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Informáticos piden la subrogación, algo legalmente imposible según el Gobierno

Parte del servicio informático se encuentra en un nuevo proceso de licitación

Leticia de las Heras - Miércoles, 2 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Parte de la plantilla, durante su concentración frente a la Diputación.

Parte de la plantilla, durante su concentración frente a la Diputación.

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  • Parte de la plantilla, durante su concentración frente a la Diputación.

Pamplona- Parte del servicio informático subcontratado por el Gobierno de Navarra, que se encuentra actualmente en un proceso de licitación, realizó ayer un paro de una hora y se concentró frente a la Diputación para pedir la subrogación de sus contratos, algo que, según explicaron desde el Ejecutivo, es legalmente imposible.

Desde el sindicato ELA denunciaron a través de un comunicado que “no incluir la subrogación supone poner en riesgo el empleo de las aproximadamente 50 personas que realizan actualmente ese servicio”, considerando que con ello “se está favoreciendo la extensión de la precariedad en servicios bajo su responsabilidad”.

Ante esta situación, el Gobierno explicó que la posibilidad de imponer por parte de la Administración la obligación de subrogación en un contrato administrativo de este tipo no es aceptada por los tribunales de justicia ni los administrativos. “La inclusión en el pliego de esta cláusula pondría en riesgo la licitación”, explicó el ejecutivo reconociendo sin embargo que la reclamación de los trabajadores es “absolutamente lícita” y que esta medida sería positiva para garantizar la calidad del servicio”.

Según indicó el Ejecutivo, ELA también le reclamó que se incorpore al condicionado del pliego la exigencia de la aplicación del Convenio Colectivo del Comercio del Metal, algo que consideró “improcedente” cuando los servicios se prestan en otras administraciones y empresas con convenios totalmente diferentes y más acordes con el objeto del contrato.

Por último, ante la petición de que se garanticen unas condiciones de trabajo dignas, el Ejecutivo matizó que se establece un número mínimo de horas anuales, evitándose que la empresa adjudicataria reduzca los costes a través de una reducción de personal, y unos precios mínimos por hora de trabajo.

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