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Miguel Laparra

“Las arcas públicas en ningún caso asumirán pérdidas en Salesianos y las plusvalías revertirán en vivienda social”

El vicepresidente Laparra analiza el trámite de la polémica operación de Salesianos, incluidas las opciones de corregirla o las conversaciones con la orden.

Una entrevista de Víctor Goñi / Fotografía Unai Beroiz - Sábado, 12 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno Miguel Laparra.

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno Miguel Laparra.

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Pamplona - La semana pasada el Gobierno de Navarra dio luz verde al proyecto de Salesianos, una herencia que no responde al modelo de desarrollo urbanístico del actual Ejecutivo, pero cuya renuncia suponía unos riesgos jurídicos y económicos “inasumibles”, según argumentó Nasuvinsa.

Especifique, señor Laparra, esos riesgos jurídicos y económicos que han hecho inviable modificar la controvertida operación de Salesianos.

-Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos sobre la mesa un proyecto de gobiernos anteriores que favorecía intereses privados a costa del riesgo para la Hacienda Foral. Este proyecto no era acorde con el giro social que desde hace dos años la sociedad pública Nasuvinsa ha imprimido al modelo de gestión urbanística. Hemos intentado reorientarlo y, en buena medida, sí lo hemos hecho dentro de los márgenes que nos permitía el PSIS. Los intereses públicos han salido notablemente fortalecidos. No obstante, contravenir unilateralmente cuestiones relativas a los plazos del PSIS, los aprovechamientos residenciales o el concurso arquitectónico de las torres implicaba saltarse la ley, enfrentarse a indemnizaciones millonarias y eso entrañaba otros riesgos, a no ser que se hiciera de forma pactada con Salesianos. Era una espada de Damocles que no podíamos dejar que recayera sobre el Gobierno.

¿A qué indemnizaciones se enfrentaba el Gobierno en los tribunales?

-La congregación salesiana, que tenía cogida por el mango la sartén que le daba el convenio, lógicamente ha hecho valer sus intereses. El Gobierno se enfrentaba a una eventual demanda judicial por incumplimiento de convenio en cuya sentencia posiblemente condenatoria tendría que haber pagado al menos 37 millones de euros en concepto de indemnizaciones. Eso sin contar los gastos de urbanización y otros posibles daños y perjuicios, con lo que podríamos ponernos en unos 44 millones que hubieran situado a Nasuvinsa en quiebra. Esto está tasado en todos los informes jurídicos y económicos externos e internos. Y la jurisprudencia no dejaba mucho margen a la duda. Ya lo hemos visto en el fiasco de la Ciudad del Transporte, donde los errores del gobierno anterior nos acaban de costar la friolera de 50 millones, o en otros convenios incumplidos en detrimento del sector privado. Todo esto resulta inasumible y el Gobierno de Navarra, que quien tenía que pagar los platos rotos a costa del contribuyente, no está para estas bromas. Es evidente es que con este Gobierno este PSIS nunca hubiera tenido lugar. Hoy el modelo urbanístico, y lo vemos en la política de vivienda, está yendo por derroteros totalmente contrapuestos, priorizando el interés social al margen de los intereses privados.

¿En algún momento se planteó la congregación facilitar un cambio sustancial del proyecto mediante una negociación con el Ejecutivo?

-El Gobierno y Nasuvinsa se han mantenido en permanente contacto con los representantes de Salesianos y del Ayuntamiento de Pamplona, que era quien debía decidir sobre la licencia de reparcelación y con quien coincidíamos en el modelo urbanístico. Hemos intentando un acuerdo a tres bandas, pero he de reconocer que no hemos encontrado ningún margen de maniobra. A estas alturas, era ya imposible saltarnos el procedimiento y retrotraernos al minuto cero de un PSIS que arranca desde 2012. Y, por su parte, la congregación salesiana, cuyo objetivo es construir un nuevo centro que responda a las exigencias que plantea la FP del siglo XXI, quería evitar a toda costa riesgos que cuestionaran la viabilidad económica de la operación y temía la incertidumbre de dilatar sine die los plazos de un nuevo expediente urbanístico. Sí hemos conseguido renegociar sustancialmente las condiciones de la subasta y las garantías del convenio en beneficio del interés público.

¿En qué se concreta esa renegociación en defensa del interés público?

-El Gobierno ha cambiado el modelo de gestión urbanística y las condiciones del acuerdo. Hasta hace dos años, y lo hemos visto en la Ciudad del Transporte o en el N avarra Arena, el modelo consistía básicamente en que los riesgos de las grandes operaciones los cubría la administración pública y si salía bien, los beneficios revertían fundamentalmente en los promotores privados. En la CTP, el Gobierno ha terminado asumiendo pérdidas de 80 millones, y eso sin contar la posterior sentencia de indemnización a los propietarios del suelo. Mientras, el sector privado obtenía unos beneficios de 26 millones. En el caso de Salesianos va a ser justamente lo contrario. Si la subasta de las parcelas no cubriera la inversión de su colegio de FP, Salesianos tendrá que elegir entre financiar la diferencia o renunciar a ejecutar la operación. En cambio, si se produjeran beneficios, hemos acotado las plusvalías con criterios más equitativos y de manera que nunca podrán ser superiores a 37 millones que irán destinados a la inversión del nuevo centro, que es el objetivo de esta operación, y la totalidad de los recursos que se obtengan por encima de esa cantidad financiarán el Plan de Vivienda del Gobierno, con 524 VPO de alquiler social.

¿Acepta Salesianos que no pueda obtener más de 37 millones?

-Nos aseguran que su objetivo fundamental es llevar a buen puerto la construcción del nuevo centro de FP y hacerlo en los plazos que habían planificado, para empezar en el curso 2019-20. Si la operación les garantiza estas dos premisas, renuncian a las plusvalías siempre que superen los 37 millones pactados. Así está recogido en el nuevo convenio. Y, por supuesto, en ningún caso el Gobierno asumirá pérdidas. La diferencia con el anterior modelo es que Nasuvinsa no compra la parcela y luego la vende a los promotores, como planteaba UPN, cubriendo el riesgo de la operación, sino que actúa únicamente como sociedad gestora en la transmisión del solar a los promotores que resulten adjudicatarios en la subasta. Solo si modificáramos el Plan Especial y, por tanto, incumpliéramos el convenio pactado, el Gobierno tendría que asumir las pérdidas indemnizatorias. En definitiva, puedo garantizar que en ningún caso las arcas públicas tendrán que asumir pérdidas y, por el contrario, hemos asegurado que las plusvalías reviertan en vivienda social.

¿Salesianos invertirá todos los recursos que obtenga en la inversión del nuevo centro de FP?

-Las condiciones pactadas expresamente en el nuevo convenio le obligan a destinar a la inversión del nuevo centro en Sarriguren todos los fondos que obtenga de la subasta, siempre hasta un tope de 37 millones y con un plazo máximo de inicio de las obras dos meses a partir de la subasta. Este compromiso será supervisado en su ejecución por una comisión mixta de seguimiento, así como todo el procedimiento administrativo y la construcción del centro. Y el convenio incluye también el compromiso de que los Salesianos mantengan la actividad docente en el nuevo centro de FP al menos durante 50 años. Esta va a ser sin duda una dotación estratégica para la FP de calidad que queremos, una herramienta clave para favorecer la generación de empleo e inserción laboral de los jóvenes.

¿Por qué esta operación impulsada por UPN no responde a las políticas del Ejecutivo de Barkos?

-En primer lugar, porque el Gobierno ha cambiado la agenda y el foco de las prioridades en materia de vivienda. Los objetivos son garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a su derecho a la vivienda, apostar por el alquiler como respuesta en política de vivienda pública y fomentar las estrategias de rehabilitación y regeneración urbana de los barrios. Y el proyecto del PSIS de Salesianos no cumple ninguno de estos tres objetivos. Al contrario: persigue un aprovechamiento intensivo para maximizar el beneficio en la operación y, para ello, UPN y PSN forzaron una normativa ad hoc para incrementar considerablemente el aprovechamiento por la vía que les ofrecía el PSIS y, por añadidura, para sortear la obligatoriedad legal de reservar a VPO al menos el 50% de la edificabilidad. Hoy, tras la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, eso no sería posible. Aparte de esta formalidad legal, hay una cuestión de fondo: este tipo de operaciones ya no caben en los principios de urbanismo social y sostenible que Nasuvinsa está aplicando.

Sin embargo, el regionalista Enrique Maya asegura que el Gobierno foral “ha seguido al pie de la letra el plan que diseñaron UPN y PSN”.

-Resulta irónico que el portavoz de UPN salga ahora con esas, o quizás es que quiera esconder algunas de las prebendas que el anterior gobierno concedía a los promotores privados en esta operación que se fraguó de espaldas al Ayuntamiento. El plan de UPN y PSN era enormemente generoso en un reparto de plusvalías que nosotros hemos equilibrado. También hemos garantizado que la congregación no obtendrá recursos por encima de los pactados para financiar el nuevo centro de FP. Hemos evitado que la Administración foral asuma riesgos en la operación. Finalmente, la subasta se va realizar bajo un criterio de absoluta transparencia frente a determinadas sombras que dejaba el anterior convenio... Quizás sean cuestiones baladí para el portavoz de UPN porque su modelo urbanístico, efectivamente, nunca ha contemplado ninguna de estas cautelas para preservar la defensa de los intereses públicos, sino todo lo contrario.

El doloroso desenlace es que el Gobierno tramita una iniciativa que rechaza y que genera un problema entre sus socios. ¿Cómo se pueden enfriar las tensiones en el cuatripartito? ¿Admite la crítica de que no se ha afrontado un debate en profundidad sobre este espinoso asunto?

-Eso no es exactamente como usted lo plantea. Este proyecto, así como las opciones que había para modificar el Plan Especial y los cambios que hemos introducido, ha sido ampliamente debatido con el Ayuntamiento y con los cuatro partidos que sustentan al Gobierno del cambio. Incluso, en los días previos a publicar la licitación en el portal de contratación, me he reunido personalmente con los responsables políticos de todas y cada una de las fuerzas políticas del cuatripartito. No hay debate sobre el fondo del asunto, no es una actuación que nosotros hubiéramos impulsado. El debate se ha centrado en el margen para paralizar el proyecto o de modificarlo sin que se produjera un grave perjuicio para la Hacienda Foral. Y los informes de Nasuvinsa son contundentes. Sin un acuerdo previo, el riesgo económico era inasumible.

Las relaciones con el Ayuntamiento de Pamplona también han resultado dañadas. ¿En qué queda la petición del consistorio de que se respeten las actuales manzanas del Ensanche también en alturas? ¿Y su oferta de que, en la hipótesis de disminución de la edificabilidad, aceptaría una reducción proporcional de las obligaciones a su favor?

-El debate de fondo es el modelo de gestión y la filosofía. Un modelo de aprovechamiento intensivo de iniciativa del sector privado o un modelo de urbanismo social y sostenible. Y en eso, el Gobierno y el Ayuntamiento van de la mano. Además, ambas partes estábamos de acuerdo en que los aprovechamientos que marcaba el PSIS no se podían tocar. Ahora bien, meter esa edificabilidad en una manzana clásica del Ensanche era un imposible y tenía repercusiones importantes en la calidad de las viviendas. Otra cosa es el diseño de la ordenación técnica, que ahí ya no entro. Puede gustar más o menos y el debate entre los principales arquitectos europeos sobre diferentes tipologías está siendo muy vivo. En el caso de Salesianos, cabe recordar que se abrió un concurso internacional y ganó el proyecto de los arquitectos Javier Larraz e Ignacio Olite. A ese concurso, que tuvo un jurado institucional y técnico muy plural, también concurrieron proyectos que seguían el modelo clásico de manzana del Ensanche como el que defiende el concejal de Urbanismo de Pamplona, pero quedaron muy atrás. Nos guste o no, el Gobierno no puede ahora manipular ese concurso así como así. Y sobre esa reducción proporcional por parte el Ayuntamiento que menciona, no es una cuestión de aceptación voluntaria, sino que esa dotación se reduciría automáticamente por ley. En cualquier caso, el fondo del problema era quién asumía las pérdidas que hubiera supuesto cambiar la ordenación.

¿Caben matizaciones del proyecto de acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona? ¿En qué aspectos?

-Caben muchas, y nos gustaría seguir trabajando con el Ayuntamiento en definir cuestiones pendientes. A las instituciones públicas les corresponde actuar como garantes de los intereses públicos en todo el procedimiento administrativo y urbanístico que resta. Además, nos quedan pendientes reflexiones muy importantes que van desde las oportunidades de espacios públicos de convivencia o de regeneración del tejido urbano que ofrece este proyecto hasta las respuestas de movilidad ordenada que exige. Sobre estas cuestiones, hay datos significativos a tener en cuenta. Construir aquí 400 viviendas supone un incremento de la población de la zona de en torno a 900 personas. Si tenemos en cuenta que la población del Ensanche ha bajado en más de 4.000 personas desde los años 80 y que un 24% de los vecinos son mayores de 65 años, el impacto social de este proyecto puede ser muy interesante en cuanto a la revitalización demográfica del barrio. Todo esto nos son matices. Son cuestiones importantes que el Gobierno y el Ayuntamiento deberíamos abordar desde unos principios compartidos de urbanismo social y de inspiración progresista.

las claves

vicepresidente de derechos sociales y consejero

de Empleo y Vivienda del gobierno de navarra

“Un fallo condenatorio acarrearía un coste de hasta 44 millones, lo que situaría en quiebra a Nasuvinsa”

“Si la subasta de parcelas no cubre la inversión del centro de FP, Salesianos o financia la diferencia o renuncia”

“Quizá UPN quiera esconder algunas prebendas que concedía a los promotores privados en esta operación”

“El impacto social de este proyecto puede ser muy interesante para revitalizar demográficamente el barrio”

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