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Agur, Garoña;ni productiva ni segura

El cierre definitivo de la central nuclear más obsoleta y más cercana a Navarra, reclamado por la sociedad, el Parlamento y el Gobierno de Barkos, no oculta la apuesta del PP de Rajoy por un modelo energético que Alemania o Francia ya cuestionan

Miércoles, 2 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:09h

el anuncio por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, de “la denegación” de la renovación hasta 2031 del permiso de explotación de la central de Santa María Garoña, cerrada en diciembre de 2012, casi dos años después de los 40 años de vida estipulados en su inauguración en 1971, confirma que el Gobierno de Rajoy ha usado el proceso de cierre de la central en favor de intereses concretos que afectan y condicionan su política energética. Que Garoña -la central más obsoleta y las más cercana a Navarra-, no reúne la condiciones pertinentes esenciales para la prolongación de su vida útil era y es una evidencia incluso en el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que en febrero no se oponía a la reapertura, toda vez que estipulaba 10 condiciones y un programa de pruebas como premisas ineludibles que no se han cumplido. Que en esas condiciones era un riesgo potencial se demuestra en que se hubiese convertido en la quinta central más antigua del mundo con tecnología idéntica a la de Fukushima, colapsada en 2011. Que la continuidad de Garoña -cuyo cierre definitivo ha reclamado en varias ocasiones la movilización social en Navarra, la mayoría del Parlamento y la pasada semana el mismo Gobierno de Barkos-, ni es ni era una prioridad energética se había hecho también evidente en los cinco años transcurridos desde que su producción fue detenida, cuando apenas aportaba el 1% del total estatal. Y que su explotación no era interés prioritario de sus propietarios lo evidenció el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, al cuestionar la viabilidad económica de Garoña y de todo el parque nuclear, al oponerse a Endesa, su socio en Nuclenor, propietaria de la planta, y posicionarse contra la reapertura. Sin embargo, Rajoy encargó en enero de 2012 al CSN un informe para eludir el cese de actividad, aprobó luego un decreto que permitía solicitar la prórroga de actividad y la opción de renovar el permiso de explotación, medidas encaminadas a aumentar el periodo de vida no ya de Garoña sino de las seis centrales que deben cerrar en diez años mientras trababa con normativa e impuestos la creciente producción de energías renovables. El PP toma esta decisión después de años de presión de las instituciones y la sociedad, pero mantiene la apuesta nuclear que otros (Francia o Alemania) cuestionan. Y el largo proceso de desmantelamiento aún mantiene el riesgo de utilización de Garoña como eventual almacén de los residuos nucleares que deja como herencia o que están pendientes de ubicar.

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