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La Seguridad Social pedía 9 años de cárcel

Absuelta una madre que cobró 18.214 € de ayuda por dos hijos de los que se duda si existen

La Seguridad Social pedía 9 años de cárcel para la mujer, que alteró certificados médicos y escolares de sus descendientes y a los que se inscribió en el Registro Civil a los 8 y 10 años

Enrique Conde - Domingo, 27 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona.

Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. (D.N.)

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Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona.

Pamplona- No consta que el pediatra de cabecera haya visto nunca a esos dos hermanos menores de edad inscritos fuera del plazo de nacimiento (casi una década después de nacer) en el Registro Civil de San Sebastián y de Hernani en 2010. Residentes en una localidad de la Comarca de Pamplona, tampoco consta que acudieran al colegio y no se sabe a ciencia cierta ni cómo son, ni qué edad tienen (se supone que nacieron en 2000 y 2002, respectivamente, aunque su madre ha equivocado la edad en más de una ocasión), ni si realmente existen porque no han acudido a ninguna instancia oficial a acreditarlo.

Los trabajadores sociales de un ayuntamiento de la Comarca de Pamplona activaron la alerta al recibir en 2015 una solicitud de la madre para acceder a unas ayudas y comprobaron lo inverosímil del caso, la manipulación de los certificados escolares y médicos de los menores y la falta de certezas sobre el paradero de ambos hermanos, niño y niña, e incluso de su propia existencia. Anteriormente, entre 2011 y 2015, la progenitora había cobrado de la Seguridad Social una prestación por hijos a cargo de 2.255 euros. Luego, en diciembre de 2012, también se le concedieron sendas pensiones de orfandad por los dos supuestos hijos debido al fallecimiento del padre. Dichas prestaciones se elevaron a 15.959 euros. Debido al cobro de estas ayudas, la Seguridad Social llevó a juicio a la madre tanto por estafa como por falsedad documental e interesó que se anulara la inscripción de los dos menores. La Fiscalía pedía para la mujer, que fue defendida por el letrado Iván Jimeno Moreno, tres años de cárcel y la Seguridad Social elevaba dicha reclamación hasta los nueve años de prisión. Pero la titular del Juzgado de lo Penal 1 de Pamplona ha absuelto a la procesada, sentencia confirmada por la Sección Primera de la Audiencia. La juez ratificó que el hecho de alterar la documentación escolar y médica no constituye el delito de falsedad, puesto que la procesada no lo hizo para cobrar las ayudas de la Seguridad Social, sino otras distintas que trató de obtener en el propio ayuntamiento en el que está empadronada.

Pero que los niños existan no está nada claro. Ni siquiera cuando la madre fue citada a comisaría pudo acudir con ellos porque, según dijo, se habían ido con su cuñado a Palma. El departamento de Educación confirmó que no tenía registro alguno en centros públicos ni concertados de los menores;el pediatra les indicó que los documentos presentados a su nombre para la solicitud de las ayudas nunca habían salido de su consulta y que tales niños no le constaban. La madre tampoco llevó fotografías de los menores e, incluso, ante la Policía Foral dudó de las fechas de nacimiento de sus presuntos hijos, que engendró, en caso de que existan, “a una edad no francamente habitual como los 45 y 47 años”. Para inscribirlos en el registro de Pamplona se solicitaron los datos a San Sebastián y dos niños, de edad similar a los que se cuestiona en este procedimiento, fueron vistos por el médico forense. Pero la juez aclara que no hay duda de que los facultativos vieron a un niño y una niña de edades aproximadas a las que alegaba la madre que tenían sus hijos, pero el forense no da fe de la identidad de quienes acudieron a la consulta. A los menores, claro está, no se les pudo identificar al acceder al Instituto Navarro de Medicina Legal, puesto que su inscripción en Donostia se produjo fuera de plazo y no figuraban en el Registro Civil de ninguna localidad, lo que determina que no tenían identificación alguna.

UN ERROR INEXPLICABLEPero la juez resuelve que fue “la inscripción registral la empleada para la concesión de las ayudas, dado que es a raíz de la misma cuando la acusada pudo obtener primero y presentar después el libro de familia que exigía la Tesorería para obtener dichas ayudas e, incluso, para ratificar la pensión de orfandad de la hija se le pidió una certificación literal de nacimiento que pudo presentar. Sí constaba que fueron bautizados en una parroquia de Pamplona con 8 y 6 años, por lo que la juez de lo Penal concluyó que “si bien existen indicios que apuntan a la inexistencia de los dos menores, no se ha acreditado de forma plena tal extremo, dado que no se prueba en modo alguno que la inscripción en el registro adoleciera de falsedad o manipulación en su tramitación”.

Además, la magistrada incide en que la Seguridad Social pidió a la acusada la actualización de datos para cobrar la pensión cuando su presunto hijo cumplía 14 años. Para ello, presentó la documentación de su nieto, un niño de una hija mayor de la acusada. El año de nacimiento de ese niño es 2005 y no el 2000, como el del supuesto hijo cuestionado. El nombre de la madre es distinto. Por ello, la jueza considera que “es tan evidente que el DNI presentado no pertenecía a un chico de 14 años, pues la imagen de la fotografía no es compatible con un adolescente de esa edad, que el error padecido por la Administración y, en concreto, por quien tramitó el expediente es inexplicable”.

La Audiencia ratificó la absolución, que fue recurrida por las acusaciones. El tribunal añadía que la acreditación mediante prueba del expediente de las inscripciones de nacimiento “no puede mantenerse que resulte irracional la duda al respecto del hecho debatido (existencia o no de los menores)”, por lo que considera que debe mantenerse la valoración de la prueba que realizó la juez de lo Penal.