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La juez archiva el 'caso Egüés' al no apreciar responsabilidad contable

En la causa se investigaba al exalcalde Josetxo Andía y a las exconcejalas de UPN, Estefanía Clavero y Carolina Potau

EP - Viernes, 28 de Julio de 2017 - Actualizado a las 13:32h

Josetxo Andía sale del juzgado con su abogado, en primer término, Javier Asiáin.

Josetxo Andía sale del juzgado con su abogado, en primer término, Javier Asiáin. (UNAI BEROIZ)

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  • Josetxo Andía sale del juzgado con su abogado, en primer término, Javier Asiáin.

PAMPLONA. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha decretado el archivo del denominado 'caso Egüés', según ha informado el TSJN.

En la causa se investigaba al exalcalde Josetxo Andía, a las exconcejalas de UPN Estefanía Clavero y Carolina Potau, a representantes de Nasipa, Gregorio Luis Ezquerra, Miguel Luis Ezquerra, Santurnino Luis Ezquerra, Juan Larraza, y a otros dos exediles regionalistas Jesús Alberto Idoate e Íñigo Solchaga.

Los delitos que se investigaban eran los de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos. Según recuerda el auto, la principal prueba incriminatoria que ha sustentado la presente causa ha sido el informe sobre la gestión de las sociedades públicas del Ayuntamiento del Valle de Egües (2004-2013) aprobado por la Cámara de Comptos, en el que "se detectan diversas irregularidades concluyendo, por las exhaustivas razones que el informe cita, que las sociedades públicas no se ajustaron a los principios de legalidad, transparencia, libre concurrencia y buena gestión que deben presidir las actuaciones de los poderes públicos".

El presidente de la Cámara de Comptos remitió un ejemplar de dicho informe fiscalizador al Tribunal de Cuentas, que, "salvo en un aspecto, no aprecia la vulneración de las normas reguladoras correspondientes al sector público que nos ocupa, sin perjuicio de que coincidiendo con la Cámara de Comptos, también señale deficiencias, pero no aprecia responsabilidad contable, en el sentido de quebranto al erario público". Según añade el auto, "se constata por el Tribunal de Cuentas que en el Libro Mayor de Andacelay S.L hay dos asientos de subvención a la Iglesia Ibiricu por importe de 100.000 euros el primero de ellos de noviembre de 2008 y de importe 27.000 euros el segundo de ellos de junio de 2009, sin que exista documentación soporte a dichos apuntes, ni aparecer más allá de una carta del párroco que señala que el fin de tales importes es la rehabilitación y restauración de la Iglesia, documento alguno que permita la subvención pública de la Iglesia de Ibiricu, tampoco hay proyecto de la obra de restauración, ni su presupuesto, ni facturas de pago etc.".

Según el auto, "en este caso tanto por el objeto de la subvención como por su fin y por la forma de proceder para su autorización no se aprecia relevancia penal en dicha concesión que determine que la jurisdicción penal deba prevalecer, sino se entiende que este concreto aspecto debe en su caso ser enjuiciado por la jurisdicción contable".

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