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será pagado por la propietaria y el Estado

El cierre de Garoña superará los 600 millones de euros

El ministro de Energía asegura que la inversión para desmantelar la central nuclear la pagarán a medias la propietaria y el Estado

Jueves, 3 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Imagen de la planta nuclear de Garoña.

Imagen de la planta nuclear de Garoña. (D.N.)

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Imagen de la planta nuclear de Garoña.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) está preparando la documentación necesaria para solicitar el desmantelamiento y la transferencia de titularidad de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), un proceso complejo y de "varios años", según la exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Cristina Narbona, y cuyo coste superará los 600 millones de euros.

Tras el anuncio realizado por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicó que llevará a cabo las actividades preparatorias del desmantelamiento en conjunción con el actual titular de la instalación, Nuclenor. Como referencia, apuntó a una inversión de unos 600 millones de euros a pagar a medias entre la propietaria y la administración general del Estado.

El anuncio de denegación de permiso de explotación a la más veterana de las nucleares españolas que se encuentra parada (situación de parada segura) desde diciembre de 2012, inicia un "periodo de transición" hasta la transferencia de la titularidad de la central a Enresa.

Enresa tiene experiencia en este tipo de procesos al ser la responsable del desmantelamiento de otras dos centrales españolas Vandellós 1 (Tarragona) y Zorita (Guadalajara) y un reactor experimental del Centro de Investigaciones Energéticas (CIEMAT), en Madrid. Durante este proceso administrativo y hasta su culminación, aclara Enresa, la titularidad exclusiva de la instalación continuará siendo de Nuclenor.

A Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola) le corresponde, entre otras, acondicionar los residuos operacionales y efectuar la descarga del combustible gastado de la piscina a los contenedores, suministrados por Enresa, para su disposición en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central. Ello, como paso previo a su remisión al Almacén Temporal Centralizado, cuando éste se encuentre disponible.

COLABORACIÓN

La compañía también deberá colaborar con Enresa en las actividades preparatorias para el desmantelamiento. Administrativamente, la Empresa de Residuos Radiactivos debe presentar al Ministerio de Energía el "estudio básico de estrategias para el desmantelamiento" para su envío al CSN y solicitar su autorización al posterior Plan de Desmantelamiento. En paralelo, se deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental y solicitud de la autorización, como prevé el del Tratado de Euratom (artículo 37) sobre el posible impacto transfronterizo de esta operación. Para proceder al desmantelamiento, el Plan debe obtener el informe favorable del CSN, máximo organismo en materia de seguridad y protección radiológica, y la consiguiente autorización del Ministerio de Energía.

Todo este proceso "tardará varios años", aseguró la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien recordó el caso de la central José Cabrera de Almonacid de Zorita, que cesó su actividad en 2006 y cuyo desarme sigue activo.

En cuanto a plazos, Narbona indicó que "tenemos experiencia con el caso de Zorita", en el que se decidió su cese en 2002, durante el mandato del expresidente José María Aznar (1996-2004), tras un acuerdo de todas las fuerzas políticas, pues "era una central de 40 años, pequeña, que hubiera requerido, igual que Garoña, inversiones elevadísimas".

Sin embargo, quince años después, su desmantelamiento aún continúa en marcha, "a pesar de que se trató de un proceso mucho más claro desde el principio, sin los equívocos y las falsas promesas que se han dado sobre Garoña", apostilló Narbona.¶ Otra de las centrales clausuradas en España que se encuentra en un proceso bastante avanzado de desmantelamiento es la de Vandellós I, cerrada tras un incendio en 1989, "por el que hubo razones de seguridad que hicieron que el proceso fuera distinto". Expertos en energía nuclear coinciden en que la mejor solución es "dejar de producir residuos radiactivos para no tener que preocuparse de su almacenamiento".

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas de energía nuclear, Francisco Castejón, consideró que "no sería disparatado dejar los residuos en ATI de forma temporal ante la falta de una solución técnica satisfactoria" que, por otro lado, dice "ningún país ha hallado todavía". El especialista en temas de energía y miembro fundador de la consultora ambiental Salvia Team, Carlos Bravo, insistió en que "no tiene sentido producir un residuo que no tiene solución", e insistió en que "habría que abrir un gran debate a nivel europeo para una solución más allá de los ATI". Todos buscan soluciones, al igual que los catorce municipios burgaleses más próximos al entorno de Garoña que diseñan su propio futuro desde la desconfianza en planes externos, como los desarrollados hace unos años, que no han supuesto una alternativa a la actividad de la planta. 

OPORTUNIDAD

La alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como "una oportunidad" para el entorno. Lo que ha provocado Garoña en la zona es, en su opinión, "una bonanza fantasma" que ahora se traducirá en que los trabajadores directos se irán a otras plantas nucleares y los cerca de 200 empleados de las contratas serán "los que sufran más la situación", aunque la mayoría de estas empresas ya habían ido reduciendo plantillas desde 2012. La idea que persiguen los alcaldes de la zona es que "cuando se cierra una puerta se abre una ventana", porque confían en las posibilidades que ofrece la zona para el turismo y la explotación hortofrutícola.