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Catalunya, con Altsasu

EL COLECTIVO | Xarxa ANTIREPRESSIÓ DE FAMILIARS DE DETINGUDES brinda su apoyo a las familias de los diez jóvenes procesados por terrorismo

Un reportaje y fotografía de Nerea Mazkiaran - Domingo, 20 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Nuri Formatger, Ester Baiges, Jaume Curto y Rosa Seguí, madres y padres que visitan estos días Altsasu.

Nuri Formatger, Ester Baiges, Jaume Curto y Rosa Seguí, madres y padres que visitan estos días Altsasu.

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  • Nuri Formatger, Ester Baiges, Jaume Curto y Rosa Seguí, madres y padres que visitan estos días Altsasu.

un grupo de madres y padres de la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes, red creada a finales de diciembre 2014 en Catalunya para aglutinar a familiares de jóvenes procesados por causas originadas en el marco de la disidencia, han visitado estos días Altsasu para mostrar su apoyo a las madres y padres de los diez jóvenes de Altsasu acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas durante las pasadas ferias. Imputados por terrorismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 375 años para ocho de los acusados, tres de los cuales tres permanecen en prisión desde el 14 de noviembre.

Uno de los principales objetivos de la Xarxa es acoger y apoyar a familiares de las personas detenidas, propiciando su autoestima y favoreciendo el acercamiento hacia los jóvenes. Otro es romper los esquemas dominantes que criminalizan a sus hijos e hijas a través de diferentes acciones. Al respecto, se mostraban admirados de la ola de solidaridad que ha surgido en torno al denominado caso Altsasu. “Aunque había mucha gente que te mostraba su empatía también había otras personas que decían: algo habrán hecho”, recordaba Rosa Seguí Palou, madre de uno de los 87 jóvenes procesados tras los incidentes ocurridos en 2014 en el desalojo del centro social autogestionado Can Vies. Su hijo fue detenido y se enfrentó a una pena de prisión de 7 años que finalmente quedó en meses. A la espera de juicio, con una petición de 4 años, está el hijo de Ester Baiges Miró y Jaume Curto Bonavida, uno de los más de cien detenidos en el marco de la huelga general del 29M de 2012. Acusado de formar parte de un piquete estuvo 24 días en prisión preventiva. El hijo de Nuri Formatger Auge, junto a ocho jóvenes más, está procesado en otra causa, el caso Montoro en Vilanova i la Geltrú. Acusado de desórdenes públicos durante una concentración con motivo de un acto de final de campaña del PP de las elecciones europeas de 2014 en el cual participaba el ministro de Hacienda. Le piden cuatro años.

Estas madres y padres también saben mucho del gran coste emocional y económico que supone ver a sus hijos en prisión o en la calle pero ante un futuro incierto. “Estás en una historia que no entiendes”, apuntan. Por ello, facilitan servicio de carácter psicológico y jurídico a los familiares que lo soliciten. Asimismo, destacan “la creciente imposición de medidas políticas que niegan los derechos democráticos elementales de la sociedad”. Al respecto, se mostraban indignados “por el trato policial y judicial que reciben los jóvenes encausados: impunidad policial, tratos vejatorios, omisión de la presunción de inocencia y desproporcionalidad de las penas”.

En su opinión, no son casos aislados. “Se pretende criminalizar la disidencia. No es casualidad que cualquier movimiento social que realice alguna acción sea objeto de represión sistemática. Hay un denominador común, perseguir a esa voz disidente y meter miedo”, señalan.

Los familiares también destacaban “la manipulación de que son objeto por parte de los medios de comunicación, que presentan los actos como violentos, pero solo desde una parte. Transmiten una idea y crean opinión”, observan. Por ello, inciden en la importancia de trabajar conjuntamente con entidades afines con la voluntad de sumar esfuerzos y no dificultar los procesos judiciales. “Contactamos con los grupos parlamentarios y otros agentes sociales y políticos para pedir su compromiso a favor de la despenalización/absolución de todos y todas las encausadas y sentenciadas por motivos de disidencia y a favor de una revisión y corrección de las actuaciones y métodos utilizados, tanto en cuanto a la represión policial como también al proceso judicial”, explicaron. Esta pasada primavera dieron un paso más y en marzo organizaron la primera jornada internacional de familiares de personas represaliadas en las que participó Altsasu Gurasoak.

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