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El portavoz Jordi Turull

El Govern denuncia a la Guardia Civil por los interrogatorios

El portavoz Jordi Turull denuncia la “intimidación y coacción” a altos cargos de la Generalitat

Miguel Aizpuru - Domingo, 30 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

El presidente de la Generalitat , Carles Puigdemont (c), el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras (d), y el conseller de la Presidencia, Jordi Turull (i).

El presidente de la Generalitat , Carles Puigdemont (c), el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras (d), y el conseller de la Presidencia, Jordi Turull (i). (EFE)

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El presidente de la Generalitat , Carles Puigdemont (c), el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras (d), y el conseller de la Presidencia, Jordi Turull (i).

PAMPLONA- Ante los interrogatorios de esta semana contra varios altos cargos de la Generalitat, el Ejecutivo de Carles Puigdemont no se amedrenta y, según anunció ayer, ha interpuesto una demanda contra la Guardia Civil. La denuncia fue presentada en los juzgados de Barcelona por el portavoz del Govern, Jordi Turull, que reclamó “que haya la misma celeridad a partir de la denuncia de estos hechos que la que hay en todo lo que hace referencia al proceso catalán”.

El conseller de Presidencia criticó que las investigaciones realizadas a altos cargos tenían voluntad de “intimidación y coacción”, por lo que los servicios jurídicos de la Generalitat entienden que pueden ser constitutivas de hasta cinco delitos: obstrucción a la Justicia, usurpación de atribuciones, falsedad en documento oficial, violación de secretos y delito contra derechos individuales. En este sentido, el Govern cree que los interrogatorios son por iniciativa propia de la Guardia Civil y no responden a la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sobre la consulta del 1 de octubre.

En la misma línea, Turull calificó de “desproporción absoluta y desconocimiento de la realidad” el hecho de acusar a cargos de sedición por participar en el lanzamiento de la web del referéndum o el registro de catalanes en el exterior. Además, reveló que los agentes amenazaron a uno de los abogados que estuvo presente en los interrogatorios con llamarle a declarar.

La respuesta del Gobierno español no se hizo esperar. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió la labor “ejemplar” de las fuerzas de seguridad en Catalunya en el marco del 1-O. “La Guardia Civil hace su trabajo de forma ejemplar y solo busca que se cumpla la ley. Hay que colaborar, no obstruir”, defendió Zoido.

En los últimos días, agentes del cuerpo armado han interrogado como testigos a varios dirigentes de la Generalitat. Los casos más relevantes han sido los del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, que aunque fueron citados como testigos salieron de dependencias policiales en calidad de investigados por los presuntos delitos de revelación de secretos, malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación y sedición.

Pero Nin y Clotet son tan solo dos nombres de una larga lista de interrogados e investigados en la que están presentes el director de Atención Ciudadana, Jordi Graells, el exportavoz del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, el director de Difusión, Ignasi Genovès, o la jefa de comunicación de Relaciones Institucionales, Anna Molas.

cinco delitosEn cuanto a la denuncia, está dirigida contra los agentes que realizaron los interrogatorios. Respecto a los delitos de los que se acusa a los agentes, la Generalitat afirma que el de obstrucción a la Justicia se debe a que la Guardia Civil habría tratado de “influir en la declaración de los testigos acusándoles insistentemente durante el interrogatorio de mentir y de los graves perjuicios que les podría comportar, al tiempo que habrían mantenido una actitud agresiva, contundente y de presión”. También se refiere a un posible delito de usurpación de atribuciones, por considerar que los agentes se habrían “autoatribuido ante los declarantes la condición de comisionados del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cuando no estaban actuando a solicitud de éste”. En relación a esto último, el Govern cree que podría conllevar asimismo una infracción de “falsedad en documento oficial”.

Otro de los delitos que podrían haber sido cometidos durante los interrogatorios es el de violación de secretos, porque, a pesar de que las diligencias previas ordenadas por el Juzgado de Barcelona han sido declaradas secretas, “ciertos medios de comunicación han tenido conocimiento de la citación y el motivo por el que tenían que declarar los testigos, e incluso que habían sido declarados investigados”. Finalmente, la Generalitat también se refiere a un delito cometido por funcionarios contra los derechos individuales, ya que los agentes “habrían violado el derecho fundamental a la defensa al retrasar el otorgamiento de la condición de investigado”.