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El Tribunal de Cuentas ha tratado cinco veces desde 2001 de inmiscuirse en la labor de Comptos

En 2001, 2004, 2013 y 2015 bastaron acuerdos de Gobierno reafirmándose en el Amejoramiento

El órgano fiscalizador estatal amenaza ahora con una multa a Navarra si no entrega la información

Andoni Irisarri / Mikel Saiz - Martes, 25 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

La fachada de la Cámara de Comptos, situada en el número 10 de la calle Ansoleaga de Pamplona.

La fachada de la Cámara de Comptos, situada en el número 10 de la calle Ansoleaga de Pamplona. (Mikel Saiz)

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La fachada de la Cámara de Comptos, situada en el número 10 de la calle Ansoleaga de Pamplona.

pamplona- Desde el año 2001, el Tribunal de Cuentas ha intentado hasta en cinco ocasiones fiscalizar las Cuentas Públicas de Navarra, invadiendo así las competencias en exclusiva de Comptos. En 2001, 2004, 2013 y 2015 bastaron acuerdos de Gobierno reafirmándose en el autogobierno para zanjar las polémicas. Pero en este caso, el Tribunal de Cuentas ha llegado a amenazar a Navarra con una multa si el Gobierno no proporciona diversa documentación sobre ejercicios económico financieros desde el año 2014. Una información que Navarra se ha negado a proporcionar, basándose en un preciso informe del Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno que remitió al Tribunal de Cuentas el pasado 19 de julio, y con el que se espera que termine este episodio. Como en anteriores ocasiones, estos pequeños choques se producen por el encaje específico de Navarra en el marco constitucional. De una parte, la Disposición Adicional Primera de la Constitución “ampara y respeta” los derechos históricos de los territorios forales, compendiados en el pacto que supone el Amejoramiento, en cuyo artículo 18 se específica la exclusividad de Comptos para fiscalizar a Navarra. Y al mismo tiempo, el artículo 136 de la Carta Magna designa al Tribunal de Cuentas como “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado”. Una redacción que a lo largo de la historia ha motivado casos de invasión competencial por parte del Estado, con el que no fue fácil encontrar una fórmula de encaje para Comptos.

Marco constitucionalTal y como recoge el preciso informe elaborado por el Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra fechado el 18 de julio, “la Cámara de Comptos es una institución histórica que preexiste a la Constitución”, lo que resulta determinante para el análisis de las competencias de ambos órganos. El informe, rubricado por la directora del servicio, se remonta hasta febrero de 1365 para explicar el origen del órgano fiscalizador navarro. Fue entonces cuando el Rey Carlos II de Navarra, mediante una ordenanza, decide crear una institución para controlar las cuentas públicas que funcionó durante casi 500 años (tras un pequeño lapso entre 1820 y 1823), hasta que fue definitivamente abolida por un Real Decreto de 18 de marzo de 1836, en plena Guerra Carlista. Sin embargo, y pese a que la Ley Paccionada de 1841 reconoce a Navarra “cierto grado de autogobierno en materia fiscal, administrativa y municipal”, también en gestión de fondos públicos sin intervención del Estado, no es hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978 cuando el Parlamento de Navarra, mediante norma, restablece la Cámara de Comptos en 1980 con las competencias que conocemos hoy en día, y que quedarían insertadas dentro de la Constitución a través del Amejoramiento aprobado en 1982.

En esencia, el acuerdo que se suscribió entre el Estado y Navarra tras “una negociación polémica y difícil”, como se recuerda en el informe jurídico, fue el siguiente: Comptos quedaba como único órgano fiscalizador con capacidad para auditar las cuentas del sector público de Navarra, pero a cambio tiene la obligación de remitir sus actuaciones al Tribunal de Cuentas, que se queda además con las competencias para enjuiciar posibles responsabilidades contables. Así, queda garantizado “que Navarra siga teniendo competencia exclusiva en el control de la gestión económico-financiera de sus instituciones, y por otra parte, el Tribunal de Cuentas queda como órgano fiscalizador supremo”. Sin embargo, este pacto no ha sido suficiente para que al menos en cuatro ocasiones (sin contar el último y recientísimo episodio, desatado en marzo de este año) en los últimos quince años se hayan producido intentos de invasión competencial por parte del Estado.

Amenaza sin precedentesEl primero en 2001, cuando el Tribunal requirió al director gerente de Osasunbidea la remisión de unos datos para fiscalizar determinadas actividades del Hospital de Navarra. En ese momento, un acuerdo de Gobierno del 11 de junio obligó al director gerente a no facilitar los datos que pedía Madrid. Lo mismo se hizo en 2004, cuando el Gobierno acordó instar al Tribunal a ajustarse a lo dispuesto en el Amejoramiento para negarse a la fiscalización de la tasa por aprovechamiento especial de dominio público local;misma respuesta, también por acuerdo de Gobierno, que se empleó cuando en 2015 el Tribunal de Cuentas pidió documentación para fiscalizar actuaciones relativas a la atracción de inversiones extranjeras.

Hasta ahora habían sido suficientes los acuerdos de Gobierno. El gabinete acordaba una sucinta respuesta en la que se detallaba la negativa y se invitaba a repasar el Amejoramiento, y ahí quedaba el problema. También cuando en 2013 el órgano fiscalizador estatal se dirigió a la presidenta Barcina a través de un oficio en el que se concedía un plazo para la remisión de documentos relativos a los servicios públicos prestados a municipios menores de 20.000 habitantes, en el caso más similar al que se produce ahora. Entonces, bastó con otro acuerdo de Gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, las respuestas del consejero de Hacienda el 30 de marzo y los pronunciamientos de Gobierno, expresidentes Sanz y Del Burgo y la propia Comptos no han sido suficientes para evitar que el Tribunal de Cuentas, a través de su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, haya vuelto a requerir a través de un oficio los documentos antes mencionados, con la amenaza de iniciar acciones contra el Gobierno si no se reenvían. De momento, el Ejecutivo ya ha respondido, y también el Parlamento, que el viernes pasado aprobó por unanimidad una declaración institucional de apoyo a Comptos y defensa del autogobierno, con petición de resolver la polémica por la vía competencial, como hasta ahora. El 2 de agosto acaba el plazo dado por el Tribunal de Cuentas.