprobaron en Semana Santa tras ser solicitados por cofradías, y la subsecretaria de Justicia le ha contestado que eso no supone “ningún privilegio” ya que las cofradías están en su derecho de pedirlo.

En líneas generales, los grupos valoraron los datos ofrecidos, aunque algunos criticaron el retraso de dos años en presentarse el Congreso, que Justicia justificó por el año que el Gobierno estuvo en funciones y porque “parecía lógico” que, si la ley obliga a presentarlo cada seis meses, “hacerlo en el semestre de un año natural”.

Sin apenas críticas del PSOE y Ciudadanos y con el apoyo del PP por la “transparencia” del Gobierno, Podemos centró las principales críticas en la comisión, al cuestionar el “enorme porcentaje de indultos a instancias de cofradías” de Semana Santa “en un estado laico” y la medida de gracia concedida a seis empleados públicos condenados por prevaricación. - D.N.

el dato

Ley de 1970. En estos momentos se está tramitando en el Congreso una proposición de ley del PSOE para modificar la Ley del Indulto, que data de 1870. El texto se tomó en consideración el pasado 14 de febrero, pero desde entonces quedó varado en la Comisión de Justicia porque acumula ya más de cinco meses de prórrogas en el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas.