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La renovación de equipos audiovisuales del Parlamento, paralizada por la inacción del Tribunal de Contratos Públicos de Navarra

Tras 78 días de retrasos en la contestación, el órgano avisa de que podría revocar el concurso al ver “cláusulas de nulidad”

Andoni Irisarri - Miércoles, 26 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Una de las pantallas que muestra, en el hemiciclo de la Cámara, el desarrollo de las votaciones.

Una de las pantallas que muestra, en el hemiciclo de la Cámara, el desarrollo de las votaciones. (PATXI CASCANTE)

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  • Una de las pantallas que muestra, en el hemiciclo de la Cámara, el desarrollo de las votaciones.

pamplonA- El proceso de renovación de los equipos audiovisuales y de votación del Parlamento de Navarra lleva 78 días suspendido por la inacción del Tribunal de Contratos Públicos de Navarra, que todavía no se ha pronunciado sobre un recurso presentado hace meses por una de las empresas que acudieron al concurso. La falta de resolución por parte del Tribunal, que ha excedido los plazos fijados en la Ley foral de Contratos Públicos, ha provocado que las obras -cuyo desarrollo estaba previsto para el verano, aprovechando el parón de las sesiones- todavía no se hayan iniciado. Y aunque se iniciasen ya mismo, hay serias dudas de que llegasen a tiempo para la reanudación en septiembre. Incluso ahora, lejos de notificar al Parlamento la resolución del recurso, el Tribunal de Contratos Públicos ha hecho saber que la totalidad del concurso podría ser suspendida, al apreciar la posibilidad de que existan algunas cláusulas de nulidad en los pliegos.

La renovación de los equipos de votaciones, audio y vídeo de la Cámara no es una obra cualquiera. Es la más importante y costosa que tiene que afrontar el Parlamento desde su inauguración, en el año 2002. Con un sistema obsoleto desde 2008 y que requiere de un mantenimiento casi constante, la actual Presidencia decidió iniciar el proceso para la adjudicación de las obras, y poner así fin al goteo de fallos que retrasa y hasta pone en riesgo la celebración de los plenos y sesiones en el Parlamento.

El 26 de abril, y tras el concurso pertinente, la Mesa acordó adjudicar las obras a la UTE Telesonic-Ortiz, por un importe total de 557.550 euros, IVA excluído. Sin embargo, la segunda empresa que acudió al concurso, Vitel SA, presentó un recurso el último día hábil, fijado en el 8 de mayo. Es cuando empiezan los problemas. No porque la segunda empresa decidiese recurrir el proceso -algo que es perfectamente legítimo-, sino porque es entonces cuando comienzan las demoras del Tribunal de Contratos Públicos, encargado de dirimir los recursos de este tipo en la Administración foral. Por de pronto, la ley fija que en el momento en el que se presenta un recurso, el Tribunal debe avisar ese mismo día al licitador (el Parlamento) y resolver la cuestión en un plazo de 20 días. Nada de eso ocurre: son los Servicios Generales del Parlamento los que tienen que telefonear al Tribunal el 10 de mayo para confirmar la interposición de recurso por parte de Vitel SA, y por tanto la paralización del procedimiento hasta que se resuelva. La Secretaría del Tribunal informa al Parlamento de que ha habido algún problema técnico con la reclamación de Vitel SA, y que ha encargado al Gobierno un informe para esclarecer lo ocurrido, y hasta que no vea las conclusiones no tomará una posición sobre el recurso. No es hasta el 1 de junio cuando el Tribunal comunica que ha recibido el informe, pero advierte de que no se pronunciará acerca del recurso hasta el día 5. El día 6, y al no recibir ninguna novedad, el Parlamento se pone en contacto con el Tribunal, que alega que como el presidente, Javíer Martínez Eslava, está “ausente por vacaciones”, no se tomará una decisión hasta su regreso, el 19 de junio.

A esas alturas, todos los plazos de resolución fijados en la ley ya están incumplidos, la obra está en el aire y ni siquiera Telesonic-Ortiz está al tanto del embrollo. No es hasta el 16 de junio, es decir, 39 días más tarde de la fecha en la que tendría que haberse hecho la notificación, cuando el Parlamento recibe oficialmente el anuncio de recurso, del que dice el Tribunal que se pronunciará el 28 de junio.

el concurso, en riesgoEl día 29 el Tribunal vuelve a pedir más tiempo para pronunciarse, pese a los ruegos del Parlamento para que se resuelva con la máxima celeridad posible un proceso cuyos plazos, a juicio de los Servicios Generales en un informe dirigido a la Mesa, ya “no son realistas”. El día 14 de julio, el Tribunal informa de que resolverá de manera conjunta el expediente y no pone ninguna fecha para conocer la respuesta. La única novedad, a día de hoy, es un comunicado del Tribunal de Contratos Públicos que, por iniciativa propia y después de los casi 80 días de retrasos acumulados en la respuesta, cree que la totalidad del concurso puede ser revocada al apreciar la posibilidad de que existan cláusulas de nulidad en los pliegos. El Tribunal ha dado tres días naturales al Parlamento para hacer alegaciones, pero de facto esto supone una vuelta a la casilla de salida que se produce, además, sin que la dirección de los Servicios Jurídicos del Parlamento haya tomado cartas en el asunto.

Esta situación ha sumido a las dos empresas en una inseguridad total, y el Parlamento teme que unas obras esenciales para el desarrollo de las sesiones no lleguen a tiempo para la reanudación del curso.

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