Editorial de diario de noticias

Amenaza sobre amenaza

La medida anunciada por el Gobierno de Rajoy de controlar los gastos del Govern es una intervención de facto de la economía catalana y una humillación y advertencia intolerables

Lunes, 24 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Apoco más de dos meses para la celebración del anunciado referéndum sobre la independencia de Catalu- nya el próximo 1 de octubre, los movimientos tanto por parte de la Generalitat como del Gobierno español se suceden de manera vertiginosa sin que, objetivamente, el ciudadano sepa a ciencia cierta si la consulta tendrá finalmente lugar, en qué condiciones, bajo qué organización, con qué garantías y con qué consecuencias. Cuando faltan diez semanas para el 1-O, la imagen que se proyecta a la sociedad es desgraciadamente muy parecida a la gráfica metáfora que se viene usando en los últimos meses: el choque de trenes, con sus correspondientes consecuencias. En los últimos días, el Govern liderado por Carles Puigdemont ha dado claras muestras de querer mantener su órdago por encima de imposiciones y amenazas externas y de indicios de flaquezas respecto a la apuesta en las propias filas. Los cambios en el gabinete catalán, con la sustitución de tres consellers y la consiguiente remodelación del ejecutivo para dotarle de un perfil netamente independentista, unido al relevo, con idéntico propósito, del director de los Mossos d’Esquadra y las renuncias y las dudas expresadas por diversos funcionarios -en especial, del responsable de Emergencias y del letrado mayor del Parlament-, han colocado al procés en una situación delicada desde el punto de vista interno. Al mismo tiempo, el Estado español ha incrementado su actitud prepotente y amenazadora en varios frentes, tanto con la imagen provocadora de la Guardia Civil entrando en las sedes del Parlament y de la Generalitat como en su última e insólita decisión de arrogarse la capacidad de controlar semanalmente los gastos del Govern para evitar que destine partidas a la organización o ejecución del referéndum. Esta medida no es sino una intervención de facto de la economía catalana que ojalá el Gobierno español hubiese realizado sobre sus propias cuentas hace muchos años. Hacerlo sobre Catalunya no es sino una actitud autoritaria y deliberadamente humillante, una intromisión inadmisible en la autonomía y en la capacidad de autogobierno -casi un ensayo de la aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución- y una amenaza directa a los funcionarios en concreto y a la Generalitat en general. Una prueba más de desprecio que ahonda en el agravio y aleja la necesaria solución basada en el diálogo y el acuerdo.

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