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La fiscalía conoce un 60% menos de casos al no llegar al juzgado las denuncias sin autor conocido

Incoa 25.585 diligencias, un 60% menos que en 2015, debido a la reforma penal que obliga a no remitir los atestados policiales sin autoría
Hurtos, robos, estafas informáticas y daños son los delitos más afectados por esta causa

Enrique Conde - Domingo, 13 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h

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Exterior del Palacio de Justicia.

Exterior del Palacio de Justicia. (Oskar Montero)

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Pamplona - La estadística de la memoria de la Fiscalía Superior de Navarra del año 2016 se ha visto afectada de forma relevante por una reforma penal que ha producido efectos importantes en las diligencias previas incoadas por el Ministerio Público a raíz de asuntos que se recogían en los juzgados de instrucción de Navarra. Ahora, la modificación legal introducida en diciembre de 2015 y que impide la llegada a sede judicial de aquellas denuncias sin autor conocido ha causado un vuelco terrible en las cifras. Las diligencias previas de la Fiscalía se anclaron el año pasado en los 23.929 casos, un 60% menos que los registrados en 2015 cuando llegaron a 58.552 y aún menos que en 2014 que alcanzaron los 64.245. En cuanto a las diligencias tramitadas como urgentes, para juicios rápidos, en 2016 se incoaron 1.656, un centenar menos que el año anterior. Aquella reforma legislativa provocó que en los juzgados ya no se reciban los atestados policiales sin autor conocido, es decir, aquellas denuncias de actividades delictivas en las que no haya pruebas sobre ningún autor. Estos asuntos llegaban anteriormente a sede judicial, provocaban la apertura de unas diligencias previas que eran archivadas nada más incoarse después de que el Ministerio Público le diera el visto bueno. Ahora, estos asuntos ni siquiera llegan al propio órgano judicial instructor y se quedan en los propios cuerpos policiales que reciben las denuncias. Esto es consecuencia de la entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

LOS DELITOS MÁS AFECTADOS La aplicación de la norma se reflejó ya en la memoria de actividades del TSJN, cuyos juzgados de instrucción registraban un volumen mucho menor de asuntos, y ahora se observa en la Memoria de la Fiscalía navarra. En esta se aprecia un descenso considerable de asuntos por este motivo -el hecho de que la denuncia no atribuya a un autor la comisión de un hecho- y esa reducción de procedimientos se centra, sobre todo, en los delitos que afectan al patrimonio. Así, los hurtos han pasado de los 13.461 que se denunciaron en 2015 y por los que la Fiscalía abrió diligencias a un total de 1.624, ya que el Ministerio Fiscal solo se ha encargado de seguir aquellos procesos en los que había indicios suficientes para señalar al autor de los hechos. Lo mismo ocurre en los robos con fuerza en las cosas, como pueden ser los de vehículo o algunas sustracciones en viviendas, locales o garajes, que han disminuido de los 6.306 hasta los 691. Otra tipología delictiva que llama la atención por el descenso experimentado es el delito de estafa, que sobre todo en su modalidad de estafa informática, viene a ser realmente complicado encontrar al autor de los hechos en caso de que lo haya cometido desde el extranjero. A mayor abundamiento, otro de los delitos que afectan al buen mantenimiento de los bienes particulares y públicos y que cada vez es menos habitual en los juzgados es el de daños, ya que de las 5.729 diligencias incoadas en 2015 han pasado a solo 943 durante 2016.

El archivo provisional supone que estas causas se guardarán en un cajón mientras no haya hechos nuevos que permitan su reapertura tras consultar con el fiscal. Esos hechos nuevos se traducen en la aparición de pruebas distintas que, de alguna manera, puedan dirigir la investigación hacia una persona o más y pueda proporcionar pistas sobre la autoría de dichos hechos. Las diligencias efectivas de investigación las seguirán llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a partir de ahora, además, no judicializarán ninguna pesquisa o denuncia que carezca de autor identificado para no cargar de trabajo a los juzgados.

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