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El Tribunal de Cuentas da otra vuelta de tuerca al caso de las dietas e investigará el sistema que Barcina y Maya instauraron

Considera que el método que UPN mantuvo entre 1999 y 2013 puede dar lugar a responsabilidades contables
Se nombrará un instructor para la causa
El auto está firmado por la consejera que exculpó a Uxue Barkos

Kepa García - Lunes, 24 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Barcina felicita en 2011 a Maya en la presentación de éste como cabeza de lista de la candidatura del partido al Ayuntamiento.

Barcina felicita en 2011 a Maya en la presentación de éste como cabeza de lista de la candidatura del partido al Ayuntamiento. (MIKEL SAIZ)

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Barcina felicita en 2011 a Maya en la presentación de éste como cabeza de lista de la candidatura del partido al Ayuntamiento.

pamplona- Nueva vuelta de tuerca en el sumario por las dietas del Ayuntamiento de Pamplona. Finalmente, el Tribunal de Cuentas va a investigar el sistema que Yolanda Barcina y Enrique Maya instauraron y mantuvieron vigente entre 1999 y 2013 para el pago de las dietas a los concejales sin dedicación exclusiva. La decisión se ha hecho pública una semana después de que este tribunal archivara las diligencias contra Uxue Barkos y ha sido adoptada por la misma consejera -nombre que reciben los jueces de este órgano- que desestimó todos los argumentos acusatorios que la asociación ultra Justitia et Veritas presentó sobre las retribuciones percibidas por la entonces diputada y edil.

El auto en el que Tribunal de Cuentas comunica su decisión de investigar el sistema que UPN puso en marcha se dictó este jueves y establece que se designe un instructor que lleve a la práctica las diligencias pertinentes. La titular de la sección de enjuiciamiento argumenta que ha tomado la medida a la vista de los antecedentes incorporados a las actuaciones, “en los que se desprende que los hechos que han dado lugar a las mismas pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance”.

Estas diligencias arrancan en mayo tras la denuncia que Geroa Bai interpuso como respuesta a la campaña mediática y judicial contra la actual presidenta por las dietas que percibió del Ayuntamiento. Aunque el sistema fue igual para todos y se aplicó sin excepciones -59 concejales de todas las formaciones políticas se encuentran en su misma situación- la denuncia se presentó solo contra ella, obviando a los responsables últimos de que el sistema fuera aprobado y de que se aplicara hasta su modificación en 2013.

En el auto se menciona que tanto el Ministerio Fiscal como el actor público (Geroa Bai) secundan la petición para que se designe un instructor para el caso. Por el contrario, el Ayuntamiento solicitó el archivo de las actuaciones en un escrito tramitado el 29 de mayo.

El sistema que se encuentra bajo sospecha entró en vigor en 1999, con Yolanda Barcina al frente de la Alcaldía. Desde entonces, cada uno de los concejales sujetos al régimen de dietas por asistencias percibía de manera anticipada el número máximo de dietas aprobado. Semestralmente se remitía a los portavoces o responsables de los grupos municipales un documento-declaración por cada concejal en el que se señalaban las sesiones que daban derecho a dieta/asistencia, y de las que se tenía constancia en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Ese documento-declaración se rellenaba, en la mayor parte de los casos, a mano, bien por el propio concejal afectado, bien por el responsable del grupo municipal. Posteriormente, una resolución del Alcalde-Presidente aprobaba la liquidación de las dietas correspondientes.

Los ediles percibían 120 euros por reunión con un máximo de una dieta al día y de 13 al mes, lo que daba un máximo de 18.720 euros anuales. Por lo general, todos alcanzaban esa cantidad, lejos de los 40.000 euros que percibían los liberados o los más de 50.000 de los concejales delegados.

dudas sobre el procedimientoEn la sentencia que desestimó las acusaciones de Justitia et Veritas, la consejera ya deslizó sus dudas sobre el procedimiento que empleó el Ayuntamiento durante catorce años. Aunque reconoce que no era objeto de la causa contra Uxue Barkos analizar la legalidad del sistema de dietas, determinó que pese a contar con la aprobación de los órganos municipales “era absolutamente inadecuado para garantizar una eficiente gestión de estos gastos y un suficiente control de los mismos”.

En la sentencia dejó escrito que “el carácter anticipado de los pagos y su articulación en nómina, unidos a la imposibilidad de poder conocer, a través de los documentos acreditativos de las reuniones del Grupo Municipal celebradas con derecho a dieta, en qué fechas y horas se celebraron tales reuniones, favorece la opacidad en la gestión de esos fondos públicos, minimiza las posibilidades de control sobre los mismos y potencia escenarios de posible enriquecimiento injusto por indebidas percepciones de dietas no justificadas que podrían encubrir sobresueldos”.