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inhabilitación del Tribunal Constitucional

Puigdemont asegura que a él solo podrá suspenderle el Parlament

Santamaría avisa al president de que cualquier acción para el 1-O tendrá consecuencias

EFE - Martes, 25 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Puigdemont acompañado por Santi Vila (2i), Joaquim Gay de Montellá (3d) y Javier Pacheco (i).

Puigdemont acompañado por Santi Vila (2i), Joaquim Gay de Montellá (3d) y Javier Pacheco (i). (EFE)

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Puigdemont acompañado por Santi Vila (2i), Joaquim Gay de Montellá (3d) y Javier Pacheco (i).

Barcelona- El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, afirmó que no aceptará una inhabilitación del Tribunal Constitucional por el referéndum del 1 de octubre, porque considera que esa decisión solo puede tomarla el Parlament.

En una entrevista al diario francés Le Figaro, Puigdemont subrayó que el Govern no renunciará al referéndum incluso en el caso de que el Constitucional lo anule. “Nuestro compromiso con la población y con el Parlamento catalán es claro: debemos resolver nuestras reivindicaciones en las urnas. Ninguna suspensión, ninguna amenaza, podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de forma democrática”, destacó.

Puigdemont apuntó que “hará como si nada” si la ley sobre el referéndum es anulada. “Y si el Tribunal Constitucional me suspende de mis funciones (...) no aceptaré esa decisión. Sólo el Parlamento catalán puede suspenderme”, añadió.

Tras conocer las palabras de Puigdemont, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ironizó sobre su “sueño” independentista y dijo que terminará cuando “caiga de la cama y se despierte”.

Mientras, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el resultado del concurso impulsado por el Govern por el que se homologa a cuatro empresas para que en el futuro, cuando sea necesario, puedan proveer sobres, papeletas y material electoral. El Departamento de Gobernación de la Generalitat culminó el pasado 14 de junio un proceso de licitación para proveerse de material electoral, diferente al de las urnas, que quedó desierto.

Además, el Ministerio de Hacienda dio 24 horas a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, para que aclare si se han desviado 6.150 euros a preparar el referéndum del 1 de octubre y le recordó que puede tener responsabilidades administrativas o penales si no contesta.

Precisamente, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, criticó al Gobierno de Rajoy por decidir ahora fiscalizar las cuentas de la Generalitat y no haber controlado los gastos de la consulta del 9N cuando tenía la obligación de vigilar las cuentas de Catalunya y del resto de comunidades desde 2015.

El Gobierno catalán garantizó que cumplirá este viernes con la exigencia del Gobierno de que le detalle semanalmente sus gastos, pero acusó al ejecutivo de tratar de “generar miedo a los funcionarios” catalanes con estas medidas, según el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

Santamaría RESPONDELa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que cualquier actuación encaminada a preparar el referéndum de Catalunya es “ilegal” y “dará lugar a las actuaciones correspondientes”. Sáenz de Santamaría respondió así a una pregunta sobre la formalización por parte de la Generalitat catalana para la compra de sobres y papeletas para una eventuales elecciones al Parlament.

“Desde que el 14 de febrero de este año el Tribunal Constitucional señalara que está prohibido cualquier acto preparatorio del referéndum, todas las instituciones del Estado hemos ido paralizando todos y cada uno de los pasos que ha ido dando la Generalitat hacia ese referéndum de carácter ilegal y que tanta división está generando además en Catalunya”, aseguró.

Por ese motivo, “cualquier actuación encaminada a preparar ese referéndum es, por tanto, una actuación prohibida e ilegal y dará lugar a las actuaciones correspondientes”, dijo Sáenz de Santamaría.

A este respecto, advirtió de que debe quedar claro que la comunidad autónoma de Catalunya, “no va a preparar con su gobierno ese referéndum” y de que cualquier actuación preparatoria del mismo “va a tener la correspondiente respuesta”. En palabras de la vicepresidenta, la actuación del Estado es necesaria para “evitar que se altere el marco de convivencia de todos los españoles y que se culminen actos de naturaleza ilegal”. 

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