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“mirar sus gastos” destinados a “informes falsos"

El consejero Turull reta a Rajoy a actuar contra todos los miembros del Govern

El Gobierno da a la Generalitat hasta el jueves para identificar a los interventores que informarán sobre las cuentas

Lunes, 24 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

El conseller de Interior, Joaquim Forn (4d), y el director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler (c), junto a otros mandos en la primera reunión con la nueva cúpula de la Policía catalana.

El conseller de Interior, Joaquim Forn (4d), y el director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler (c), junto a otros mandos en la primera reunión con la nueva cúpula de la Policía catalana. (EFE)

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El conseller de Interior, Joaquim Forn (4d), y el director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler (c), junto a otros mandos en la primera reunión con la nueva cúpula de la Policía catalana.

pamplona- El conseller de Presidencia, Jordi Turull, retó al Gobierno a “mirar sus gastos” destinados a “informes falsos de las cloacas del Estado” antes de “dar lecciones o instrucciones” al gobierno catalán, que asume la “responsabilidad” de cualquier decisión o gasto para el referéndum unilateral del 1-O. Además, confirmó que el Govern al completo asumirán las posibles consecuencias judiciales de la consulta.

Turull lamentó que el Gobierno haya “intervenido financieramente” a la Generalitat y que pretenda controlar todos los gastos de la administración catalana para que no se destine ni un euro al referéndum anunciado por el Govern para el 1 de octubre. “Que miren también sus gastos, lo que han gastado en informes falsos de las cloacas del Estado o por qué no han sido tan vigilantes con los 60.000 millones destinados al rescate de la banca o los 1.400 millones para la plataforma Castor. Que vigilen su casa, que lo hagan bien, y que después intenten dar lecciones o instrucciones a los demás”, indicó Turull.

El Gobierno no quiere dejar vacíos que pueda utilizar la Generalitat para esquiar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulas las partidas presupuestarias previstas para financiar el referéndum. El método elegido es el de reclamar la identificación uno por uno y por su nombre de todos los interventores y responsables económicos del sector público catalán, a los que advierte de posibles “responsabilidades penales o contables” si mienten, se retrasan o se equivocan. El Ejecutivo sabrá así quiénes son los que dan el visto bueno a los movimientos del dinero público. La lista debe llegar a Hacienda el jueves. A ellos será, en definitiva, a quienes se exijan responsabilidades administrativas, contables y, en su caso, penales, si certifican gastos o autorizan pagos destinados, directa o indirectamente, a la celebración de la consulta independentista.

El conseller de Presidencia señaló también que si el Gobierno quiere identificar los “nombres y las caras” de los responsables de “cualquier decisión, cualquier gasto, directo o indirecto, sobre el referéndum del 1-O”, lo que debe hacer es mirar una foto del gobierno catalán, porque el presidente, el vicepresidente y todos los consellers asumirán “toda la responsabilidad de manera conjunta y solidaria”. “Somos nosotros los que asumimos y ponemos la cara, la determinación y la decisión”, apuntó Turull, quien exigió al Gobierno que deje a los funcionarios de la administración catalana que sigan haciendo “su gran labor de manera correcta” sin inundarles con “papeleo”. “Si se piensan que con este trabajo, con este papeleo que piden, podrán parar alguna cosa, están muy equivocados”, avisó.

Turull recordó que la Generalitat ya trasmite al Gobierno toda la documentación sobre sus cuentas porque “desgraciadamente” la administración catalana está intervenida financieramente desde hace años.

Por este motivo, se preguntó si hasta ahora el Ejecutivo central se ha mirado o no los papeles sobre los gastos que le ha entregado la Generalitat. “Que los miren, está todo perfectamente documentado”, alegó.

lluvia de millonesTurull garantizó que la Generalitat obedecerá el mandato del Parlament para organizar y celebrar el referéndum anunciado para el 1-O y ha agregado que, desde que se anunció la fecha y la pregunta del referéndum unilateral, la decisión sobre el futuro de Catalunya “está en manos de los ciudadanos”. “Si ellos -el Gobierno- pretenden hacer otra vez el ofertón del verano, que lo hagan. Y los ciudadanos, si quieren, les creerán o no. Yo, por supuesto, pero están en su derecho de hacer las propuestas que crean, que hasta ahora no han hecho, y las que han hecho, al estilo de lluvia de millones, al final son una granizada de incumplimientos”, dijo.

Según Turull, los catalanes “se han ganado el derecho” a decidir el futuro político de Cataluña votando sobre la independencia. “La decisión está en sus manos, no hay marcha atrás”, ha avisado. - D.N.

la consejería de interior

Los mossos no impedirán el 1-O

Sin temor. El conseller de Interior, Joaquim Forn, insistió ayer que los Mossos d’Esquadra no sólo no impedirán la celebración del referéndum, “sino que facilitaremos su celebración”. En una entrevista en El Punt Avui, sostiene que “la Policía catalana está para servir al pueblo de Catalunya”. “Aplicaremos la legalidad. Y entre esta legalidad está el poder votar el día 1 de octubre (...). Respetaremos la legalidad catalana, que es la que emana del Parlamento de Catalunya. Es a quien hemos de respetar”, dijo tras descartar que haya preocupación entre los mossos por estas cuestiones y que Gobierno vaya a suspender las competencias de la policía catalana o la autonomía.

las cifras

30%

empobrecimiento

El ministro de Economía, Luis de Guindos, sostiene, según el análisis que su departamento ha hecho del impacto de una secesión, que ésta supondría “un empobrecimiento de entre el 25% y el 30%” para Catalunya, cuyo paro “se duplicaría”.


70%

cooperación de colau

El 70,3% de los habitantes de Barcelona cree que la alcaldesa, Ada Colau, debe cooperar con la Generalitat y permitir usar los locales municipales para el 1-O, según una encuesta de Ara.


60%

Implicación de alcaldes

Seis de cada diez catalanes demandan la implicación de su alcalde en la consulta y los habitantes de las ciudades pequeñas son los que más lo defienden.