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Editorial de diario de noticias

Unidad sin uniformidad

La reunión del ‘pacto antiyihadista’ evidenció las mismas discrepancias sobre su contenido, dudosa legalidad constitucional, excusa para perseguir toda disidencia, recorte de más derechos y dudas sobre su eficacia contra ese terrorismo

Martes, 22 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h

la escenificación de la reunión del denominado pacto anti yihadista en el Ministerio de Interior mantuvo la imagen generalizada de unidad política, pero no pudo ocultar la existencia de profundas diferencias políticas sobre la utilidad real de ese foro. De hecho, puesto en marcha en febrero de 2015 por PP y PSOE, al amparo de sus intereses electorales en ese momento, su utilidad política frente al terrorismo yihadista es más que discutible, y los hechos de la pasada semana en Barcelona son una prueba más de ello. El encuentro, bajo la presidencia del ministro de Interior Juan Ignacio Zoido -cuya aportación en esta crisis ha sido lamentable tanto por sus errores informativos como por su interesado discurso político partidista-, dejó en evidencia las mismas diferencias que lastran este pacto desde sus inicios. Avalado por PP, PSOE y Ciudadanos y grupos de derechas minoritarios como UPN y Foro de Asturias o Par, tuvo como observadores a Podemos, IU, PdeCat, PNV y Compromís y la ausencia de EH Bildu. Y nada de lo dicho ayer parece que vaya a modificar esas posiciones, ya que las razones que justificaron las discrepancias sobre los contenidos y objetivos reales de ese pacto se mantienen dos años y medio después y así lo reiteraron los portavoces de los partidos que asistieron al encuentro sin ser firmantes. Sigue argumentando que bajo la excusa de la lucha contra el yihadismo, las medidas acordadas carecen de eficacia real, son de más que dudosa legalidad constitucional y abren una peligrosa puerta a extender la persecución de toda disidencia y protesta políticas bajo el calificativo de presunto terrorismo. Incluida la pretensión de recortar el derecho a la información y otros derechos fundamentales vinculados a la libertad de opinión y de expresión. Y de colar por la puerta falsa la cadena perpetua encubierta, abolida hace casi 90 años, toda vez que anula la posibilidad de reinserción de las personas condenadas, en un Estado que mantiene uno de los códigos penales más duros e ineficaces de la UE. Estamos, por tanto, ante un nuevo pacto antiterrorista de carácter electoralista y propagandístico -jueces, fiscales, penalistas y sociólogos se han posicionado en contra de este retroceso democrático- que, al estilo de los que históricamente han firmado PP y PSOE, prima la crueldad y las medidas punitivas con espectacularidad mediática a la eficacia, la justicia y el garantismo democrático claves en un Estado de Derecho.

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