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Más de 2.400 desaparecidos

La Unión Europea financia con 46 millones a las autoridades libias, que no respetan los derechos Humanos, mientras restringe las labores de las ONG y fomenta que haya más muertes

Un reportaje de Daniel Burgui Iguzkiza - Lunes, 21 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h

este mismo sábado 19 de agosto, a las siete de la mañana, el buque Golfo Azzurro de la ONG Pro Activa atracó en el puerto de Trapani (Sicilia) con 235 pasajeros que acaban de rescatar hacía apenas unas horas. Eran potenciales náufragos, entre los que había 41 mujeres y 28 niños que viajan sin compañía de familiares. Ese ha sido el último rescate que realizará esta embarcación después de sufrir también amenazas de las autoridades libias.

Pero el incesante flujo de personas que tratan de cruzar el mar Mediterráneo no se detiene. En lo que vamos de año 2017, cerca de 125.000 personas han franqueado de forma clandestina las fronteras de Europa, la mayoría de ellas, 119.000, a través del mar. Migrar, moverse, se ha convertido hace tiempo en una forma de sobrevivir para muchas personas que huyen de contextos complicados, acosados por la violencia, la guerra, el hambre o la persecución. Cada día, cada noche, centenares ponen sus vidas, sus ahorros y sus expectativas en manos de las mafias, los traficantes de personas, y se embarcan en periplos con escasas probabilidades de éxito. Pero el riesgo al que se exponen en esos viajes forzosos aún es cada vez mayor a cuenta de las últimas decisiones y medidas que la propia Unión Europea y sus gobiernos tratan de imponer para frenarles.

Una experta independiente de la ONU, la relatora especial Agnes Callamard, advirtió el pasado 15 de agosto de la posibilidad de que haya más muertes de migrantes indocumentados y refugiados en estas rutas por culpa del código de conducta propuesto por Italia a las ONG y las restricciones a la búsqueda y rescate impuestas por Libia.

las ong se retiranEn lo que llevamos de año, a fecha de agosto de 2017, más de 2.400 personas han fallecido en el mar. Aunque la cifra puede ser mucho más elevada, al no recuperarse sus cadáveres ni tener constancia de sus naufragios. Más de 60.000 han sido rescatadas por embarcaciones de organizaciones sin ánimo de lucro. Pero tras las últimas restricciones de la Unión Europea, la ampliación asumida de forma unilateral de su zona de aguas territoriales por parte del gobierno libio (una extensión de 350.000 kilómetros cuadrados de mar), los acuerdos entre gobiernos de Italia y Grecia con Turquía o el inexistente estado libio, tres ONG han decidido suspender su misión de salvamento en el Mediterráneo central: Médicos Sin Fronteras, la alemana Sea Eye y Save the Children se retiran.

Además, la experta de la ONU Callamard también advirtió de que la financiación de 46 millones de euros por parte de la Unión Europea a Libia para apoyar a su guardia costera y sus operaciones de búsqueda y rescate puede exponer a “más violencia abominable” a los migrantes y refugiados devueltos a ese país. “Algunos son asesinados deliberadamente, otros mueren como resultado de la tortura, la malnutrición y la negligencia médica”, señaló la relatora. Indicó que también hay informaciones sobre la violación del derecho a la vida por parte de la guardia costera de Libia, según las cuales agentes han disparado contra barcos de migrantes o empleado técnicas peligrosas de interceptación. No son hechos aislados, se llevan produciendo a lo largo de todo el año. Tal y como ha ocurrido también con la amenazas de ONG como a los barcos de ProActiva. La relatora especial Agnes Callamard indicó en un comunicado que la Unión Europea debe “aumentar la solidaridad” y respetar sus obligaciones internacionales y proteger la vida de todo individuo. Y que las últimas decisiones y medidas que imponen los países de la UE consideran “el riesgo y la realidad de las muertes en el mar un precio menor a cambio de disuadir a los inmigrantes y refugiados” de cruzar de Libia a Italia.

“Sus procedimientos podrían reducir la capacidad de las ONG a efectuar actividades que salvan vidas. Ello podría conducir a más muertes en el mar, y la pérdida de vidas, siendo previsible y prevenible, constituiría una violación de las obligaciones de Italia en materia de derechos humanos”, recalcó la relatora.