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Los ayuntamientos recuperarán las competencias

Pacto de Estado contra la violencia machista con 200 medidas y 1.000 millones de €

Los ayuntamientos recuperarán las competencias para la atención a las víctimas

Viernes, 21 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Performance realizada en la UPNA con motivo del día contra la violencia machista.

Performance realizada en la UPNA con motivo del día contra la violencia machista. (UNAI BEROIZ)

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  • Performance realizada en la UPNA con motivo del día contra la violencia machista.

madrid- Los grupos de la subcomisión del Congreso para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género llegaron ayer a un acuerdo sobre doscientas medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años para luchar contra este problema social, a falta de cerrar el documento final.

Fuentes parlamentarias consultadas precisaron que el próximo fin de semana se terminará de redactar la parte introductoria del texto, el resumen de las comparecencias de expertos que han acudido a la subcomisión y la reglamentación.

La subcomisión se reunirá el próximo lunes 24 de julio para la lectura y aprobación del documento, tras revisar la redacción del concepto de violencia de género, el artículo uno de la ley integral, que es la “llave” del acuerdo.

El viernes 28 de julio el texto se someterá a la aprobación de la Comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus votos particulares con aquellas cuestiones que han quedado fuera del acuerdo, como la gestación subrogada.

El Pleno del Congreso aprobó el 15 de junio otorgar una nueva prórroga hasta el 31 de julio a la subcomisión para entregar sus trabajos finales. En principio, la subcomisión debía haber terminado su dictamen el pasado 16 de junio, pero solicitó un aplazamiento por falta de tiempo para culminar su trabajo.

Los grupos de la oposición calificaron de “aceptable” la dotación presupuestaria del pacto, que supone “una mejora sustancial” con respecto a los 6 millones de la propuesta inicial del PP, aunque han reclamado un compromiso económico a más largo plazo.

Los partidos han conseguido sacar adelante el acuerdo a partir de un documento base redactado por el PP, encargado de esta labor por tratarse del grupo mayoritario en la Cámara baja. Las propuestas han sido revisadas una a una, modificadas y reordenadas.

Entre las medidas acordadas, destaca la reestructuración del sistema de atención social a las mujeres que no han interpuesto denuncia por violencia de género.

Esto supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género, así como el cambio de los criterios de acreditación de la condición de víctima para poder acceder a una asistencia social integral.

La acreditación como víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.

Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, los grupos han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones, que estarían a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales.

comisión no legislativaDesde su creación el pasado mes de febrero, la subcomisión en el Congreso ha acogido las comparecencias de más de sesenta expertos y representantes de la sociedad e instituciones para recoger sus propuestas.

ERC, PNV, PDeCAT y Compromís lograron que se incluyera en el texto una referencia a las competencias de las comunidades autónomas en materia de violencia de género.

Los grupos han acordado la creación de una comisión no legislativa en el Congreso para el seguimiento del pacto de Estado, que entre otras competencias podrá hacer un seguimiento presupuestario y fiscalizar la puesta en marcha de las medidas. - Efe

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